Después del proceso electoral de 2006, los nuevos representantes en el Congreso supieron sacar lecciones de la agitación y dudas que dejó. La reforma electoral de 2006-2007 acabó con los gastos astronómicos de los partidos para publicitar a sus candidatos en los medios electrónicos y prohibió, también, la propaganda gubernamental durante las campañas para que no se reproduzca la intromisión en la contienda de figuras como la del Presidente de la República. Con esta reforma se limitó el uso propagandístico de la publicidad oficial. En 2012, no esperamos menos de quienes resulten electos, llamamos a las y los legisladores y al nuevo Presidente a respetar sus promesas de campaña sobre atender las fallas que se evidenciaron en el proceso electoral.
Durante las campañas, la viciada y opaca relación entre medios y gobiernos ha desatado escándalos internacionales (The Guardian preguntas sin respuestas exactas (¿Cuánto gastaron en comunicación social y publicidad oficial los candidatos del PRI y PRD cuando eran respectivamente gobernador del Estado de México y Jefe de Gobierno del Distrito Federal? denuncias entre los propios candidatos (“Si la televisión hiciera presidentes, usted lo sería”) y una movilización de miles de estudiantes que no parece decaer (movimiento #Yosoy132).
El diagnóstico de la efervescencia es simple: no basta con una democracia electoral. El país requiere de una relación sana entre gobiernos y medios, de libertad de expresión y medios democráticos que garanticen la pluralidad informativa así como el derecho a la información. Y para lograrlo, un primer paso es regular el uso de la publicidad oficial y los gastos millonarios que se realizan en este rubro. Esta anomalía no solo afecta a los candidatos y no se acota a la época electoral: es una plaga que contamina la relación de todos los niveles de gobierno con los medios de comunicación. Desde Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, hemos alertado sobre sus síntomas: el uso propagandístico de la publicidad oficial beneficia a los políticos y no a los ciudadanos; los espacios que tienen los gobiernos en los medios de comunicación no se utilizan para informar a la ciudadanía sino para construir imagen política. Los montos millonarios que gastan los gobiernos tuercen su relación con los medios y permiten a funcionarios ejercer gran influencia sobre las líneas editoriales de éstos y, de esa manera, limitar la libertad de expresión y pluralidad informativa en el país.
El retiro arbitrario de la publicidad oficial sigue siendo práctica frecuente que ha sido definida como censura sutil o indirecta por expertos de la región. El término se refiere al uso de los contratos publicitarios para recompensar o castigar a los medios por su contenido, lo que permite controlar la información que se difunde. En los últimos años, periódicos y revistas como Proceso, A. M. de León, Guanajuato, Diario de Yucatán o El Diario de Juárez han sufrido estas injustificadas presiones por parte del gobierno federal y los gobiernos de los estados. En 2010, el Diario de Yucatán dejó de recibir publicidad oficial del gobierno de ese estado. Al inicio del año 2012, El Diario de Juárez fue excluido de una campaña publicitaria de la Secretaría de Seguridad Pública federal por la línea dura que tiene sobre las acciones de la Policía Federal.1
A pesar de que existe una prohibición constitucional expresa, el uso propagandístico de la publicidad oficial sigue siendo práctica vigente. La utilización de recursos públicos debe perseguir intereses públicos y no privados. La publicidad oficial tiene como objetivo informar a los ciudadanos. El artículo 134 de la Constitución prohíbe el uso propagandístico de la publicidad oficial: no permite el empleo de “nombres, imágenes, voces y símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”. Sin embargo, este artículo no ha sido reglamentado. Peor aún, en el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales están previstas las excepciones a esta prohibición para los informes anuales de labor o gestión de los servidores públicos. Sin embargo, hoy en día los excesos de gastos en propaganda para anunciar los informes de gestión son comunes. El más reciente ejemplo es el del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien gastó 42 millones de pesos en menos de un mes para anunciar su Primer Informe de gobierno en febrero de 2012.
Estas prácticas evidencian el uso desviado de la publicidad oficial por parte de los gobiernos en turno. Lo más preocupante es que los montos que se gastan son multimillonarios y que este dispendio se da sin reglas ni topes, en total opacidad y con una rendición de cuenta es muy débil.
Candidatos a la Presidencia:
Existen muchas incongruencias en las cifras reportadas por los candidatos. En medio de la polémica desatada en mayo de 2012, Andrés Manuel López Obrador entregó a la periodista Carmen Aristegui todos los contratos firmados con los medios cuando era Jefe de Gobierno.2 Para sólo tomar un ejemplo, entregó 22 contratos correspondientes a 2002. En todos esos contratos, la descripción del objeto del convenio es muy ambivalente: “Compra de espacios y transmisión de spots publicitarios del DF”. En ningún momento se puede saber a cuántos spots o inserciones equivale el monto pactado. Peor aún, si se compara esta información con la Cuenta Pública 2002,3 se puede observar que los convenios con Televisa, MVS Radio y Televisa Radio no figuran en los contratos entregados.
