La recurrente crisis política en Oaxaca es resultado del diálogo entre extremos que están dispuestos a todo, menos a entenderse. No existe otra forma de explicar el saldo rojo de Nochixtlán, como tampoco la añeja persistencia del conflicto social-magisterial que brotó en 1980, y que todavía —36 años después— no tiene perspectiva alguna de una solución definitiva.
Hay algunas claves fundamentales que deben considerarse para comprender esta crisis. Pues este conflicto no nació el día del enfrentamiento entre la Policía Federal y diversos grupos sociales que respaldaban el bloqueo carretero de la Sección 22 en Nochixtlán, sino que esto tiene su origen en la incapacidad tanto del gobierno, como de la propia CNTE para resolver en una mesa de diálogo, lo que en Nochixtlán todos intentaron abordar por la fuerza.
El diálogo entre la Sección 22 y el gobierno federal quedó cancelado desde los últimos días de mayo de 2015, cuando el magisterio oaxaqueño intentaba boicotear la realización de la jornada electoral federal que finalmente sí ocurrió con normalidad, pero gracias a una fuerte movilización de elementos federales a Oaxaca, el domingo 7 de junio.
La siguiente vuelta de tuerca la dieron conjuntamente los gobiernos federal y de Oaxaca, cuando un mes y medio después, el 21 de julio, el gobernador Gabino Cué anunció la extinción del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca bajo el dominio de la Sección 22, y la fundación de un nuevo instituto educativo ahora bajo la potestad del gobierno oaxaqueño.
Desde entonces, el magisterio oaxaqueño exigió a los dos ámbitos de gobierno el establecimiento de una mesa de diálogo. El gobierno federal optó por el discurso duro del secretario de Educación, Aurelio Nuño, que no ofreció más diálogo que el de la implementación de la reforma educativa en los estados del país controlados por la CNTE.
Gobernación respaldó esa postura; y para menguar las estructuras directivas de la Sección 22, comenzaron a encarcelar a varios de sus integrantes. Así, entre noviembre de 2015 y junio de 2016, aprehendieron a siete dirigentes de la Sección 22, entre ellos a Rubén Núñez y Francisco Villalobos, principales dirigentes de la Coordinadora en Oaxaca.
Esta cadena de aprehensiones, generó una presiónpolítica determinante en las estructuras magisteriales que, además, no tenían válvulas de escape. Por eso la estructura política de la Sección 22 inició los bloqueos carreteros como una última forma de presionar al gobierno federal, ya no para que abrogara la reforma educativa, sino simplemente para el establecimiento de una mesa de diálogo.
Esto no ocurrió. La federación decidió enviar a la PolicíaFederal, que además llegó a Nochixtlán en total desconocimiento de lo que iba a enfrentar. Ahí, la comunidad ya había tomado el control del bloqueo, y salió a defenderlo en respuesta, ya no de las demandas magisteriales, sino del “mal humor social” que incluye décadas de pobreza, abandono, marginación e indolencia total frente a sus necesidades. El desbordamiento de ese mal humor social, fue también la ocasión para que grupos de todo tipo se montaran en la coyuntura, para atizar la violencia.
Por eso Nochixtlán no es la génesis del problema, sino una de sus consecuencias más funestas. Hubo que ocurrir un enfrentamiento violento, ocho muertos, más de un centenar de heridos, y una entidad federativa de nuevo ahogada en la incertidumbre, para que todos comprendieran que no se puede resolver por la fuerza lo que evitó pasar por el tamiz de la razón.
Así, atajar los extremos debe implicar esencialmente que el gobierno federal genere un diálogo efectivo y posible con la Coordinadora, pero también que ésta abandone su posición —hasta ahora irreductible— de sólo ceder cuando su interlocutor se subordina incondicionalmente a sus exigencias.
Lo que está en juego es mucho más que la hegemonía de la Sección 22, o la reforma educativa. Por eso justamente, la solución a este conflicto debe tener como fundamento evitar que la imposición avasallante de cualquiera de esas dos posiciones, termine jodiendo a Oaxaca.
