La forma más vil de degradación de un medio informativo es ponerse a los pies del poder y servirle como ariete, a cambio de beneficios económicos y políticos o en forma de privilegios de toda índole.
Dice el periodista Francisco Rubiales en su libro Periodistas sometidos. Los perros del poder, que “la mayoría de los medios de comunicación actuales han abandonado el cauce que les reservó la democracia y han sucumbido a la tentación de aliarse con algunos de los grandes poderes, generalmente con el político (…), a cambio de influencias, concesiones y dinero”.
Sobre todo de dinero. En Veracruz esta premisa se cumple casi de manera religiosa. Los convenios, el “chayote”, es lo que marca la agenda mediática respecto de la actuación del gobierno y sus titulares desde hace 12 años, cuando arribó al poder el grupo político comandado por Fidel Herrera Beltrán.
Al tratarse de relaciones de complicidad, ni al gobierno ni a los propietarios de los medios les interesa transparentar sus tratos, tal como lo pudo documentar etcétera al solicitar información sobre el gasto publicitario del gobierno de Javier Duarte, el cual, sin justificación legal alguna, está clasificado como reservado.
Sin embargo, ante la debacle política del grupo gobernante en Veracruz y con el apremio de saldar algunos de sus millonarios adeudos, fue la propia Secretaría de Finanzas estatal la que dio a conocer cifras sobre sus compromisos económicos pendientes con empresas mediáticas, al incluirlas en una iniciativa de decreto para pagar a acreedores con recursos de un impuesto local, el de 3% a la nómina, cuyo destino original era la construcción de obra pública y la dotación de servicios.
Aunque el adeudo del Gobierno de Veracruz con medios reconocido originalmente ascendía a 400 millones 146 mil 820.86 pesos, tras un ajuste general a la lista de proveedores, la deuda final -autorizada por el Congreso local el pasado 21 de julio- a pagar a empresas mediáticas y periodistas quedó en 378 millones 454 mil 511.62 pesos.
Pero la lista está plagada de pasquines impresos y electrónicos, sin influencia ni circulación, que se embolsarán cantidades millonarias por servir de parapeto para hacer negocios con dinero público, por su adulación permanente a los dos últimos gobernadores y por hacer de golpeadores de sus adversarios políticos.
Es el caso del Diario AZ, que desde la campaña a la gubernatura de Fidel Herrera Beltrán en 2004 le entregó por completo su línea editorial, tendencia oficiosa que continuó en el sexenio de Javier Duarte, al grado de que el dueño del periódico, Oscar Rodríguez Hernández, fue el principal promotor de aquel ignominioso premio que le entregara la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos al mandatario veracruzano por su “defensa” de la libertad de expresión. A este medio se le pagarán 27 millones de pesos, a pesar de que su circulación es ínfima, de cuando mucho mil ejemplares diarios en la capital del estado.
Otros medios que recibirán dinero de los impuestos de los veracruzanos son El Buen Tono de Córdoba y el portal Web El Mercurio. El primero, periódico del transportista José Abella García, en el que se publican filtraciones de investigaciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado con el objetivo de acallar críticas sobre la desaparición de personas y las ejecuciones de periodistas; el segundo, propiedad de una colaboradora de La Jornada y exfuncionaria del gobierno de Fidel Herrera, Luz María Rivera Azamar, furibunda ofensora de los periodistas veracruzanos no alineados con la línea oficial y seguidora ferviente de la criminalización de los asesinados. Entre ambos se llevarán casi un millón 300 mil pesos.
A la Editora Sánchez, que publica El Heraldo de Xalapa, se le pagarán un millón 354 mil 800 pesos. Uno de sus propietarios, Eduardo Sánchez Macías, es un diputado local que ha transitado por el PRI, Nueva Alianza y el PVEM, y que ha recibido varias demandas por despido injustificado de los trabajadores de su medio de comunicación. Sostiene un parentesco familiar con la esposa de Javier Duarte, Karime Macías.
8 millones 664 mil 440 pesos se le pagarán a Editorial Gibb, que publica La Opinión de Poza Rica. Una integrante de la familia propietaria del diario, Gabriela Arango Gibb, es actualmente diputada local del PRI y avaló que se le pague a la empresa familiar con dinero público.
Cabe destacar que en la lista original aparecían los diarios capitalinos El Universal, al que se le buscaban pagar tres millones 800 mil pesos, y Excélsior, con cuatro millones de pesos. Sin explicación alguna, ya no aparecieron en la lista final.
Es la prensa coludida con el gobierno, financiada, de principio a fin, con cargo al erario.
