“Yo he sido víctima de un delito de género: abuso sexual agravado. Por eso como abogada tengo el estandarte de lucha para las víctimas mujeres y niñas. Al ser parte de ellas, he padecido el calvario y los prejuicios. Al sufrir la agresión no pude hacer nada, y por eso acudí a denunciarla, aunque me costó trabajo decir las cosas y que por ello me revictimicen. Soy mujer capitalina, profesionista, madre y víctima. Y quiero justicia”.

Lo anterior es expresado por Diana Cristal González Obregón, candidata ciudadana a encabezar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante una conversación con etcétera, al ser cuestionada sobre las recientes protestas de las mujeres en contra de los abusos de que son víctimas y de la poca atención que las autoridades les han brindado.

Sobre su propia experiencia como denunciante, la aspirante añadió: “Lo que veo es que a las víctimas las han hecho a un lado, y no lo voy a permitir. Que las mujeres confíen en que las escucharé; las entiendo cuando gritan en las calles porque sufrimos un calvario hasta que se dicta la sentencia. Hay revictimización, humillaciones y nos dicen de todo, lo cual incluso es fomentado por otras mujeres. Por eso quiero trabajar con el equipo de la Fiscalía: para que se entienda que las mujeres ni nadie podemos ser parte de la violencia de género, la cual produce suicidios, que la gente se mate y las familias terminen destrozadas”.

González Obregón entiende que en materia de justicia “en la capital la gente está furiosa”. De allí que destaque que en su proyecto para la Fiscalía dará preponderancia a la ética y la dignidad, en el que la víctima no sea un número o una carpeta más, sino un ser humano: “Quiero desterrar la indiferencia, por lo que mi prioridad será mano firme para evitar que se vulnere a las víctimas. Por supuesto que en esta justicia igualitaria no permitiré violaciones a los derechos de ningún imputado porque tengo que aplicar el Estado de derecho”.

Pero González Obregón, doctora por la Facultad de Derecho de la UNAM y con una maestría por la Southwestern University School of Law, también expone su amplia experiencia en la implementación del sistema acusatorio en México, resultado de la reforma constitucional en materia penal de 2008, cuando, según recuerda, lo mismo le tocó acudir a adiestrar personal hasta recónditos lugares de la República, “a donde nadie quiso ir”, que apoyar en el diseño de códigos procesales, manuales, planes y programas de capacitación. Por ello, afirma que “policías, peritos, litigantes, empresarios, jueces y magistrados han sido mis alumnos”.

Sobre la reforma constitucional de 2008, la que también impulsó, rememora que “nos decían que no iba a pasar, que estábamos siendo muy idealistas y muy académicos, cuando la realidad es que México es de los países que llegó tarde a esa transformación porque gran parte de Latinoamérica ya la tenía”.

Sobre esa etapa, menciona que en la Ciudad de México también asesoró en capacitación a las primeras salas y a los operadores en materia de juicios orales, así como en el diseño del proceso de gestión. De allí que, como titular de la Unidad de Implementación de la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2013 y 2014, se haya encargado de buena parte del análisis y redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales, un proyecto, que, afirma, “fue una tarea titánica que cambió mi vida”.

Además, otro proyecto relevante en el que participó fue cuando fue asesora de la Oficialía Mayor de la PGR, desde donde intervino en la transformación de esta institución en Fiscalía, un proceso similar al que ahora ocurre en Ciudad de México. Fue tan exitosa su labor que se hizo cargo de la transformación del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Acerca de la implementación del sistema penal acusatorio en Ciudad de México, la abogada explica que “fue de las últimas entidades en implementarlo, y estamos muy mal porque tenemos instituciones y una práctica dispráxicas”, lo cual ejemplifica con el reciente asesinato de Abril Pérez Sagaón, a quien, pese a lo establecido en leyes y en la Constitución capitalinas, las autoridades no le brindaron la protección necesaria. ¿Qué pasó? “Pues no se aplicó la ley”, señala.

Cara distinta y con esperanza

El grave caso de Pérez Sagaón permite a González Obregón explicar una de sus propuestas: la creación de un sistema de gestión digitalizado, “que desde el primer momento ofrezca información, alimente otras carpetas y permita que apliquemos medidas de protección y fortalecer la unidad de medidas cautelares de seguimiento. Así el Ministerio Público podrá saber si una persona denunciada tiene antecedentes de lesiones, violación, abuso infantil y violencia familiar, y contar con esa información antes de que haga una carpeta y empiece a investigar. El fiscal lo podrá hacer no sólo porque se lo ordenen, y va a poder detectar el riesgo que corre una víctima, con lo que podrá aplicar la protección adecuada”.

Frente al panorama que se presenta en las vísperas del estreno de la Fiscalía capitalina, González Obregón, quien es autora de unas 300 publicaciones entre columnas, artículos y libros, hace otras propuestas, como la de una nueva estructura de esa institución, que debe ser horizontal para que, al mismo tiempo que se adapte a las exigencias de las leyes, haga más eficaz la atención a las víctimas.

Un punto clave en su proyecto es el óptimo aprovechamiento de los agentes del Ministerio Público, que tienen mucha experiencia, para hacer investigación, “más que a hacer papelitos y a rayar hojas”. Para ello también es necesario proporcionarles instalaciones dignas, lo que se puede hacer incluso en un contexto de austeridad, explica la abogada.

Pero también debe haber interacción con la Asamblea Legislativa para, por ejemplo, obtener mayores recursos y proponer una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, entre otros asuntos.

Asimismo, plantea desarrollar un código de ética, una serie de reglamentos internos, armonizar y adecuar protocolos. De esa forma, considera González Obregón, la ley se podrá traducir “en posibilidades reales para poner fin a conflictos penales, para que la gente tenga una atención pronta y digna y para que no se violenten derechos de las partes”.

La también socia fundadora del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal convoca a los ciudadanos a interesarse y participar más en la procuración de justicia. Por ello es que ella quiere “darle una cara distinta, atractiva, digna y con esperanza, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que los capitalinos se sientan seguros, cómodos y satisfechos de reportar los hechos, y tengan seguimiento y acompañamiento en las investigaciones para que sepan cómo van avanzando. Quiero cambiar la percepción de injusticia y de insatisfacción, el sentimiento de impotencia y de impunidad que existen ahora, y fomentar que la gente se acerque a la Fiscalía para presentar sus denuncias”.