Este texto fue publicado originalmente el 26 de abril de 2016, de la edición 185 de la revista impresa, lo abrimos de manera temporal.
El 17 de marzo de 2016, se presentó en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, el libro Ejecuciones de periodistas, los expedientes, del exreportero de Proceso y actual director de la revista Variopinto, Ricardo Ravelo Galo.
Dicho libro refiere los asesinatos de 12 periodistas registrados en Veracruz durante los últimos años a partir, según esto, de los expedientes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de la Procuraduría General de la República sobre los casos. Expedientes que Ravelo no explica cómo consiguió, pues las investigaciones siguen abiertas y en curso.
Para darse una idea de quién pudo proveer de ese material a Ravelo Galo, habría que voltear la mirada hacia el palacio de gobierno de Veracruz y a las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, instalaciones de las que el periodista fue asiduo visitante durante los últimos años, particularmente en el periodo en el que el hoy diputado federal por Acayucan, Erick Lagos Hernández, fue presidente del Partido Revolucionario Institucional en la entidad y después secretario de Gobierno del estado, lo cual consta en las bitácoras de visitantes.
Incluso, hace unas pocas semanas, previo a la publicación de su libro, un portal informativo reportó la presencia del periodista en la antesala de la Oficina del Gobernador de Veracruz.
De ahí que en Ejecuciones de periodistas, los expedientes, Ricardo Ravelo exonere de cualquier responsabilidad en los asesinatos de periodistas realizados durante su sexenio al gobernador de Veracruz:
“El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha sido cuestionado dentro y fuera de México por los asesinatos de los periodistas en su período gubernamental. Y no es para menos. Sin embargo, objetivamente hay que decir que de los expedientes consultados no se desprende, hasta la publicación de este libro, que algún funcionario del gobierno veracruzano esté involucrado en estos lamentables crímenes”.
En cambio, es obsequioso con el régimen al señalar que “la lectura de dichos documentos permite ver otra realidad dolorosa y complicada: las evidencias de posibles vínculos de algunos periodistas con el crimen organizado, particularmente con células de Los Zetas, que asentó sus reales en Veracruz y otros estados del país”.
Aunque después, recula y admite “que en ninguno de los casos abordados en este libro hubo enriquecimiento ilícito, ya que todos los comunicadores vivían al día y sin ostentaciones”.
Esto es muy raro para alguien que está metido en el crimen organizado.
Los 20 condenados
Durante la presentación del pasado 17 de marzo, Ricardo Ravelo hizo declaraciones a los medios que reforzaron el que parece ser el objetivo primordial de la promoción de su libro en la entidad: criminalizar a los reporteros asesinados y deslindar al gobierno estatal.
De manera aventurada e irresponsable, Ravelo Galo aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó al gobernador Javier Duarte de Ochoa una lista con los nombres de 20 periodistas veracruzanos que, según él, se encuentran en la nómina de las bandas del crimen organizado.
“Son 20 reporteros de todo el estado que están cobrando directamente de Los Zetas, del Cártel de Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos criminales que están operando en el estado”, afirmó Ravelo. Sin presentar una sola prueba. Sin mencionar un solo nombre. Justificando con ello que a cualquier periodista que se agreda en Veracruz a partir de ese momento se le pueda incluir en esa “lista”. Tiene 20 oportunidades.
Jorge Morales Vázquez, miembro de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), pidió al gobernador que aclare si esa lista existe o no. Hasta el momento la única respuesta la dio el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien declaró no tener conocimiento de listado alguno como el mencionado por el autor. Morales fue incisivo: “nosotros, como periodistas, no trajimos a los delincuentes. Alguien los trajo o creó las condiciones. Quienes crearon o los trajeron, por acción y omisión, son las autoridades de este estado, sobre todo el gobernador”.
“Estamos cayendo en el absurdo de que los culpables son las mismas personas que son víctimas. Ellos están tranquilos de que cada quien es responsable de su muerte y con este tipo de discurso se desentienden”, sentenció el comisionado de la CEAPP.
Tal cual, la consigna a la que sirve Ricardo Ravelo.
