Las acciones punitivas de Estados Unidos en Venezuela que derivaron en la “extracción” -término empleado constantemente por las autoridades políticas y militares del vecino país del norte- del defenestrado Nicolás Maduro y su esposa, constituyen una acción muy socorrida, por ejemplo, en Granada (1983), Irak (2003), Afganistán (2001), y Libia (2011), para citar sólo algunas acciones entre las más conocidas. La “decapitación” de los regímenes políticos ha sido vista como la solución para modificar la correlación de fuerzas en un territorio determinado. Se ampara en la promoción de los intereses instrumentales particulares del país que perpetra dicha “decapitación”, en este caso, Estados Unidos, si bien coadyuvan factores sociales, políticos y económicos internos tanto del decapitador como del régimen decapitado. En particular, por algunas similitudes con lo sucedido con Nicolás Maduro, viene a la mente la invasión de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989 que derivó en la captura y arresto del hombre fuerte del país, el general Manuel Antonio Noriega tras una planeada incursión que llevó a la movilización militar estadunidense más importante hasta ese momento, desde la Guerra de Vietnam. La Operación “Causa Justa” duró aproximadamente un mes, prolongándose hasta el 31 de enero de 1990, si bien la presencia militar se mantuvo a lo largo de esa década.
El barrio de El Chorrillo, que era donde se encontraba la base del poder militar de Noriega, fue atacado. Noriega, refugiado en la Nunciatura, se rindió el 3 de enero. Tras ello, fue “extraído” -usando la terminología actual- y llevado a Miami, Estados Unidos donde fue juzgado por diversos delitos, incluidos narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, corrupción y otras fechorías y condenado a 40 años en prisión, de los que cumplió 17, dado que su condena fue reducida por buena conducta -y muy probablemente por la cantidad y la calidad de la información que poseía en materia de inteligencia. En 2010, Noriega fue trasladado a Francia donde se le hizo juicio y se le condenó a siete años de prisión por crímenes perpetrados durante su gobierno, pero en 2011 fue extraditado a Panamá y encarcelado en la prisión de El Renacer con una condena de 60 años de prisión como castigo por las atrocidades que perpetró su régimen. En 2012 Noriega fue diagnosticado con un tumor cerebral benigno y en 2017 fue intervenido quirúrgicamente para retirarlo, pero la hemorragia masiva que se produjo en el quirófano le produjo una condición crítica y falleció el 29 de mayo de 2017.
A diferencia de Nicolás Maduro, Noriega tuvo relaciones estrechas con Estados Unidos, especialmente durante los gobiernos de Richard Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan, en los que figuró en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En contraste, James Carter se distanció de Noriega por considerarlo un personaje que atentaba contra los derechos humanos. Noruega era hábil como oficial de inteligencia y dio apoyo crucial a Estados Unidos en distintos momentos, por ejemplo, durante las crisis en América Central de los años 80. Curiosamente fueron los gobiernos de Reagan y el de su sucesor, George W. Bush, quienes buscaron la dimisión de Noriega, quien gobernó Panamá como líder de facto de 1983 a 1989. Noriega, sin embargo, al no mostrar indicios de que renunciaría al poder fue depuesto.
Los ataques de Estados Unidos a El Chorrillo, estuvieron destinados a diezmar al ejército panameño, mismo que fue desmantelado y reemplazado por fuerzas policiales para el mantenimiento del orden público. Sin embargo, Estados Unidos no entró al territorio en 72 horas, lo que propició saqueos y el caos, ante la ausencia de autoridad alguna. Estados Unidos retardó su ingreso para contar con el apoyo de la población, la que quería que la ingobernabilidad cesara. Pero los panameños estaban divididos entre quienes querían la salida de Noriega y se alegraban por la incursión estadunidense, y quienes percibían las acciones invasoras de EEUU como un acto de agresión. Al frente del gobierno se colocó Guillermo Endara. La intervención militar estadunidense dejó profundas heridas en un país al que ocupó hasta que en 1999 se concretó la devolución del Canal de Panamá. Desafortunadamente, las generaciones más recientes desconocen lo sucedido y a la fecha se ignora el número exacto de víctimas fatales. Nunca se indemnizó a las personas afectadas por las acciones estadunidenses y por ello en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos y conminó a Estados Unidos a resarcir el daño.
Un hecho por demás interesante es que, en el transcurso del presente siglo, Panamá se ha acercado a la República Popular China (RP China) con quien estableció relaciones diplomáticas el 13 de junio de 2017. Seguramente para las autoridades panameñas, la RP China es vista como un contrapeso a Estados Unidos, e iniciativas como la mejora de la infraestructura en el país latinoamericano, incluyendo puertos y capacidades logísticas, son consideradas urgentes, especialmente porque Beijing es un importante usuario del Canal y Panamá requiere importantes inversiones para modernizar al sector portuario. Como se recordará, el presidente Donald Trump ha afirmado que las embarcaciones de Estados Unidos experimentan dificultades y un trato discriminatorio para transitar por el Canal y ha llegado a sugerir que le sea “devuelta” su administración a la Unión Americana, lo que a su vez ha llevado a Panamá a distanciarse al menos un poco de Beijing, tratando de evitar mayores fricciones con Washington.
