Andrés Manuel López Obrador va muy en serio con la propuesta de hacer vinculante el resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. Es decir que lo que derive del sondeo decidirá el futuro de la obra: si se mantiene en Texcoco o se amplían el de Santa Lucía y el resto de los aeropuertos satélite del AICM, como el de Toluca.
El equipo del presidente electo ya hizo cuentas y calculó que cancelar la actual obra costará cerca de 100 mil millones de pesos, los cuales, en caso de que esto decidiera la votación, tendrían que ser absorbidos por el próximo gobierno federal. Estos recursos son más que los 88 mil millones de pesos que, según López Obrador, solicitó el fideicomiso para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Otra cosa que suena incongruente o fuera de toda lógica es lo que dijo ayer el presidente electo con respecto a los contratos que se han otorgado a empresas privadas y los bonos que se colocaron en los mercados nacionales e internacionales para financiar la actual obra.
Si gana la opción de construir dos pistas en Santa Lucía, “en vez de hacer la obra que está contratada en un sitio, se va a hacer la misma, el mismo volumen, en otra parte. No va a haber arbitrariedad, se va a garantizar la inversión y se van a hacer efectivos los contratos”.
¿Quiere decir que si se cancela la obra del actual aeropuerto, los contratos y los bonos por más de 9 mil 850 millones de dólares que se adjudicaron y colocaron en los mercados serán reasignados a otros proyectos de su administración? Suena imposible poder ejecutar una estrategia de este tipo, incluso legalmente, pues los inversionistas tienen contratos que, de no hacerse válidos, deberán recibir una indemnización y no una “recompensa” con otro proyecto.
Además, la propuesta del presidente electo va en contra de lo que él y su equipo han criticado del mismo proyecto del nuevo aeropuerto: que no hubo total transparencia en las licitaciones y que algunas de ellas –como el desarrollo arquitectónico y de ingeniería, y la barda perimetral– incurrieron en sobrecostos muy grandes.
Qué certidumbre daría el nuevo gobierno a los inversionistas en sus nuevos proyectos de infraestructura si ya tiene a un grupo de empresarios (los del aeropuerto) que van a participar por asignación directa en estos.
Si algo han criticado AMLO y su grupo cercano sobre los proyectos que se llevaron a cabo en el actual sexenio fue la falta transparencia en las licitaciones y la posible corrupción, precisamente porque algunas de las obras se entregaron mediante adjudicaciones, lo mismo que ahora pretende hacer el nuevo gobierno con este y otros proyectos.
Recientemente se dio a conocer que el congreso de Tabasco –de mayoría morenista– reformó las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, para que el gobierno del morenista Adán Augusto López pueda adjudicar directamente las obras de construcción de la refinería de Dos Bocas, e incluso las del Tren Maya.
Otro ejemplo de incongruencia con la transparencia y la intervención del próximo gobierno en la adjudicación de contratos fueron los comentarios de Andrés Manuel López Obrador sobre la empresa a la que planea darle el contrato para construir los vagones del Tren Maya.
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