Contra las estadísticas oficiales de homicidios, feminicidios, desaparición de personas y delitos contra el patrimonio, contra la percepción de inseguridad que afecta a ocho de cada 10 vecinos de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y su sucesor en el cargo, Martí Batres, presumen “grandes logros” de su administración en materia de seguridad pública. Pero su narrativa no es sino otro caso de opacidad, manipulación de cifras, medias verdades y mentiras completas, tan recurridas por los gobiernos de la mal llamada “cuarta transformación”.
Palabrería
Cuando a principios de este año se mantenía en el cargo y hacía una ilegal campaña anticipada con recursos públicos, Sheinbaum afirmó que su estrategia para mejorar la seguridad pública de los capitalinos tenía cuatro ejes: 1) atención a las causas; 2) más y mejor policía; 3) inteligencia y capacidad de investigación, y 4) coordinación entre la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría del ramo y las alcaldías.
Como puede observarse, la estrategia que aplicó la “corcholata” preferida no se apartó ni un ápice de la dictada por Andrés Manuel López Obrador desde la Presidencia. Pero revisemos a continuación sus especificaciones locales:
- El objetivo declarado de la “atención a las causas” es evitar que los jóvenes sean reclutados por las bandas delincuenciales y los narcotraficantes. Para lograrlo, el gobierno federal distribuye becas escolares a los estudiantes matriculados en educación básica y media superior, y también las otorga a los jóvenes que ni estudian ni trabajan (Jóvenes Construyendo el Futuro). Aparte de los programas federales, el gobierno capitalino distribuye apoyos mediante los programas Pilares, Barrio Adentro y Jóvenes Unen al Barrio.
Un primer defecto de la política de becas es que los apoyos no están condicionados al debido cuidado de los menores (en el caso de los pequeños estudiantes de educación básica) ni tampoco se vinculan con la permanencia y egreso escolar ni al rendimiento académico, por lo que no hay manera de medir sus efectos educativos ni mucho menos se ha demostrado que eviten que los jóvenes sean enrolados en grupos delictivos.
Otro defecto de los programas mencionados es su acendrado clientelismo electoral. Las becas escolares son manejadas por los llamados “servidores de la nación”, cuyo fin es cubrir una meta electoral y para nada buscan que los jóvenes se alejen de la senda delincuencial. Pero quizá el colmo del clientelismo es Pilares, un programa de factura local que supuestamente impulsa las artes y la cultura juvenil, pero que abiertamente se dedica al acarreo de los instructores y beneficiarios a los eventos de Morena (conducta que fue reconocida públicamente por su director, Javier Hidalgo Ponce).
- En cuanto al segundo eje, “más y mejor policía”, la administración claudista prometió incrementar la fuerza policial en su número y capacitación. Pese a los incrementos presupuestales (la Ciudad de México es de las pocas entidades federativas que elevó los recursos para seguridad), brillan por su ausencia la capacitación policial y los exámenes de confianza, comenzando por Omar García Harfuch (quien fue jefe de la Policía hasta hace unas semanas y que fue reprobado en su evaluación).
- El tercer eje, “inteligencia y capacidad de investigación”, es un rubro traicionado por el espionaje ilegal de periodistas y opositores a cargo de Ernestina Godoy, la fiscal capitalina. Pero, sobre todo, quedó demeritado por la incapacidad de las autoridades para la persecución judicial de los delincuentes. Tal ineptitud desalienta la denuncia de quienes son las víctimas de los delitos, al tiempo que los pocos casos que son denunciados muestran una tasa del 90 por ciento de impunidad para los criminales, quienes están muy a gusto con la ineptitud generalizada de la policía investigadora y la fiscalía.
- Por último, el eje de “coordinación entre la fiscalía, la policía y las alcaldías” es fallida en cuanto ha redundado en patente de corso para las bandas criminales y dado que la titular de la Fiscalía está más interesada en fabricar procesos por consigna.
