En nuestros tiempos, la competitividad es una exigencia para alternar en el sistema internacional y extraer ventajas de esa participación. Por ello, ha sido común el asumirla como un proceso técnicoeconómico de optimización de recursos, el cual implica sobre todo eficiencia productiva, el perfeccionamiento en la asignación de los insumos, la eficacia en su aprovechamiento, e inclusive el desempeño sobresaliente y armónico del personal dedicado a la actividad considerada, así como de las instituciones que la cobijan y promueven. Todos estos elementos deben organizarse en armonía, con una función programada y específica, para alcanzar la mejor expresión productiva posible, que será entonces la más competitiva en el escenario de que se trate.
Si se atiende a la definición de competitividad que ha elaborado Michael Porter, uno de los teóricos más relevantes en el análisis del tema, las condiciones señaladas tienen un perfil de obligatoriedad. Su conceptualización entrelaza en efecto cuatro vectores que en conjunto determinan el nivel de competitividad de un país. En primera instancia, aparece así la dotación en cantidad y calidad de los activos disponibles, ya sean éstos naturales o bien generados, como es el caso del saber hacer y del recurso humano. Con su capacidad, habilidades y conocimientos, el trabajador y el ciudadano contribuyen tanto para generar las innovaciones necesarias para la actualización permanente del aparato productivo, como para crear un entorno social favorable para la asimilación del cambio y la innovación, requisitos ambos imprescindibles para fincar el avance social. Seguidamente, Porter lista el nivel de la base industrial nacional, que debe ser completa, de avanzada, crisol de unidades económicas grandes y pequeñas integradas en estructuras ya horizontales o verticales, y que comparten y generan insumos y tecnologías para producir de manera eficiente un amplio abanico de bienes y servicios. En tercer lugar, se identifica la naturaleza y características de la demanda interna, cuyo propósito es empujar a la industria y al terciario hacia mejores y mayores niveles de desarrollo y de crecimiento. Finalmente, surge el entorno institucional de cada país, que debe facilitar la creación y organización de empresas mediante regulaciones idóneas, y asimismo el propiciar la conformación de una cultura que acepte, estimule y premie la innovación y el riesgo (1991).
Manuel Castells, el reconocido creador del concepto desarrollo informacional que se caracteriza por el uso eficiente de la información para la producción industrial y de servicios, si bien observa que la competitividad es una noción evasiva y polémica, no deja de atribuirle un impacto significativo en el desarrollo nacional de los estados modernos, en tanto “es un atributo de los colectivos económicos, tales como países o regiones” (2004:114-115pp). La definición que ofrece entrelaza así cuatro procesos vigorosos que otorgan a cada país un rango de competitividad específico, con el cual sustenta su desempeño en el escenario económico mundial. El primero es la capacidad tecnológica nacional, que remite a la base científica disponible y asimismo a la gestión de esos activos y al grado de difusión del producto científico y tecnológico “en el conjunto de la red de interacción económica” (2004:130). El segundo proceso es el “acceso a un mercado grande, integrado y rico”, que en el caso mexicano desde luego se concreta en la vecindad geográfica con los Estados Unidos y en su potencial de compra de los bienes y servicios mexicanos. El tercer proceso conlleva sólo elementos económicos, ya que se expresa en el “diferencial entre los costes de producción en el lugar de producción y los precios en el mercado de destino” (2004:132). Por último, afirma Castells, la competitividad en la nueva economía global,
“… […] parece depender mucho de la capacidad política de las instituciones nacionales y supranacionales para encauzar la estrategia de crecimiento de los países o las zonas bajo su jurisdicción, incluida la creación de ventajas comparativas en el mercado mundial para aquellas firmas que se considere sirven a los intereses de la población de sus territorios por generar puestos de trabajo y salarios…” (2004:132-133).