Panamá viene al caso por ser un punto nodal en el comercio interoceánico con una clara relevancia geopolítica. Es el caso igualmente, de Venezuela. El territorio venezolano no tiene acceso sino a un litoral, limitando al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico; al este con Guyana, al oeste con Colombia y al sur con Brasil. Las ínsulas de Trinidad y Tobago, Granada, Curazao, Aruba y las Antillas Holandesas se encuentran muy cerca de las costas venezolanas. Como se recordará, existe un conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana en torno a la zona del Esequibo, además de disputas con Colombia respecto al Golfo de Venezuela.
Con una superficie de 916 447 kilómetros cuadrados, Venezuela tiene una extensión que equivale a la mitad de la de México. La población es de 30 millones de habitantes, si bien la diáspora fuera del país se estima en 8 millones de personas, la segunda mayor del mundo detrás de Siria. Tan sólo la vecina Colombia alberga a casi 3 millones de venezolanos, en tanto Perú ha recibido a 1. 6 millones más. La mayoría de los expatriados trabajan en el sector informal, enfrentan la discriminación y amenazas de deportaciones en los países de acogida. Con todo, la diáspora transfiere dinero a familiares en el atribulado país y hacia 2022, las remesas eran responsables del 5 por ciento de la economía venezolana. La transición política que viva Venezuela tras la caída de Maduro, será clave para la diáspora y su eventual regreso al país. Una de las razones del éxodo fue el declive de la calidad de vida: en el espacio de una década, el producto interno bruto (PIB) cayó en un 80 por ciento. Los productos más elementales escasean. El petróleo domina como principal producto de exportación -equivale al 80 por ciento de las ventas totales en el exterior-, representa un tercio del PIB y la mitad de los ingresos del Estado. El país cuenta con 303. 2 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo que equivalen al 19. 4 por ciento del total global según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Actualmente, la suerte de Venezuela parece incierta. Donald Trump anunció, tras la “extracción” de Nicolás Maduro, que EEUU se hará cargo del país, asignando esta tarea al secretario de Estado Marco Rubio, quien, sin duda, estará enfrentando el mayor desafío de su carrera para sus pretensiones de contender por la Casa Blanca en 2028. Estados Unidos ha sido exitoso en decapitar regímenes, no así en poner de pie a los países respectivos: su incursión en Irak que derivo en la caída de Saddam Hussein se vio desafiada por Daesh, integrada por ex miembros de la Guardia Republicana del defenestrado dictador. Incluso las pretensiones de Irán de ser líder regional se explican, al menos en parte, por el vacío de poder dejado tras el colapso del régimen iraquí. En Afganistán, tras 20 años de presencia militar estadunidense, el Talibán volvió por sus fueros y gobierna nuevamente. Libia vive una situación de creciente inestabilidad en gran parte del territorio ante la imposibilidad de generar consensos y a las dificultades para la desmovilización y reinserción de las milicias y fuerzas de seguridad que participaron en la revolución de 2011, y que se mantienen activas. Con esos antecedentes, los pronósticos para Venezuela son reservados.
El país sudamericano tiene una sociedad polarizada. El gobierno venezolano creó la Milicia Nacional Bolivariana integrada por millones de personas y que están armadas -la cifra de posesión de armas de fuego, muchas de ellas en manos de civiles, es incierta pero diversas fuentes la ubican entre 6 y 15 millones. Amnistía Internacional ha colocado a Venezuela en la 5ª posición entre las naciones latinoamericanas con mayor cantidad de muertes por armas de fuego. Estabilizar al país, lograr la reconciliación nacional, mejorar la calidad de vida de la población, integrar cuerpos de seguridad que velen por la paz social, controlar la posesión ilegal de armas y crear un gobierno democrático, parecen las tareas más urgentes, si bien todas y cada una se antojan desafiantes. La vicepresidenta Delcy González será clave en los planes de Trump para tratar de garantizar una transición menos caótica en las siguientes semanas y meses. El acompañamiento de la comunidad internacional sería fundamental, pero la experiencia señala que éste se produce en las fases iniciales de la transición y se debilita al paso de los meses y los años. Ahora bien, tanto la Unión Europea como los países de América Latina y el Caribe están divididos en torno a las acciones de Estados Unidos. No hay consensos, y mientras que algunos han celebrado la “extracción” estadunidense, otros la miran con preocupación. Los cargos que enfrenta Maduro y que llevaron a su remoción por parte de Estados Unidos, podrían replicarse en otros países de la región, en especial en aquellos donde la delincuencia organizada y el flujo de estupefacientes son significativos. Cierto, Venezuela es una potencia petrolera y el control de sus hidrocarburos en la “transición” que dirigirá Estados Unidos, merece un cuidadoso escrutinio, a efecto de evitar que sean tratados como “botín de guerra.”