Los datos del fracaso
Mediante una descarada manipulación de las cifras, combinada con el ocultamiento de datos, Sheinbaum presume la reducción de los homicidios dolosos en la capital del país. Afirma que, al comparar 2019 con 2023, se redujeron en 51 por ciento; pero lo que no dice es que ese decremento es puramente de papel, pues en gran medida se debe a que la fiscalía omitió clasificar como homicidios dolosos 6 mil 39 muertes violentas ocurridas durante el mismo periodo, de acuerdo con datos de la Estadística de Defunciones Registradas que lleva el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es un subregistro que ignoró fallecimientos por causas como ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, arma de fuego, contacto traumático con arma blanca, exposición al humo, fuego o llamas, ahogamiento y sumersión, caídas y envenenamiento por exposición a sustancias nocivas. Miles de esos fatales eventos no fueron clasificados debidamente por Godoy para “arreglar” sus cuentas alegres.
Por otro lado, los datos correspondientes a la Ciudad de México que tiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación (antes de que este fuera rasurado por órdenes presidenciales) muestran que en el actual sexenio se multiplicaron exponencialmente las desapariciones forzadas. Si durante el gobierno del PRD encabezado por Miguel Ángel Mancera se presentaron 338 casos, la cifra alcanzó los 4 mil 682 en el lapso de 2018 al 30 de agosto de 2023. El número de desapariciones promedia 15 por cada día, sin que las autoridades hicieran algo para contener esa trágica ola, lo que afectó mayormente a vecinos de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.
Asimismo, pese a las maniobras para clasificar los homicidios de mujeres en otros casilleros, los feminicidios se incrementaron en la Ciudad de México durante el gobierno de Sheinbaum al sumar 327 casos, según la fiscalía capitalina. Pese a ello, el gobierno de la entidad reivindica supuestas reducciones de este delito, las que sólo existen en su imaginación, pues se consignaron 72 feminicidios en 2019, 82 en 2020, 64 en 2021 y 79 el año pasado, mientras que en el primer semestre de este año ya se contabilizaban 32. A estos terribles crímenes se suman otros delitos que victimizan a las mujeres, como la violación, la violación equiparada, el abuso y el acoso sexual que, en conjunto, sumaron 10 mil casos tan sólo en el año 2022.
Sheinbaum presume también una reducción de los “delitos de alto impacto”, pero esa es otra falacia; en primera, porque la definición de “delitos de alto impacto” es arbitraria y está hecha a modo para acomodar a conveniencia los indicadores de la incidencia delictiva. En segunda, porque la realidad indica un crecimiento imparable de la extorsión, el secuestro, el robo con y sin violencia, al tiempo que las autoridades se muestran impasibles.
Los capitalinos pagan los platos rotos
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, dada a conocer por el INEGI apenas en septiembre (ENVIPE 2023), muestra que la incidencia delictiva en la Ciudad de México fue de 46 mil delitos por cada 100 mil habitantes, lo que implica un incremento del 1.5 por ciento respecto del año pasado. Ello ubicó a la capital del país en el primer lugar en incidencia delictiva, por encima de entidades federativas como Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y Michoacán. También ocupó el primer lugar entre las entidades con mayor tasa de víctimas del delito, seguida por el Estado de México.
Según el estudio del INEGI, la percepción de inseguridad de los habitantes de la Ciudad de México fue del 80 por ciento, por encima del promedio nacional (74 por ciento), al tiempo que calcula que el costo total para los hogares a consecuencia de la inseguridad y el delito alcanzó el monto de 38 mil 109 millones de pesos.
Asimismo, la encuesta revela que sólo el 11 por ciento de los delitos son denunciados en la capital del país, pues los habitantes desconfían tanto de las autoridades que consideran la denuncia una pérdida de tiempo. Otro dato le da sustento a esa desconfianza: del total de delitos, apenas en el 7 por ciento se inició una carpeta de investigación por el Ministerio Público o fiscalía; de ese porcentaje, en la mitad no pasó nada y un tercio “está en trámite”. Sólo en el 1.2 por ciento de los delitos ocurridos en la Ciudad de México se consignó al responsable, se otorgó el perdón o hubo reparación del daño.
Mayor incidencia delictiva, incremento de homicidios dolosos, feminicidios, percepción de inseguridad al alza, grandes costos del delito para los hogares de los capitalinos e impunidad casi absoluta para los delincuentes: tal es el legado de Claudia Sheinbaun en materia de seguridad pública en la Ciudad de México, aunque ella y su coro de embusteros inventen y difundan sus cuentas alegres.
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