Como sectores productivos y de servicios insignia de la innovación y la eficiencia, las tecnologías de la información y comunicación (TIC en adelante), son convocadas con frecuencia como una de las herramientas indispensables para elevar la competitividad nacional. Con base en el manejo de cada vez mayor información con costos cada vez más reducidos, se considera que todas las actividades socioeconómicas pueden ser más competitivas, ya que cuesta menos el generarlas y se optimiza el aprovechamiento de los insumos y materiales necesarios para su desarrollo material. Un repaso sobre las combinaciones posibles entre los procesos que definen Porter y Castells y el concurso de las TIC arroja esa cualidad. Si Porter destaca por ejemplo la cantidad y calidad de los activos disponibles como el primer vector de competitividad, ahí surgen las TIC como elemento de producción, de organización y distribución, capaz de inyectar una mayor eficiencia en el uso y aprovechamiento de esos recursos, por escasos que éstos sean. Esa concurrencia igual remite a la necesidad nacional de conformar una estructura industrial y de servicios de las TIC poderosa, flexible y versátil, que nutra las aplicaciones productivas y a la vez se constituya como uno de los pilares de la capacidad tecnológica nacional, ingrediente que por su parte lista Castells. En forma similar, la utilización de las TIC como instrumento productivo en líneas de montaje automatizadas, en robots de ensamble y manufactura, o bien en máquinas herramienta de control numérico, abate los costos de fabricación de manera significativa y con ello genera mercancías más competitivas, que justo magnifican el diferencial entre precios y costos que destaca Castells, y relación que se traduce en beneficios económicos substanciales para el país productor. Al disponer y aprovechar una plataforma productiva moderna, actualizada, que incorpore la vanguardia tecnológica, se rescata asimismo el segundo elemento que suscribe Porter: la base industrial nacional integrada que no sólo dispone de estructuras avanzadas, sino también de una lógica de complementariedad entre las unidades económicas que la configuran y soportan su movimiento y expansión. Rivera y Scheel retoman esa relación simbiótica entre producción y TIC y la proyectan como decisiva para la competitividad nacional. “En la actualidad, comentan entonces, las TIC dentro de los entornos globales de competencia, son imprescindibles para que las empresas inmersas en éstos generen valor y logren posicionarse en niveles de competitividad de clase mundial. Se ha observado que el solo uso de las TIC como herramientas de soporte administrativo no garantiza la competitividad y la creación de valor, si éstas no son utilizadas debidamente. Para que las TIC sean un habilitador diferenciador de las organizaciones, es necesario concentrar su utilización en las competencias claves de negocio de las empresas, y articularlas en conjunto con las condiciones externas de sus entornos regionales” (2009:71).
Porter y Castells, por último, coinciden al otorgar un protagonismo estelar a las instituciones, que aparecen respectivamente como el elemento convincente para cohesionar y amalgamar tanto el esfuerzo económico como la actitud social y la voluntad política de impulsar la competitividad. Lograr la excelencia en la dinámica y sinergia de los procesos definidos, puede concluirse, demanda acciones en varios frentes y de distinta naturaleza. Y todos los elementos deben alinearse para conseguir los máximos niveles posibles de competitividad.
Si bien hoy en día las aportaciones académicas que hemos reseñado mantienen una gran vigencia y con frecuencia son el nutriente de las políticas públicas dedicadas, conviene reflexionar sobre su concurso y pertinencia. Y en esta tarea, de comienzo surgen dos interrogantes centrales: ¿quién o quiénes son los actores decisivos de los procesos identificados? Y asimismo, ¿a quién o a quiénes más favorece el alcanzar un nivel competitivo óptimo, el superlativo en un sector industrial cualquiera o bien en la economía nacional en su conjunto?
Al responder ambas preguntas resulta conveniente resaltar un hecho incontestable: en todos los procesos señalados el recurso humano, sus capacidades, conocimientos y saberes; sus habilidades, su creatividad, cultura y pensamiento, son el vector central que viabiliza el aprovechamiento de activos y de infraestructuras, de las cualidades que un país pone en práctica en su búsqueda de competitividad. Tal consideración activa entonces a una segunda conceptualización que relaciona la competitividad con una categoría debutante y que apenas está en vías de su valorización social: el desarrollo humano. En efecto, según esta perspectiva, la progresión de un país, su avance como estado nacional, su crecimiento económico e inclusive su influencia y liderazgo internacional, no puede cuantificarse solamente por la acumulación y distribución de activos, por la abundancia cuantitativa de bienes y servicios. “El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma”. La reflexión es del autor hindú Amartya Sen (2000), quien ha contribuido a forjar el concepto cuyo debut se data en 1990. En ese año se publica el primer informe del Índice sobre Desarrollo Humano, promedio que con periodicidad lleva a cabo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)1 y medición que con lentitud se ha institucionalizado y ya se aplica en casi todo el mundo. Una de las características básicas del Índice es que considera el desarrollo humano como un concepto en evolución, por lo cual sus instrumentos de análisis se adaptan a los cambios que se suceden en nuestro mundo altamente globalizado, y al lugar, significado y proyección que logran los individuos en tales hechos. “El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las personas, razona Mahbub ul Haq, creador del Informe. En principio, estas opciones pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. A menudo las personas valoran los logros que no se reflejan, o al menos no en forma inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida más seguros, protección contra el crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de participación en las actividades comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa” (Citado en PNUD, www).
