En las épocas más sombrías del ejercicio del poder, la amenaza a la libertad de expresión venía de la propia autoridad. A la fecha, esta situación no es la general (aunque sigue presente en los niveles estatales y municipales). Ante el nuevo contexto de los ataques del crimen organizado a los periodistas y medios de comunicación, pareciera que el gobierno ya no es responsable frente a los referidos ataques.
La nueva modalidad que ahora actualiza la autoridad es la de responsabilidad por omisión, veamos datos y después reflexionemos sobre estos alcances:
El informe 2011de Reporteros Sin Fronteras, presenta a México en el lugar 149 de 179 de su clasificación mundial en la protección de la libertad de expresión.
“Represión, ha sido la palabra del año. Jamás la libertad de información ha estado tan ligada con la democracia, nunca antes el trabajo de los periodistas ha avergonzado tanto a los enemigos de las libertades. Y tampoco, que se dieran tantos actos de censura y ataques a la integridad física de los informadores. La ecuación es simple: la ausencia o la supresión de las libertades civiles afecta inevitablemente a la prensa. Las dictaduras le tienen miedo y por ello prohíben la información, especialmente cuando esta información puede debilitarlas”.
Duras y ciertas son las palabras que se plasman en el informe 2011. En México los gobiernos de la alternancia reportan un número de periodistas muertos y desaparecidos alarmantes, solo en el primer semestre del 2012 se posicionó al Estado de Veracruz como el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. En el Informe de la misión (inédita) a México del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas y la Relatora de Libertad de Expresión de la OEA se señala:1
“De acuerdo con los expertos independientes que a nivel internacional promueven la libertad de expresión, los principales desafíos que enfrenta este derecho en el orbe son: los mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación; la vigencia de leyes penales que criminalizan la difamación; la violencia en contra de periodistas; las limitaciones al derecho de acceso a la información; la discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, particularmente en agravio de los grupos históricamente menos favorecidos; las presiones comerciales que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público; los obstáculos que padecen las emisoras públicas y comunitarias; las restricciones injustificadamente amplias a la libertad de expresión con motivo de los retos que enfrenta el mundo en materia de seguridad; los esfuerzos de algunos gobiernos para controlar el potencial que ofrece Internet, y la falta de acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación por parte de la mayoría de la población”.2
La concurrencia de dos relatores envió un mensaje claro de la relevancia que tiene para estos organismos internacionales este fenómeno de agresión que se manifiesta en México, los resultados vinieron a confirmar lo que al interior se viene reportando cada vez con mayor preocupación. El párrafo transcrito da cuenta de los principales aspectos que conculcan la libertad de expresión.
Lo que deja de hacer la autoridad frente a este escenario viene a agravar la situación, potencializando en la omisión, los factores que amenazan el ejercicio de la libertad de expresión. Es ahí donde comienza su responsabilidad al dejar de hacer frente a los nuevos actores que ahora impactan significativamente al derecho de expresión e información.
“Para ambas Relatorías, los obstáculos más preocupantes en materia de libertad de expresión en México son los asesinatos de periodistas y otros actos de violencia; la impunidad generalizada; la vigencia de una legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión; las limitaciones a la diversidad y el pluralismo en el debate democrático, y una emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública”.3
El hecho de que a la fecha no exista un caso de una persona sentenciada por haber cometido un delito contra un medio o periodista, manda el peor mensaje: impunidad, en donde “todo está permitido”. La mejor forma de sobrevivir es la autocensura, frente a una autoridad que en el mejor de los casos es negligente y en el peor es cómplice de este escenario que favorece la falta de escrutinio y difusión de información, situación incómoda para grupos delictivos y funcionarios corruptos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el apartado a. “Consideraciones generales”: la impunidad y sus consecuencias, destaca:
“190. Durante su visita, la Relatoría no recibió información concreta y suficiente sobre condenas penales y administrativas en casos de violencia contra periodistas. En este sentido, llama la atención nuevamente sobre la ausencia de información sistematizada sobre la persecución penal y procesos administrativos respecto de estos hechos”.4
Se confirma una de las grandes omisiones en materia de persecución y condena a los responsables de ataques a los periodistas y medios. La deficiente integración de las averiguaciones previas, en un esquema normativo que no contempla la exigencia de abrir y cerrar antes de la consignación ante juez, de la línea de investigación de libertad de expresión (qué fuente cubría, qué publicó, qué estaba publicando, qué iba a publicar y qué intereses se afectan con esas publicaciones o línea editorial del medio) en los códigos de procedimientos penales de cada Entidad Federativa.
La falta de sistematización y manejo de la información en todos los niveles de gobierno, convierte en una torre de babel la comunicación en perjuicio de los resultados y en una afrenta más para los familiares que carecen de certeza en la investigación de los casos. Los tiempos se alargan y obvio, eso dificulta la búsqueda de responsables.
Ante este escenario, la exigencia mínima de que la autoridad no sea la responsable por acción de las agresiones a medios y periodistas, se convierte en la actualización del otro lado de la moneda en la responsabilidad que consiste en la omisión que genera y agrava las consecuencias de los ataques a la libertad de expresión. La última palabra no está dicha y el litigio estratégico se convierte en la vía idónea para generar incidencia en la materia, ahora en contra del Estado mexicano que no logra garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Notas
1 La Libertad de Expresión en México: Informes de Misión de las Relatorías de la ONU y de la CIDH. Recuperado en marzo de 2012, de www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/LEOk.pdf.
2 Idem
3 Idem
4 Idem
