Se cumplen cuatro años de la noche de Iguala, el gobierno federal sostiene su versión, los padres de los 43 rechazan la “verdad histórica” y la cuarta transformación exige conocer otra verdad de los hechos, cualquiera que ellos crean que es “la verdad”.
Ayer lo vimos una vez más, los diputados federales, mayoritariamente de Morena, tomaron tribuna y lanzaron proclamas, lo han hecho durante los cuatro años pasados desde el poder u otros espacios y comprendo, es difícil cambiar la dinámica cuando ha sido más sencillo demandar y no actuar, por ello, precisamente creo que se les olvida que ya son poder, uno de los tres, y que ahora tienen la responsabilidad de buscar esa “verdad” que tanto reclaman.
Faltan poco más de 60 días para que Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de la República, entonces él y su equipo tendrán tareas clave: nombrar a un fiscal general que resuelva el caso, crear la comisión que siga paso a paso las nuevas investigaciones y pacificar Iguala (además de su objetivo nacional).
Pero más allá de las estrategias en seguridad, el combate a la delincuencia organizada y la definición de las políticas contra las drogas o a favor de su regulación, el gobierno de López Obrador también deberá enfrentar los ataques de los normalistas a las fuerzas castrenses.
Tan sólo en una semana, los estudiantes de Ayotzinapa han vandalizado en dos ocasiones las instalaciones del 27 Batallón de Iguala, ni el gobierno estatal ni el federal han logrado poner un alto, no hay Estado de derecho, se les permite todo y se les solapa todo. Incluso el vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz, los incentiva y respalda, es por la causa, dice.
En resúmen, el gobierno de López Obrador, digamos, tiene en sus manos una oportunidad histórica, dar las respuestas que tanto ha buscado. Ojalá y en el proceso no imperen las excusas: no podemos resolver en días una investigación de años, ya no hay pruebas, los expedientes están incompletos, los jueces no cooperan y un sin fin de posibles etcéteras.