Es de dudar que Estados Unidos, con la visión imperial de Donald Trump, facilite la participación de otras potencias como la Unión Europea y Japón, mucho menos Rusia y la RP China, toda vez que ha subrayado que los asuntos del continente americano son prioridad para su administración, dejando de lado la concertación con aliados y rivales geopolíticos con quienes la lógica marcaría importante llegar a acuerdos. En su discurso tras la “extracción” de Maduro, Trump se refirió a la Doctrina Monroe y afirmó que su administración ha ido más allá, desarrollando acciones para “proteger a los estadunidenses” del narcotráfico y las acciones delincuenciales del gobierno venezolano.
La demostración de fuerza de Trump, sin que se invocara ni a la Organización de los Estados Americanos (OEA) ni a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratifica al empleo del gran garrote sobre la diplomacia y la concertación en las relaciones internacionales del segundo cuarto de siglo. La agresión de Rusia sobre Ucrania, tan defenestrada por la comunidad internacional, se ve replicada hoy por Estados Unidos, independientemente de que Maduro era impresentable y su situación insostenible. Igual que se le ofreció a Noriega, Maduro pudo haberse marchado, pero en lugar de eso, buscó afianzarse en el poder con un discurso nacionalista. Antiimperialista y polarizador. Maduro se quedó sólo, como le ocurrió a Saddam Hussein y a Muamar Gadafi, a cuyo rescate nadie acudió. Ni la RP China ni Rusia, por más que hayan externado su rechazo a las acciones militares de EEUU, parecen dispuestas a apoyar a un país secundario en sus prioridades geopolíticas. Putin seguramente recuerda que el precio que tuvo que pagar Nikita Kruschov por poner al mundo al borde de una hecatombe nuclear en la crisis de los misiles en el contexto de la Revolución Cubana, fue su caída. En el caso de la RP China es Taiwán su espacio vital y prioritario. Ciertamente Venezuela les representa un aliado en América Latina, pero los problemas económicos, sociales y políticos del país, son demasiado complejos como para que Beijing y Moscú provean ayuda. Los beneficios serían magros. Antes bien, pareciera como si en aquella cumbre entre Putin y Trump celebrada en Alaska el pasado 15 de agosto, ambos líderes acordaran la suerte de Ucrania a cambio de que Moscú no intercediera por Caracas.
Venezuela es un país que arrastra una crisis política y económica estructural y que no ha podido consolidar instituciones democráticas dependiendo, además, de un modelo económico rentista. Su tránsito al autoritarismo tiene raíces internas pero también refleja los cambios que ha vivido el mundo en términos de gobernanza, los reacomodos geoeconómicos y geopolíticos y la menor concertación regional y global. Una mirada a la región andina, muestra a la derecha, la ultraderecha y a los libertarios con avances significativos, lo mismo en Perú que en Ecuador, en Bolivia, que en Chile y, claro, en Argentina. En los próximos comicios a celebrarse en Colombia en mayo, es muy posible que lo sucedido en Venezuela impacte de manera decisiva en el posicionamiento de los actores políticos del país cafetalero. El Brasil de Lula Da Silva, que también vivirá comicios presidenciales en octubre, podría igualmente verse afectado, con todo y que la posición de Brasilia ante la “extracción” estadunidense ha sido condenatoria y de apoyo a la vicepresidenta venezolana.
Y en México hay muchas razones para preocuparse. Si Estados Unidos percibe que el trabajo de las autoridades nacionales es insuficiente en su lucha contra el tráfico de estupefacientes, la delincuencia organizada y la violencia, y luego de que Trump calificara a los carteles de la droga que operan en el país como terroristas, un escenario de intervención parece factible. En cualquier caso, el mensaje más importante que Trump envía al mundo es que el continente americano no es sólo su zona natural de influencia, sino la región desde la que proyecta su liderazgo y reafirma sus capacidades punitivas contra quienes le resulten incómodos en el mundo. Ya se vio en los ataques contra las centrales nucleares de Irán; las represalias en Nigeria -donde Daesh fue el objetivo- y ahora en Venezuela. Cabe preguntar cuál será el siguiente despliegue de fuerza del veterano republicano. Quizá dependa de que en Venezuela no estalle una guerra civil o se suscite una crisis mayúscula en una nación polarizada y empobrecida. El problema con las decapitaciones es que suelen preocuparse mayormente por las cabezas, no por todo lo demás.
