Este lunes, la secretaria de transparencia y anticorrupción de la Cámara de Diputados, Sharon Cuenca Ayala, advirtió sobre la proliferación en los últimos años de escuelas de nivel superior que no están registradas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni agremiadas a Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
El Partido Verde Ecologista de México y la diputada Sharon Cuenca presentaron una inciativa de ley el 15 de marzo de este año, en la que se asegura que únicamente 109 de las más de dos mil instituciones de nivel superior están agremiadas ante el FIMPES, y atienden a 550 mil alumnos, es decir, 16% del total de la matricula nacional.
La iniciativa utiliza datos del 2007 de la Procuraduría Federal del Consumidos (Profeco), que revelaban que para 2005-2006 habían dos mil 613 escuelas privadas de educación superior, de las cuales 903 sólo contaban con reconocimiento oficial de la SEP.
En ese año, el entonces presidente de la FIMPES, Franciso Lejarza, opinó que “viéndolo desde una perspectiva positiva, no hay problema con la universidad 'patito', es como la necesidad que hay de los microbuses que son chatarra, sin embargo son necesarios”. No obstante, Bolivar Huerta, exinvestigdor del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), también consideró en entrevista con Profeco que las universidades “patito” son un hecho y siguen proliferando “a costa de la gente de bajos recursos que cada vez que paga una colegiatura, deja de comprar una tele o un refrigerador para pagar unos estudios que a fin de cuentas serán tirado(sic) a la basura”.
Las más de mil escuelas que no poseen el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para los planes y programas, no pueden otorgar el título ni la cédula profesional correspondiente cuando sus alumnos concluyan sus estudios, por lo que no serán válidos oficialmente, es decir, las instituciones sólo podrán expedir diplomas sin reconocimiento de las autoridades educativas.
La iniciativa propone la obligatoriedad de la autorización y reconocimiento a planes y programas de estudios como requisito para operar dichas instituciones. Por lo cual se propone añadir un párrafo al artículo 56 constitucional: "Los particulares para impartir educación superior deberán obtener previamente autorización y reconocimiento de validez oficial para sus planes y programas de estudio, si no lo hicieran no podrán operar".
Las únicas instituciones hasta el momento que pueden dar validez a los centros de enseñanza a nivel superior a parte de la SEP, son la FIMPES, las universidades públicas y autónomas, y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
iesz