El desarrollo humano se significa entonces como el entorno donde los habitantes tienen la alternativa de vivir en forma productiva y creadora de aquellos satisfactores que cubren sus necesidades e intereses, cuantificando éstos más allá de su expresión física y tangible. Así, se permite y facilita que cada ciudadano en lo individual y también en lo colectivo tengan la alternativa de elegir lo que quieren ser o hacer en la vida, y para ello puedan potenciar sus capacidades y obtener otras que les permitan alcanzar y satisfacer sus objetivos personales y asimismo los de la colectividad a la que pertenecen. Como lo indica la propia denominación, el desarrollo humano se centra en la persona, en la calidad de vida que logran los ciudadanos, por lo cual el diseño y ejecución de las políticas públicas que lo concretan habrán de proponer que el individuo disponga de las facilidades y opciones para crecer como ser humano y también como ser social, con lo cual las comunidades y grupos igual podrán desarrollarse, evolucionar, y reafirmarse como sujetos históricos dueños de su destino y de su futuro.
Las TIC y el Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano conjunta valores representativos en tres grandes apartados de la existencia individual. Primeramente, se valoran las posibilidades de alcanzar una vida larga y saludable, indicador que se evalúa mediante el promedio de esperanza de vida al nacer de los ciudadanos. El segundo vector es el acceso al conocimiento, el cual se pondera al cuantificar la tasa de alfabetismo, la respectiva a la matriculación, y mediante la escolaridad promedio para personas menores y mayores de 25 años. En último lugar, se incluye el acceso a una vida digna, cuyo cálculo se determina mediante la evolución del Producto Interno Bruto per cápita en Poder de Paridad de Compra (PPC), cifra que se mide en dólares de Estados Unidos.
Al relacionar los conceptos anteriores con los sectores productivos y de servicios de las TIC, surge la posibilidad de impulsar una política pública de desarrollo y aprovechamiento que trascienda la creación de y uso de la infraestructura, y se proponga generar aplicaciones y servicios que conformen vías y medios para lograr que los ciudadanos desplieguen y aprovechen todo su potencial, amplíen sus opciones de crecimiento y realización, y sobre todo logren una calidad de vida superior que les permita disfrutar su existencia individual y colectiva. Al colocar a las personas como el centro de las políticas públicas aplicables a las TIC, se privilegia el aprovechamiento óptimo e integral de los servicios de perfil social, sin descuidar tampoco la oferta para que cada individuo resuelva y pueda satisfacer sus necesidades e intereses personales.
En el contexto descrito, las TIC y el aprovechamiento de sus constantes innovaciones tecnológicas son la base para concebir, componer y explotar aplicaciones de vanguardia, para promover el desarrollo humano y para configurar el soporte instrumental necesario para consolidar lo ya alcanzado en las categorías que lo concretan. Entre otras alternativas, pueden destacarse:
i) La creación de sistemas y modelos de comunicación horizontal, que relacionen a nuestros conciudadanos mediante el intercambio oportuno, instantáneo y suficiente de información, su crítica y retroalimentación, y potencien con ello la participación ciudadana en la gestión de los recursos públicos y en la toma de decisiones asociada a la solución de las necesidades de la comunidad o de los grupos sociales específicos;
ii) La implementación de servicios de educación y de salud a distancia, que eliminan la centralización y al ofrecer aplicaciones diseñadas a la medida para cubrir requerimientos sociales ciertos, tienen un impacto directo en las condiciones de vida de los ciudadanos y en el incremento de sus capacidades, conocimientos y habilidades para enriquecer sus opciones de desarrollo y crecimiento. En el medio educativo, es posible concebir y generalizar sistemas para la interacción del educando con sus pares y tutores, para generar un entorno propio y personalizado de conocimiento que se adapta y configura con base en los intereses y necesidades de cada individuo y de su desenvolvimiento social;
iii) Aplicaciones de comercio electrónico, proceso que dinamiza la rotación de capitales y promueve el consumo de la población y la generación de satisfactores sociales mediante el retorno de las inversiones;
iv) De manera complementaria a la aplicación anterior, la banca electrónica, sistema que estructura el uso y aprovechamiento del crédito y el financiamiento, para apuntalar el desempeño productivo de las unidades económicas nacionales; y,
v) El gobierno electrónico, que involucra a los ciudadanos en la gestión pública y en el ejercicio del poder para satisfacer sus carencias más puntuales y urgentes, y considerar y representar sus intereses tanto a nivel personal como del grupo o la comunidad a la que pertenecen.
