Un documento para analizar
Para observar la situación de la libertad de expresión en México, los relatores Catalina Botero y Frank La Rue de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, respectivamente, estuvieron en el país del 9 al 24 de agosto. Como se sabe, no fueron recibidos por el presidente Felipe Calderón para el intercambio de puntos de vista sobre el informe respectivo. (A diferencia de lo que sucedió con la revista Hola que dedicó una edición especial al mandatario, y lo que creemos ocurrirá con la ahora Miss Universo, la señorita Jimena Navarrete, quien muy probablemente será recibida en Los Pinos).
Las conclusiones y recomendaciones preliminares de las relatorias se desglosan en cuatro apartados; aquí reseñamos las recomendaciones. En el primero, “Violencia, impunidad y autocensura”, proponen fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR y a los órganos locales de procuración y administración de justicia. Sugieren adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión; dotar a la Fiscalía Especial y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos, así como adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes cometidos contra periodistas. También proponen establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, que debe ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; tener recursos propios y suficientes; así como garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación. Además sugieren capacitar en materia de libertad de expresión a las fuerzas de seguridad.
En el segundo tema, “Libertad, diversidad y pluralismo en el debate democrático”, el informe recomienda adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población, especialmente a la radiodifusión comunitaria. También proponen la creación de un órgano público independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión, y que se definan criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial en todos los niveles y órdenes de gobierno. El tercer punto se refiere a las “Acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión”.
El informe recomienda derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre ellos los contenidos en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Garantizar que los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores.
El último tema, “Acceso a la información”, las relatorías recomiendan preservar los avances en materia de acceso a la información, garantizando que los órganos de transparencia sean autónomos y que sus resoluciones sean definitivas e inatacables. Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, garantizando el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas concluidas o inactivas durante un plazo no razonable.
