La Unidad de Inteligencia Financiera divulgó anoche que congeló las cuentas del dueño del Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, su hermano y su socio, por sospechas de lavado de dinero. El asunto no queda en el equipo de futbol. Fuentes de primer nivel en el gobierno federal actual me confirman que la UIF sigue la pista de 195 millones de pesos que durante el sexenio pasado, a través de un despacho de abogados, habrían sido transferidos desde el Cruz Azul hasta quien se desempeñaba como Consejero Jurídico del presidente Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos.
La historia tiene mucha tela:
El 13 de diciembre del año pasado, publiqué en esta columna: “una investigación en poder de las autoridades mexicanas, que se ha realizado también en colaboración con Estados Unidos, ha detectado una asombrosa fortuna en manos del presidente del equipo Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, 5 mil 600 millones de pesos entre los años 2011 y 2018. Documentos estadounidenses exhibirían que es propietario de más de diez residencias de lujo y numerosos desarrollos inmobiliarios en Florida, Nevada, Colorado y Oklahoma”.
La reacción de “Billy” Álvarez fue furibunda. En entrevistas de prensa dijo que la información era falsa, anunció que me demandaría y lo hizo. En esas andábamos cuando la pandemia vino a congelar el desarrollo del caso. Medio año después, se confirma oficialmente lo que yo había publicado desde diciembre y que el dueño del equipo Cruz Azul negó: hay una investigación oficial en su contra, que ya derivó en que le congelara las cuentas la UIF, que comanda Santiago Nieto. A “Billy” Álvarez, a su hermano José Alfredo y a su socio Víctor Manuel Garcés Rojo, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según se dio a conocer en varios medios de comunicación.
Esta acción de la UIF tiene dos aristas interesantísimas que impactan a dos administraciones federales: la de Peña Nieto y la de López Obrador.
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