El potencial de cambio implícito en estas y otras tantas aplicaciones se sustenta ya no sólo en la disponibilidad de infraestructura, ni únicamente en el acceso físico a la red. Es el individuo el centro del cambio, y al considerarse que las TIC potencian sus capacidades humanas se asienta la posibilidad de que cada ciudadano modifique la vida propia y enriquezca y optimice aquellas decisiones que la influyen y la conforman. De esta forma la utilización integral de las TIC implica un empoderamiento colectivo, a partir del cual puede fincarse un mayor desarrollo humano.
Lograr un desarrollo humano superior y cuantificable para todos los ciudadanos y grupos sociales no sólo representa el alcanzar una mayor calidad de vida. También, significa el sentar las bases de una mayor competitividad económica. Las capacidades humanas que se afianzan y desarrollan con los servicios de las TIC igual son plataforma indispensable para fincar un mayor desarrollo tecnológico. Toda innovación tecnológica es en efecto una expresión de la potencialidad humana, y si ésta crece y se fortalece, si expande sus límites y perfecciona sus propuestas, asimismo se vigoriza la materialización de la investigación en adelantos técnicos y tecnológicos precisos. Con niveles más elevados de educación y de salud pública, más notable será la contribución a la creación y difusión de las innovaciones productivas en nuestro país. Más científicos podrán dedicarse a la investigación y al desarrollo, y más agricultores y obreros con mayor nivel de educación podrán aprender, dominar y aplicar las nuevas técnicas con facilidad y eficacia. Además, la participación y el acceso a los recursos materiales, a la discusión crítica y a la reflexión cívica, generan condiciones que alientan la creatividad social y las libertades políticas.
Por las razones señaladas, es posible sugerir que existe una relación de causalidad recíproca entre las innovaciones tecnológicas y el desarrollo humano. Al aprovechar los servicios de comunicación, los educativos, los de salud a distancia, y otros más propios de las TIC de vocación social, se impulsan y optimizan las capacidades humanas y tal enriquecimiento incide a la vez en la generación de la innovación tecnológica y su aplicación en la producción y los servicios disponibles. La competitividad, en suma, igual habrá de perfeccionarse ya no sólo por la productividad de los factores, la reducción de costos, o el incremento en la circulación del dinero. Con el desarrollo humano habrá de fincarse una competitividad más sólida porque descansa en la gente y en todo el potencial que puede generar para alcanzarla (Ver Figura 1).
Agenda de Competitividad para la promoción de las TIC y el Desarrollo Humano.
Vivimos hoy el tiempo de los planteamientos, de los diagnósticos y las propuestas. Y al considerar lo expuesto es pertinente sugerir también algunas líneas de acción que relacionen la competitividad en las TIC y su aprovechamiento social para aumentar los índices nacionales de desarrollo humano y perfeccionar el desempeño de las categorías sociales que lo conforman. Con ello en mente, en las páginas que siguen se exponen algunos de los elementos más notorios de una Agenda de la Competitividad que consolide lo logrado en los sectores productivos y de servicios que configuran las TIC, supere las debilidades que también se presenten, y explote las oportunidades de mayor desarrollo que aparecen al conjuntar las fortalezas alcanzadas. A esta agenda habrán de sumarse otras tantas líneas y actividades que cumplan el mismo propósito.
