En teoría, el populismo gobierna a favor del pueblo, que se distingue como el grupo social virtuoso que tiene su contrario antagónico. Esto significa que el grupo virtuoso de ahora puede convertirse en el contrario del futuro, y el contrario de ahora puede convertirse en el virtuoso del futuro. Todo ello es decidido por la persona que lidera el movimiento político. Pero, para representar al pueblo, es imprescindible que este participe según las necesidades políticas del momento, por lo que la institucionalización de la participación es contraria a la lógica populista, ya que si se trata de un ejercicio constante se vuelve un contrapeso a la voluntad del mismo pueblo, la cual sólo puede ser interpretada por la o el líder del movimiento.
Uno de los principios básicos de la democracia es la imprevisibilidad de los resultados, pero no de los procedimientos que cobijan los procesos. Incluso los ejercicios no institucionalizados de participación deben tener ciertos procedimientos o estándares mínimos que permitan realizarlos de forma transparente. Por ejemplo, si se implementa un proyecto de infraestructura en cierto lugar, la población debe contar con información completa antes de consultarla y el ejercicio no debe realizarse antes de comenzar con la construcción de la obra.
Los gobiernos populistas tienden a ser plebiscitarios: les gusta la democracia directa y promover la participación del pueblo con el fin de estar en campaña constante e impulsar procesos de diferenciación entre los que apoyan al gobierno y los que no. El problema es que en este tipo de ejercicios las decisiones generalmente ya están previamente tomadas o sólo se trata de formalidades para no asumir los costos políticos. El camino del engaño es el siguiente: se promueve una consulta sobre cierto tema, pero con apego a la ley es inconstitucional preguntar sobre ese tema, el Poder Judicial se pronuncia en contra y el gobierno dice que es contrario al pueblo. Así, independientemente de que se realice la consulta, se logra el objetivo principal que es generar un antagonismo entre el pueblo bueno y el malo.
La participación ciudadana y el gobierno federal
El gobierno actual en México (2018-2024) comenzó a impulsar procesos de democracia participativa incluso antes de tomar el poder el 1 de diciembre de 2018, ya que promovió las consultas nacionales sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sobre los Programas Prioritarios. En el primer ejercicio ya se tenía la idea clara de cancelar la obra pues se acusó en su momento que hubo una corrupción generalizada en su construcción (asunto, por cierto, que hasta la fecha no se ha probado). Lo que sí fue comprobado fue la afectación a las finanzas públicas y el atraso que ha costado al país en materia aeronáutica, ya que el aeropuerto tenía el potencial de ser un hub para toda América Latina: se llegó a calcular que su creación traería un beneficio para México de, al menos, un punto del Producto Interno Bruto (PIB). La consulta para cancelar el proyecto de terminal aérea se realizó fuera de todo marco legal y se llevó a cabo en todo el territorio nacional, sin tener claros los criterios para la instalación de las casillas ni los recursos para llevar a cabo el proceso; sólo se anunció que sería aportación de las y los legisladores oficialistas.
El segundo ejercicio fue una consulta sobre los programas que deseaba implementar el gobierno, que constaba de 10 preguntas que, al final, tuvieron más del 90 por ciento de aprobación (excepto la del Tren Maya, con 89.87 por ciento). Al igual que en la anterior, fue más una especie de sondeo, y los recursos, se dijo, provinieron una vez más de donaciones de las y los legisladores oficialistas.
Una vez en el poder, el gobierno de López Obrador ha llevado a cabo varias consultas, y por primera vez dos a nivel constitucional: la del llamado “juicio a expresidentes” (consulta popular 2021) y la de revocación del mandato. Estos ejercicios estuvieron cruzados por un ambiente de polarización: desde el planteamiento de la pregunta en el Congreso de la Unión, luego su aprobación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta disputas con el Instituto Nacional Electoral al no dotarlo de los recursos necesarios, descalificar la promoción de esos procesos y la instalación limitada de casillas. También surgieron grupos ciudadanos de promoción del voto que no transparentaron el origen de su financiamiento.
