El pasado 10 de octubre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para la eliminación de 13 de 14 fideicomisos y fondos del Poder Judicial de la Federación, que ascienden a 15,450 millones de pesos, dictamen que será presentado al pleno de dicha Cámara, en la cual con sólo la mitad más uno, Morena y sus partidos satélites pueden aprobar este recorte sin precedentes. Si bien el presidente Andrés Manuel está justificando esta orden a sus diputados con su clásica cantaleta de que es para recortar “privilegios a los de arriba”, lo cierto es que se trata de una venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular, contra su ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
El encono del presidente se encendió cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma electoral del presidente denominada Plan B, fue a raíz de este suceso que el inquilino de Palacio Nacional desató su furia contra Norma Piña . Morena instaló un plantón permanente afuera de las instalaciones de la Suprema Corte, en el cual se le hostiga diariamente, se han realizado protestas con un ataúd con las iniciales de la Suprema Corte y hasta el gobernador morenista de Veracruz, ha venido a realizar manifestaciones y amenazas sobre la extinción de ese poder autónomo del estado mexicano.
En sus mañaneras y todos sus medios de comunicación de propaganda oficiales, el presidente ha insistido que se trata de “quitarle el copete” a los altos funcionarios y que el recorte no afectará a los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo, en un Comunicado de la Suprema Corte de este miércoles 11 de octubre, la Suprema aclara que “al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.”, por lo que la extinción de esos fideicomisos sí afectarían los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
También aclaró que el personal operativo del PJF representa el 60% de su plantilla, por lo que dichos trabajadores son los principales beneficiarios de esos fideicomisos. Así mismo, la Suprema se ha encargado de desmentir las acusaciones de corrupción u opacidad en el manejo de ellos, pues aclara que la información del manejo de estos fideicomisos es pública y consultable por internet, de esta manera, la Suprema Corte, particularmente su ministra presidenta, ha salido en defensa de todo el Poder Judicial y ha dado la lucha mediática para desmentir las acusaciones en su contra.
Sin embargo, para quienes conocemos el proceder del presidente de la república, sabemos cómo suele actuar contra algún miembro de otro poder del estado u órgano autónomo, con tal de presionarlo y obligarlo a que se sujete a sus caprichos autoritarios. Su guion es el siguiente: acusarlo de conservador, fifí y opositor a su régimen, acto seguido acusa o insinúa corrupción y despilfarro, sin comprobarlo, por supuesto, posteriormente, si la institución en cuestión no se dobla, procede a acosarlo financieramente, haciéndole prácticamente imposible cumpla con sus obligaciones legales o constitucionales, durante todo este proceso, incendia a sus seguidores para que ejerzan presión pública y lograr así el desprestigio de su enemigo en turno.
Tristemente ese es el proceder del presidente cada que un órgano autónomo como el INE u otro poder del estado, como la Cámara de Diputados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discrepa con él y se reúsa a acatar su voluntad. Por ello, la discusión tanto en este caso, como en muchos otros, no es el financiero, ni de funcionalidad de políticas públicas o de buen gobierno, la discusión nunca es para saber qué conviene modificar o qué es necesario no tocar, sino que el presidente la lleva al ámbito ideológico para que, bajo su paraguas demagógico, se genere una opinión desfavorable contra aquellos que él considera sus “adversarios”.
Eso es lo que se esconde bajo esta nueva venganza contra la Suprema Corte, una venganza política por desechar su Plan B, por frenar el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y, en general, por mantener su autonomía y actuar apegada a la legalidad y no a la voluntad dictatorial del habitante de Palacio Nacional. Después de esta eliminación de fideicomisos, viene el ya anunciado recorte en su presupuesto del próximo año, lo que dejará a la Suprema Corte sin recursos para realizar todas sus funciones.
Como lo ha hecho contra el INE, también contra el INAI, ahora es el turno de golpeteo al máximo órgano judicial del país, por ello resulta necesario detener estas pulsiones autoritarias, porque de lo contario, nuestro país puede terminar sin órganos y poderes autónomos, a la deriva de la volubilidad de un hombre concentrado sólo en acrecentar su poder.