Para la presentación de las líneas de acción de la competitividad en TIC se ha utilizado el concepto de Ecosistema. Se considera que éste es una articulación virtuosa entre organismos o elementos vivos y dinámicos. Puede decirse también que un ecosistema integra distintas unidades que comparten un mismo entorno de desarrollo y desempeño. EL concepto que pretende abordarse es que un ecosistema reúne elementos interdependientes, y lo que impacta o influye en alguno de estos elementos repercute en todos los demás. Esta influencia recíproca se presenta en el sector nacional de las TIC, por lo cual lo que suceda en el primer Ecosistema identificado, el Institucional, incide y provoca una reacción en el segundo que se ha detectado, el Tecnológico, y asimismo en el tercero, el Ecosistema Socioeconómico. A su vez, los cambios y modificaciones del entorno tecnológico impactan a los dos restantes. Como habrá de apreciarse, la mayor parte de las líneas sugeridas se refieren al desarrollo de las TIC, considerando que a su expansión y perfeccionamiento operativo y de servicio corresponde su mejor aprovechamiento para que los ciudadanos mexicanos aumenten su calidad de vida y el alto desarrollo humano que ello conlleva.
i) El Ecosistema Institucional
Se entiende como el entorno donde se diseñan y establecen las reglas formales e informales que conducen el desempeño y la interacción de todos los agentes que intervienen en las TIC. En ellos, igual se incluye a los protagonistas del proceso productivo de los sectores asociados, a quienes intervienen en el suministro de los servicios y también a las instancias de gobierno que diseñan y aplican la regulación y la política. Incluso, se considera a los consumidores, cuya representación no alcanza todavía un nivel suficiente y completo.
Para fortalecer y modificar inclusive al ecosistema institucional resulta evidente que deben diseñarse nuevas normas de actuación de sus protagonistas. Y el propósito de esta normatividad no puede ser otro más que el buscar el desarrollo eficiente y equitativo del acceso y del aprovechamiento de las TIC. Para alcanzar este objetivo, urge la reformulación de los instrumentos jurídicos aplicables, que además de proporcionar certeza jurídica a los participantes, deben generar una estructura de incentivos para expandir y profundizar la convergencia tecnológica y regulatoria en los sectores que se integran a las TIC. Un primer acercamiento a este objetivo remite desde luego a la reforma de las Leyes Federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, que fueron concebidas cuando la separación funcional entre servicios y tecnologías mantenía vigencia. Hoy, esa característica virtuosa en su tiempo es limitación que impide alcanzar una convergencia plena en materia regulatoria. Así, es necesario incorporar en la legislación nuevos conceptos como la licencia única multiservicio -con lo cual también se simplifique el proceso de autorización de concesiones y de permisos- y la consideración del avance tecnológico, que por ejemplo obliga a regular la interacción entre los componentes básicos de las redes de próxima generación -esto es, el transporte; las aplicaciones y servicios y el acceso- o bien a redefinir la interconexión o la regulación por capacidad, para incorporar los distintivos de la convergencia plena en las estructuras político-jurídicas aplicables. La promulgación de una sola ley convergente que elimine la separación entre telecomunicaciones y radiodifusión -así como de la regulación secundaria, que entre otros instrumentos evalúe la conveniencia de promulgar un Reglamento Único Convergente- resulta pues una de las acciones prioritarias para vigorizar el marco jurídico aplicable a las telecomunicaciones nacionales.
La concepción, el diseño y sobre todo la implementación de un nuevo marco regulatorio conlleva una sostenida actividad en favor del consenso y del acuerdo entre protagonistas. Es fundamental entonces que el ecosistema se alimente de una coordinación permanente entre los agentes que definen la acción de las TIC, y tal interacción puede concretarse en el compromiso de respetar y hacer cumplir un Acuerdo Nacional de Competitividad del sector, instrumento donde se reconozcan e incorporen los intereses y compromisos de cada agente. En el Acuerdo pueden ordenarse y subordinarse los intereses particulares en beneficio del interés público en las TIC, para buscar la implementación de una estrategia coordinada que las impulse sobre todo en sus aplicaciones sociales. Esta articulación virtuosa cubre la ausencia de mecanismos institucionales, que hoy impiden el lograr conexión y acoplamiento entre los objetivos de las dependencias de gobierno; de las empresas y organizaciones civiles; de los organismos internacionales y de los ciudadanos en lo general. Concebido bajo un enfoque de gobernanza, el Acuerdo Nacional se asume como una estructura de red horizontal donde todos tienen poder de influencia en el resultado final. De esta forma se institucionaliza la interacción entre organizaciones para sustentar el desarrollo de tareas conjuntas tales como el intercambio de información y de conocimientos; la definición de las estrategias de las políticas públicas del sector, y la coordinación en la toma de decisiones. Todo ello con base en una lógica horizontal y sin jerarquías, que se alimenta de la negociación, el trabajo en equipo y el liderazgo de las organizaciones. La meta a lograr con el Acuerdo es el disponer y emplear un mecanismo efectivo para integrar la toma de decisiones, para sumar los puntos de vista multidisciplinarios de las diferentes organizaciones involucradas con los sectores industriales y de servicios de las TIC.