En cuanto a los gastos de comunicación social del exgobernador del Estado de México el proyecto de publicidad oficial del Artículo 19 y Fundar ha evidenciado varias inconsistencias y subregistros en las cifras que el gobierno del Estado de México entregó a través de solicitudes de información.4 Por ejemplo, cruzando los datos para 2010 con los que están en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la campaña del V Informe de Peña Nieto5 se puede identificar un subregistro de 10 millones 437 mil 652.17 pesos. Este monto, que no informa en las respuestas a las solicitudes de información representa 8.15% del gasto en publicidad para 2010.
A nivel Federal:
Desde 2007, el Ejecutivo Federal ejerce por lo menos el doble de lo aprobado por los legisladores para el concepto 3600 “Comunicación Social y Publicidad”. Esta tendencia se confirmó para 2011: según la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011 (publicada en abril de 2012), el Poder Ejecutivo gastó 5 mil 027 millones de pesos en el concepto 3600, cuando tenía un presupuesto de 1,941.1 millones de pesos. Es decir, gastó 3 mil 112 millones más de lo presupuestado. El sobreejercicio se concentra en 5 dependencias: las secretarías de Gobernación, Hacienda, Salud, Sagarpa y Turismo. El 57% de éste es causado por la Secretaría de Salud que gastó 1,791 millones de pesos más de lo aprobado.6
En las entidades federativas:
A través de solicitudes de información realizadas a los 32 estados en 2011 se buscó acceder a los recursos asignados a comunicación social y publicidad oficial y verificar si se ejercieron con apego al mandato constitucional. A partir de las respuestas, se elaboró un índice de acceso al gasto en publicidad oficial en los estados, que Artículo 19 y Fundar dimos a conocer en febrero de 2012.7 Los resultados reflejan la opacidad en la utilización de recursos públicos destinados para este fin: un tercio del total de los estados del país no proporcionó ningún tipo de información; otro tercio entregó sólo el total de los gastos ejercidos por año sin ningún tipo de desglose. Sólo 10 entidades entregaron información desglosada del gasto en comunicación, con una mención especial para Colima y Sonora, los únicos dos estados que obtuvieron cinco estrellas, la mejor calificación del índice.
En los casos en que sí entregaron información, se pueden comprobar gastos millonarios para publicidad oficial: durante 2010, gastaron el doble que en 2005. En efecto, en cinco años, el total del gasto en publicidad oficial de 18 entidades federativas estudiadas se duplicó al pasar de 1,170.4 a 2 mil 518.4 millones de pesos. 8 Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Nayarit, Yucatán y Zacatecas duplicaron su gasto. Aguascalientes, Durango y Quintana Roo casi duplicaron dicho presupuesto. La agitación de las campañas electorales abrió los ojos de muchos ciudadanos. Ya no se puede ignorar más la perversa relación entre medios y poderes, fuente de tantos disturbios y escándalos durante la contienda. Recordamos a los recién electos que tienen una tarea pendiente: democratizar los medios. En este contexto, regular y transparentar el uso de la publicidad oficial sería una gran señal de que nuestros representantes nos han escuchado
Notas
1 De la redacción, “Publicidad Oficial no debe ser ni premio ni castigo”, El Diario de Juárez, 01 de marzo de 2012. Disponible en línea en: http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2012/03/01&id=0c075dc0cb0cb3c636621e5563636281 (ultima consultamarzo 2012)
2 http://aristeguinoticias.com/especiales/gastoscandidatos/docs_amlo.html
3 http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2002/01c002.pdf
4 Link para acceder al desglose del gasto en difusión y comunicación social entregado a Fundar a través de la solicitud (Folio 00025/CGCS/IP/A/2011) http://publicidadoficial.com.mx/docsedos/base-2010-ESTADO-DE%20MEXICO-2005-2010.xls
5 http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/RAP/SUP-RAP-00024-2011.htm
6 La SSA tenía un presupuesto de 189.6 millones de pesos para el concepto 3600 y se acabó gastando 1,980.6 millones de pesos. (Ver las gráficas)
7 Resultado del índice de acceso al gasto en publicidad oficial: http:// publicidadoficial.com.mx/indice-gasto-publicidad-oficial-estados
8 Cifras en pesos constantes de 2010