Al final estas consultas no alcanzaron el mínimo necesario de votos para hacerlas vinculantes (40 por ciento de la lista nominal), pero es poco probable que ese fuera el objetivo, debido a que en caso de que ganara el “Sí” en el primer proceso eran muy inciertas las acciones a las que conduciría, aunque algunos hablaban de la posibilidad de comisiones de la verdad (porque, al final, la pregunta no fue redactada específicamente respecto a los expresidentes, sino a decisiones tomadas por “actores políticos del pasado”). En el caso de un “No”, la situación también era muy contradictoria, debido a que si se llegaba a encontrar culpables a estos actores del pasado ¿no se les iba a juzgar?
El proceso de revocación del mandato, que se anunciaba públicamente como de “ratificación”, fue confuso, ya que incluso la pregunta se redactó como “estar de acuerdo con que se revoque” o con que “siga en el mandato”. Sin embargo, la Constitución mexicana no contempla ejercicios de ratificación, como fue el caso de esta consulta. Al final este tipo de ejercicios se volvieron una forma de movilización de la militancia partidista o de los simpatizantes, como en los viejos tiempos del acarreo corporativista y clientelar, más que en un mecanismo de promoción de una participación ciudadana activa e informada.
Los mecanismos de participación ciudadana del gobierno federal
En las últimas décadas, las dependencias y entidades de los gobiernos en el mundo han desarrollado mecanismos de participación institucionalizados mediante los cuales se puede involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. México cuenta con un interesante camino recorrido en el tema, con los primeros mecanismos en materia ambiental en los años noventa y su diseminación a varios espacios de la administración pública.
Como se relató anteriormente, la institucionalización de los procesos de participación no ha sido la carta fuerte de este gobierno. Con el fin de establecer los mínimos para el funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en la Administración Pública Federal (APF), en el sexenio anterior (2012-2018) se publicaron el 11 de agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la APF”. Según la base de datos que se construyó como en ellos se establecía, se contabilizaron en total 329 mecanismos operando a nivel federal. Con esa base se abría la puerta para comparar los avances o retrocesos en la materia, ya que también se señalaba la existencia de programas de trabajo, seguimientos de acuerdos, informes anuales y evaluaciones.
Parecía una buena oportunidad para impulsar la participación de la ciudadanía en estos mecanismos, mejorar su desempeño y promover la creación de otros más. Los Lineamientos permiten desarrollar mínimos para la institucionalización de estos mecanismos, que han sido un elemento importante para promover la participación ciudadana, crear redes de la sociedad civil en diversos temas de la administración pública y promover espacios de encuentro con el gobierno de forma institucionalizada.
El presente gobierno abandonó el seguimiento a la base antes mencionada, por lo que un grupo de investigación se dio a la tarea de reconstruirla para hacerlo. Los resultados no fueron nada alentadores. El análisis se realizó con base en 281 mecanismos que contestaron las solicitudes de información (en este sexenio se crearon cinco nuevos). De ellos, sólo 227 señalaron que están operando; no obstante, solamente 162 se han reunido en los últimos dos años, lo que significa un funcionamiento efectivo de menos de la mitad de los del sexenio anterior. Por su parte, el que se declare la operatividad o el que se reúnan tampoco garantiza su funcionamiento óptimo, ya que en otros rubros se aprecia una notable disminución; por ejemplo, más del 60 por ciento de esos mecanismos reportan no tener programas de trabajo, seguimiento de acuerdos e informes anuales, y más del 40 por ciento no realizan una evaluación de resultados. De esa forma, uno de los grandes retos a los que se enfrentarán las próximas administraciones será promover más y mejores espacios de participación. Se puede comenzar, por ejemplo, rescatando los mecanismos de participación ciudadana de la APF.