La relevancia política e institucional del Acuerdo implica el concurso de todos los actores involucrados en el sector. Por parte del Poder Ejecutivo es imprescindible la presencia y actuación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; de la Subsecretaría de Comunicaciones y de la Coordinación para la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Asimismo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Educación Pública y de Salud, en especial por su relevancia en las aplicaciones sociales. El Conacyt es otro agente relevante, al igual que la Academia Mexicana de Ciencias y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Respecto a otras instancias estatales, es vital asimismo la participación del Congreso de la Unión, sobre todo de las Comisiones relacionadas a las TIC, como las respectivas a Ciencia y Tecnología y de Comunicaciones y Transportes. Con el Poder Judicial, una buena muestra de los alcances que puede lograr el Acuerdo es el habilitar una coordinación con los tribunales en materia administrativa con un propósito dual: suplir la carencia de tribunales especializados en las telecomunicaciones, y apoyar la capacitación de jueces y magistrados en las materias y temas básicos que definen al sector. En esta última labor pueden establecerse vínculos de cooperación con las instituciones de Educación Superior, que pueden encargarse de las labores de formación no sólo de los jueces sino del personal de las diversas instituciones participantes.
ii) El Ecosistema Tecnológico
Es un entorno donde se involucran las tecnologías y los procesos que gestionan contenidos y aplicaciones, para su uso y aprovechamiento social. En tanto el desarrollo operativo de las TIC poco a poco se fundamenta en las redes de próxima generación, los componentes tecnológicos básicos del ecosistema tecnológico son las redes de acceso y de transporte; los dispositivos terminales, y los procesos técnico-económicos que generan aplicaciones y servicios. Con base en estos elementos, el objetivo estratégico es el crear y promover transformaciones tecnológicas disruptivas, que actúen en favor del desarrollo humano.
Los usuarios; las personas, los individuos, deben ser el centro en la adopción y expansión de las nuevas redes de telecomunicaciones. Su funcionamiento en el menor tiempo posible puede lograrse si autoridades y empresas diseñan un paquete de estímulos e incentivos que impulsen el tránsito hacia las estructuras emergentes. La dispensa en el cobro de los derechos de vía durante el inicio de la operación de una red y hasta un período de tiempo definido; el diseño de una estrategia de normalización y adopción de los nuevos estándares tecnológicos; la garantía regulatoria sobre la interconexión en condiciones eficientes, equitativas y no discriminatorias de redes en formato IP; certeza jurídica para suministrar cualquier servicio que resulte factible, son algunos de los mecanismos que pueden evaluarse para avivar la transición hacia las redes de telecomunicaciones que vienen. El enfoque y perspectiva que debe conducir el diseño de estas u otras medidas es lograr que todos los ciudadanos puedan acceder con ventajas a los servicios y aplicaciones de vanguardia. Si se garantiza esta perspectiva, la cobertura y disponibilidad pueden ampliarse en forma significativa.
De manera complementaria a la actualización tecnológica de la oferta de aplicaciones, es básico el invertir en el despliegue de infraestructuras para generar redes de acceso en las modalidades alámbricas y móviles. Las carencias en este segmento pueden abatirse con un esfuerzo serio de desarrollo por parte de los Gobiernos Federal y Estatal. Unificar las facilidades que se han construido en forma separada; garantizar la interconexión eficiente y aprovechar todos los elementos al alcance de las instancias de gobierno, y diversificar el aprovechamiento de las comunicaciones unificadas, pueden ser los detonantes concretos que optimicen la articulación de las redes de las distintas dependencias oficiales y puedan generarse los beneficios de las economías de alcance y de la reducción de los costos de transacción entre empresas, gobiernos y ciudadanos.
