La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió una investigación contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar por ejercer presión sobre magistrados, jueces y secretarios, además de que se indagará a otros funcionarios del Poder Judicial vinculados con él por delitos como enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada institucional. Al pronunciarse al respecto, el asesor de Claudia Sheinbaum se victimizó, hizo propaganda electoral y acusó directamente a Norma Piña, presidenta del máximo tribunal.
En un documento fechado el 9 de abril, Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), da aviso a Norma Piña Hernández del trámite que se le da a una denuncia anónima contra Zaldívar y otros funcionarios del Poder Judicial por hechos ocurridos entre 2019 y 2022.
Allí se detallan las acusaciones: contra Zaldívar (actual miembro del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial oficialista), como presidente del CJF, es por “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
Otros funcionarios denunciados son Carlos Antonio Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del CJF, por enriquecimiento ilícito (por lo que se le vincula, entre otros, con Julio Scherer Ibarra, quien fue titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal), corrupción y extorsión, y Édgar Manuel Bonilla del Ángel, a quien, como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, se acusa de delincuencia organizada institucional.
La denuncia también incluye a Netzaí Sandoval Ballesteros (hermano de Irma Eréndira Sandoval, quien fue secretaria de la Función Pública en el primer tramo del gobierno de López Obrador), como director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, por corrupción.
Además, en el documento se da cuenta de otros delitos en los que pueden haber incurrido diversos funcionarios vinculados con Zaldívar: desvío de recursos públicos, violencia sexual y de género, acoso contra jueces y magistrados, hostigamiento laboral y uso indebido del cargo y las instalaciones, entre otros.
Entre los casos más destacados en los que se denuncia la presión sobre jueces están los referentes a las disputas legales por las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, de los aeropuertos de Texcoco y de Santa Lucía, y del Tren Maya, así como el proceso contra Emilio Lozoya Austin.
Tras difundirse la mañana de este viernes la apertura de investigaciones en su contra, en declaraciones hechas a Ciro Gómez Leyva en su noticiero en Radio Fórmula, Zaldívar (actualmente miembro del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial oficialista) acusó que se trata de un acto político en el contexto del proceso electoral en marcha, acción ordenada desde lo más alto de la SCJN, según él.
“A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T; una cuestión de tratar de desprestigiar, porque hay un principio básico: que estas quejas tienen que tramitarse con sigilo, en secrecía, y se publicitaron, se mandaron a todos los medios y a las redes desde la Presidencia de la Corte”, afirmó el ministro en retiro.
El ministro en retiro aprovechó la ocasión tanto para victimizarse como para hacer propaganda electoral de manera abierta: “Me parece muy, muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de derecho viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el principio de defensa. Y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios, de que pudiera venir a cabo la reforma judicial”.
Personalizó la situación: “Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo lo dan ya por descontado y entonces tratan de haces este tipo de golpes muy bajos que me parecen inadmisibles en un Estado de derecho, e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial”.
Zaldívar, quien recibe una pensión mensual de más de 190 mil pesos por ser ministro en retiro de la SCJN, dijo que esto se trata de un hecho inédito: “Nunca se había abierto una investigación así, muchos menos a un expresidente de la Corte, a tantas personas que han servido al Poder Judicial. Es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave, además, que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar”.
Dijo también que nota que es una denuncia “muy elaborada” en la que “se llevaron varios meses en hacerlo. Yo supondría que esa denuncia ni siquiera es externa sino se elaboró dentro de las propias oficinas que admiten la queja”.
Concluyó: “Simplemente decir que tengo la conciencia tranquila”.