“Se aprovechó la muerte de los periodistas, en especial la de Regina Martínez, para filtrar información y transmitir el rumor de que las vidas de otros periodistas corrían peligro”, agrega la investigadora.
El ejemplo más reciente es el de la reportera de la fuente policiaca Anabel Flores. Horas después de que fuera sacada por la fuerza de su domicilio particular, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín en el que informaba que se seguirían todas las líneas de investigación para dar con su paradero, incluidos “sus vínculos con el crimen organizado”. Sin que mediara ningún tipo de investigación que justificara esa presunción por sobre cualquier otra.
En una entrevista con la periodista Denise Maerker, quien lo cuestionó fuertemente por esta actitud, luego que el cuerpo sin vida de Anabel Flores fuera localizado, el fiscal estatal, Luis Ángel Bravo Contreras, intentó justificarse de esta manera:
“El Departamento de Comunicación Social de la Fiscalía, partiendo de todos los rumores, comentarios en redes, algunas notas que incluso podemos consultarlas, daban por hecho ese escenario. Incluso hay algunos medios de comunicación que a partir de esa nota y de esos comentarios en redes se desmarcaron de algunas relaciones laborales que tuvieron. La Fiscalía, el área de Comunicación, por lo destacada que estaba ya esa información y para no diluir todas las posibilidades de las arterias de investigación, fue que consignó que se indagan todas. Y ésa, que ya era materia de nota de lo que todos conocemos”.
El encargado de la procuración de justicia en el estado admitió al aire que vincularon con la delincuencia a la periodista secuestrada y posteriormente asesinada a partir de “rumores, comentarios en redes y algunas notas”. Y le echó la “culpa” a su Departamento de Comunicación Social.
Esta “metodología” para cerrar casos ha perpetuado la impunidad en un estado donde la muerte y la violencia han adquirido carta de naturalización. Así como la aplicaron en el caso de Anabel Flores, quieren hacerlo con los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. Así hicieron antes con Regina Martínez, con Gregorio Jiménez, con Moisés Sánchez, con Nadia Vera, con Rubén Espinosa. Y no se ve que esto vaya a cambiar pronto.
Sin embargo, a través de una solicitud de acceso a información pública, la revista etcétera documentó que las autoridades veracruzanas no tienen ninguna base que sustente sus acusaciones contra comunicadores y otras víctimas de la violencia en la entidad.
Con base en la Ley de Transparencia, etcétera solicitó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz una lista con los nombres de los periodistas que fueron vinculados con la delincuencia organizada entre 2010 y 2016, tomando como base las declaraciones tanto del gobernador Javier Duarte como las de la Fiscalía a cargo de Luis Ángel Bravo, quienes “han dicho públicamente que cuentan con tal información”, según se establece en el texto firmado por Mariano Yberry y publicado en el portal de etcétera el pasado 11 de marzo .
La respuesta de la Fiscalía, reveladora en sí misma, fue que no cuenta con la información solicitada ya que “los hechos probablemente constitutivos de delitos en relación con delincuencia organizada, son competencia exclusiva de la Federación a través de la Procuraduría General de la República”.
¿Y las “manzanas podridas”?
“La sed de sangre del tigre”
Advierte Celia del Palacio que “los diversos estudios que se han hecho sobre la violencia en Veracruz muestran que ésta es un factor estructural en el estado (…) En lo que concierne al pasado siglo XX, además de las diversas rebeliones y levantamientos de orden político, la violencia surgida del caciquismo y la presencia de grupos delincuenciales en diversas regiones ha sido recurrente”.
En ese mismo sentido, el periodista Luis Velázquez escribió en su libro Bamba violenta: “algunas veces el Estado reprime. Otras son la nueva versión de las guardias blancas: expolicías, grupos regionales de poder, cuyo ejército está integrado por pistoleros a sueldo. Hay quienes afirman que por 50 mil pesos sacian la sed de sangre del tigre y asesinan por contrato. En Veracruz se ha creado un estado de violencia en un Estado de Derecho. Dos estados, cara a cara”.
Lo impresionante del testimonio de Luis Velázquez es que eso lo escribió en 1985. Pero pareciera una descripción del Veracruz de 2016.