Otro recurso para multiplicar la oferta de servicio es el aprovechamiento de las plataformas tecnológicas emergentes, como por ejemplo la denominada cloud computing. Expandir su uso para que se generalice y fincar su apropiación como una herramienta que facilita el acceso al conocimiento y a las aplicaciones a costos más competitivos, o incluso gratis, puede ser una meta inmediata, a satisfacer mediante una política pública que promueva el incremento de la oferta de aplicaciones en ese medio, e impulse la capacitación de todos los sectores sociales para promover el uso de aplicaciones albergadas en la nube de internet.
El conjunto de alternativas que se han propuesto para robustecer el entorno tecnológico, tiene su base y fundamento en las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, que por lo mismo también deben impulsarse y promoverse. De manera general se destaca la ausencia de una política dedicada, lo que ha impedido la consolidación de un ecosistema que ensamble la formación de capital humano; la creación y desarrollo de conglomerados tecnológicos, y el fomento a la complicidad entre empresas y universidades, esfuerzos que al integrarse puede aumentar la producción de innovaciones y reforzar con ello el registros de patentes. La enmienda del panorama es por tanto prioritaria, y el diseño, implementación y evaluación permanente de una política de innovación y desarrollo surge pues como una necesidad a solventar en el mediano plazo. La primera parte de este esfuerzo es de fácil desahogo, ya que puede conformarse con una iniciativa que favorezca las sinergias y los procesos de innovación como producto del acoplamiento entre universidades, empresas y gobiernos. El acuerdo entre las partes, de nueva cuenta, resulta así imprescindible.
iii) El Ecosistema Socioeconómico
Involucra desde luego variables económicas y sociales, que determinan la estructura del mercado y el perfil de acceso a las TIC, la cobertura de las redes; el acceso a los dispositivos terminales, y a las aplicaciones, los contenidos, y bajo el enfoque del desarrollo humano, la disponibilidad de servicios que expandan y potencien las capacidades humanas. Con base en esta definición, las acciones que pueden proponerse se ciñen a la generación de un ambiente de competencia plena en los mercados de las TIC para además de fincar la salud económico- financiera de los agentes concurrentes y operadores, se garanticen tarifas bajas y competitivas que faciliten el acceso a los sistemas; se expanda la cobertura de redes y se suministren las alternativas convergentes que por su flexibilidad pueden adaptarse a los requerimientos concretos de la ciudadanía.
El primer elemento a destacar son las tarifas de los servicios. Fuera de la discusión que las clasifica frente a las que rigen en otros países, debe lograrse el abatimiento de las tarifas aplicables en tanto si se tornan accesibles se logrará un mayor uso de los sistemas. La ganancia legítima del operador no se cuestiona, y es fundamental por lo mismo el lograr equilibrio entre el retorno de la inversión y la accesibilidad del servicio. Ello es particularmente importante en el caso de la interconexión, cuyas reducciones entre operadores deben incidir en el precio final que paga el usuario. La implementación de un modelo de costos con información fidedigna para generar tarifas estructuradas en los costos reales ha sido una etapa que debe consolidarse y complementarse con otras medidas que igual se conciban para reducir los cargos aplicables en el mercado final.
La accesibilidad de los servicios encuentra su equivalente en la apropiación social de los mismos. Una de las obligaciones actuales del estado moderno de mayor sensibilidad social es aquella que busca despertar, desplegar y fortalecer las capacidades cognitivas de los ciudadanos para que puedan usar y aprovechar al máximo posible las enormes posibilidades de crecimiento productivo y también individual y colectivo, que hoy ofrece la información y el conocimiento. El simple entrenamiento en el manejo de los dispositivos tecnológicos; la capacitación para el aprovechamiento a profundidad de las herramientas informáticas, y la formación de investigadores y especialistas que hagan evolucionar las tecnologías asociadas a la información y al conocimiento, deben ser metas operativas claras del Estado mexicano. Su concreción operativa implica de principio a la Secretaría de Educación Pública, pero cada dependencia oficial en todos los niveles de gobierno puesde implementar programas con los propósitos señalados. Y de nueva cuenta, la coordinación estratégica entre estas instancias puede ser la ruta para maximizar el esfuerzo que todas lleven a cabo.
