La disputa digital entre el analista Carlos Augusto Jiménez Zárate y el creador de contenido @vampipe ha abierto un nuevo frente: no solo se trata de datos y algoritmos, sino de credibilidad y dinero público.

Una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia revela que Jiménez Zárate ha sido proveedor recurrente del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) —la institución dirigida por Jenaro Villamil, quien promovió su análisis durante la Mañanera.

Entre 2023 y 2025, el analista ha recibido tres contratos por adjudicación directa, todos con el mismo objeto: “Servicio de desarrollo de contenidos y realización de diversos programas para Canal Catorce”.

Los documentos oficiales muestran lo siguiente: Estas cifras, aunque modestas, confirman un vínculo directo y continuo con el aparato de comunicación del Estado.

Y eso cambia por completo el contexto del debate: el analista que “detectó bots” contra la presidenta, trabaja para el mismo organismo público que transmite la conferencia presidencial cada mañana.

Los números detrás del debate

El conflicto estalló cuando el periodista Jenaro Villamil, presidente del SPR, compartió en la red X (antes Twitter) un supuesto estudio técnico elaborado por Jiménez Zárate. En él se aseguraba que de 2.7 millones de publicaciones contra Claudia Sheinbaum, más del 50% provenían de bots y que casi la mitad de la conversación se originaba fuera de México.

Sin embargo, @vampipe desmontó las cifras en cuestión de horas.

Con argumentos basados en el propio funcionamiento de la plataforma, señaló que el estudio confundía retuits con automatización, y que los supuestos datos de geolocalización eran imposibles de obtener desde 2019, cuando X retiró esa función de su API.

“Esa cifra del 49% extranjero es imposible de comprobar con las herramientas disponibles”, escribió, en un hilo que rápidamente se viralizó.

Un estudio sin metodología y con conflicto de interés

El problema ya no es solo la calidad del análisis, sino su independencia. En las imágenes difundidas por Villamil no se detalla qué herramientas, algoritmos o fuentes de datos usó Jiménez Zárate para concluir que la mitad de la conversación digital es falsa.

Tampoco se explica cómo logró calcular la geolocalización de millones de publicaciones, algo que, según especialistas, requiere acceso privilegiado a la API Enterprise de X, con costos que pueden superar los cinco mil dólares mensuales.

A falta de evidencia técnica, lo que sí existe es una relación contractual documentada con el Sistema Público de Radiodifusión. Eso plantea una pregunta de fondo: ¿se trata de un análisis académico o de una narrativa financiada desde el gobierno?

Vampipe y el contrapeso ciudadano

Del otro lado, @vampipe —conocido por su crítica mordaz al gobierno— representa el escepticismo ciudadano frente a la propaganda oficial disfrazada de análisis. En esta ocasión, sus objeciones resultan verificables: los datos de ubicación que usa el estudio no son accesibles desde hace cinco años, y la proporción de retuits no demuestra manipulación automatizada por sí misma.

Su postura no está exenta de sesgo político, pero sus argumentos son verificables, mientras que los del analista gubernamental no pueden reproducirse ni auditarse.

Conclusión: datos públicos, verdades a medias

El caso Vampipe vs. Carlos Augusto va más allá de una riña en redes. Expone cómo el discurso digital del gobierno se apoya en consultores con contratos públicos, cuyos estudios se presentan como evidencia científica, pero sin transparencia metodológica. En la superficie, el debate parece técnico. En el fondo, es político: se trata de quién construye la verdad en el espacio digital y con qué recursos.

Por ahora, los datos oficiales inclinan la balanza. @vampipe puede tener su propia narrativa, pero los documentos de transparencia demuestran que Carlos Augusto no es un analista independiente, sino un proveedor del Estado que emite juicios a favor de su contratante.

En el terreno de la verdad, esa diferencia lo cambia todo.