La saxofonista y activista oaxaqueña María Elena Ríos presentó en el Congreso una iniciativa de ley para que los ataques con ácido y sustancias químicas sean tipificados como feminicidio o tentativa de feminicidio, debido a la gravedad del delito, que busca “borrar” a las mujeres, les deja marcas de por vida y les causa hasta la muerte.
Acompañada por otras mujeres también agredidas, como ella, con ácido, en la sede del Senado de la República Ríos dijo que agradece los esfuerzos que con anterioridad han hecho legisladores para elaborar otras iniciativas, pero aclaró que es necesario que se escuche a las víctimas directas de esos ataques para que los delitos respectivos sean tipificados de una manera adecuada.
“¿Es necesario que nos vean quemadas, moribundas, para que crean que, de verdad, nos está pasando? Hasta esos hechos siguen siendo relevantes, siguen siendo constantes y revictimizantes en las fiscalías porque no se ha entendido qué es la perspectiva de género”, explicó Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en septiembre de 2019 y aún está en espera de justicia.
Insistió en que los resultados de las agresiones con sustancias químicas no son como otro tipo de lesiones porque no se trata de moretones, rasguños o arañazos, sino que dejan marcadas de por vida a las víctimas.
“Los ataques con ácido y sustancias químicas son el vivo ejemplo del borrado de la mujer porque no solamente les basta con borrar nuestra identidad y hacernos empezar de nuevo a nuestros veintitantos, a nuestros treintaitantos años, sino que también nos borran de la vida cuando nos carcomen la piel y hasta fallecemos”, explicó Ríos.
Debido a lo anterior, la saxofonista solicitó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República que las agresiones comentadas dejen de ser calificadas sólo como lesiones, que no son un delito grave, sino, como violencia ácida, tipificarlas de otra forma: como feminicidio o tentativa de feminicidio.
Además de ese carácter penal, la iniciativa, respaldada por más de 45 mil ciudadanos con sus firmas, pretende que también se garantice el derecho a la salud de las víctimas, entre las que se debe incluir a las personas trans porque han sido discriminadas.
Sobre su caso, Ríos denunció que uno de sus victimarios, Juan Antonio Vera Hernández sigue libre. Es el hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, quien al parecer tiene vínculos con Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.
Además, señaló que la jueza designada por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca le dio información particular a la defensa de los inculpados, además de que intenta reclasificar el delito.
“Aunque nos vean vivas, aunque nos vean parlando, muchas estamos muertas por dentro”, concluyó Ríos en una conferencia de prensa.