El despliegue territorial de los servicios para aumentar la disponibilidad, y la integración social en el mercado de las TIC para impulsar la accesibilidad de las mismas, demanda ya del esfuerzo compartido entre autoridades y operadores. Generar una política integral de cobertura y diseñar estrategias que la potencien en aquellas zonas o regiones con servicios deficientes o incluso sin alternativa alguna, son dos de las acciones inmediatas a realizar. Asimismo, debe ser preocupación el rebasar la propuesta de infraestructura, y atender asimismo la producción de contenidos que refuercen las habilidades humanas para la utilización y el usufructo de la información y el conocimiento. Diversificar la oferta de fuentes de información parece ya no ser suficiente: es imperioso que los nuevos protagonistas tengan la fortaleza productiva para explotar a suficiencia la capacidad recién ganada y renovar la oferta de contenidos. Y el Estado puede generar los incentivos necesarios para conquistar ese objetivo.
Ya en el terreno de las aplicaciones, las dedicadas a la educación y a la salud toman un protagonismo medular por su impacto frontal en el desarrollo humano. Como diagnóstico general, puede decirse que no se tiene una visión integral que conjugue variables múltiples, como los equipos; los contenidos; las aplicaciones y la capacitación; el fomento a las capacidades cognitivas y el desarrollo de las habilidades profesionales; el fortalecimiento de una cultura ciudadana y otros tantos temas que inciden en la formación de educandos y educadores. De nueva cuenta la coordinación institucional entre los agentes participantes para diseñar y habilitar estrategias integradas que incorporen a las TIC como la herramienta estelar, parece ser el mejor comienzo en el esfuerzo para corregir la problemática señalada. Incorporar el factor humano y el tecnológico para elevar la calidad educativa y la cultura ciudadana debe ser el objetivo central de las acciones que se realicen.
En tele-salud las actividades de integración nacional de las aplicaciones vigentes a nivel estatal aseguran un primer paso fundamental. Perfeccionar las soluciones operativas, consolidar sus ventajas y aciertos y compartir las prácticas distintas son tareas que demandan sobre todo una actitud de cooperación y un afán de entrega que distinguen el trabajo del personal médico. Establecer una normalización de los procesos que garantice la interoperabilidad entre los sistemas de salud vendría a ser otra labor de gran beneficio para la población que se atiende.
Los tres conjuntos de recomendaciones y sugerencias que se han presentado son apenas un primer esbozo de lo mucho que debe efectuarse para alcanzar una sinergia virtuosa entre las TIC y los mejores ejemplos del desarrollo humano. Muchas otras propuestas podrían referirse, e incluso las que aquí se han anotado demandan un esfuerzo que las concrete y especifique, para encontrar el cómo de cada proposición. En esta labor mayúscula es fundamental el compromiso de todos, ya para definir lo que puede realizarse, ya para hacerlo, ya para evaluar lo que se haya hecho. Si a lo largo del texto se ha insistido en la necesidad de participación individual y colectiva, el primer paso de este involucramiento es reflexionar sobre lo que todos podemos realizar como individuos y como sociedad. Y alertar sobre lo que puede desarrollarse es quizá un primer paso que nos anime a hacerlo.
Bibliografía
Castells, M. (2004). La era de la información. La sociedad red. México, Siglo XXI Editores.
Haq, Mahbub ul (1995). Reflections on Human Development. Nueva York, Oxford University Press.
Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires, Javier Vergara Editor.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2001). Informe sobre Desarrollo Humano 2001: Poner el adelanto tecnológico al servicio del Desarrollo Humano. En: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2001_ES.pdf Fecha: 10 de mayo de 2012.
Rivera, A. et Scheel, C. (2009). “Utilización de las TIC y su impacto en la competitividad de las empresas Latinoamericanas”. En: Universidad y Empresa, vol. 8, núm. 16, enerojunio.
Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Madrid, Editorial Planeta.
Notas
1 Para consultar los informes, enfoque y metodología del Índice, ver: http://www.undp.org.mx/index.php Fecha: 10 de mayo de 2012.
