No existe prueba alguna que desmienta la versión de que a Luis Donaldo Colosio lo mató un asesino solitario. Sin embargo, un cuarto de siglo después la mayoría de los mexicanos considera que el asesinato en Lomas Taurinas fue resultado de una conspiración.
La gente se niega a creer que un hombre de tanta relevancia pueda haber muerto tan sólo por decisión de un miserable con pistola. A los magnicidios por lo general se les recuerda como resultado de conjuras. La insensatez de un lunático, junto con la imprevisión y la improvisación de los cuerpos de seguridad, no bastan para explicar una tragedia tan devastadora como la que ocurrió aquel 23 de marzo de 1994. En estos casos las presunciones tienen más eficacia que las aclaraciones.
El desprestigio de las instituciones judiciales, el autoritarismo del sistema político y, también, la murmuración que se extendió en primeras planas, columnas periodísticas y libros de ocasión, contribuyeron para afianzar la impresión de que Mario Aburto fue el ejecutor de una trama de mayores alcances.
Cuando se dice que el asesinato pudo deberse a que Colosio se estaba distanciando del gobierno, se olvida que él había sido beneficiario de la decisión de Carlos Salinas para hacerlo candidato del PRI y que no era un hombre proclive a las rupturas políticas. La turbulencia que la rebelión zapatista desató a comienzos de 1994 había desplazado a las campañas presidenciales; a Colosio y su equipo les inquietaba la escasa visibilidad que sus recorridos y declaraciones alcanzaban en los medios. Sin embargo las encuestas, en enero y luego en marzo de aquel año, registraban una preferencia del 49% para el candidato del PRI.
Colosio había fincado su carrera política en el empeño y la seriedad. Aliados y adversarios lo identificaban como un hombre de palabra. Para quienes lo conocían era impensable que pudiera ser desleal al partido que había dirigido durante tres años o al Presidente que, de acuerdo con las autoritarias tradiciones priistas, lo hizo candidato.
El discurso del 6 de marzo llamó la atención de algunos porque no mencionaba al presidente Salinas. Sin embargo siempre, en el transcurso de sus campañas, los candidatos presidenciales de ese partido comenzaban a tomar distancia de quien los había designado. Esa, como la narró Luis Spota en memorables novelas y la diagnosticaron docenas de politólogos, era una de las costumbres que aseguraban la transición del poder en el antiguo sistema presidencial.
En aquel discurso, Colosio deslindaba las tareas de partido y gobierno: “No pretendamos sustituir las responsabilidades del gobierno, pero tampoco pretendamos que el gobierno desempeñe las funciones que sólo a nosotros, como partido, nos corresponde desempeñar”. El vendaval zapatista había subrayado las carencias sociales que ninguna fuerza política podía soslayar. El candidato reconocía: “Frente a Chiapas los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros”.
Ese discurso no era de alejamiento respecto del sistema y sus reglas sino reconocimiento de evidentes rezagos sociales y políticos. Colosio anunciaba una reforma del poder que implicaba sujetar al presidencialismo a los límites constitucionales, fortalecer al Congreso y destrabar al sistema judicial. No se trataba de propuestas nuevas. El asesinato del 23 de marzo no tuvo relación ni proporción algunas con el modesto realismo de aquellos compromisos de campaña. La muerte de Colosio fue una tragedia para el país y de manera particular para quienes impulsaban su candidatura, entre ellos el presidente Salinas.
Durante un cuarto de siglo hemos conocido recurrentes especulaciones sobre ese crimen. Ninguna ha sido probada. Los apresuramientos y confusiones en los primeros intentos de investigación así como las sospechas que se propagaron —entre otros, por parte de algunos allegados a Colosio— dificultaron las explicaciones. Docenas de personas fueron torturadas, y algunas de ellas estuvieron en prisión, como resultado de investigaciones desarticuladas e incluso disparatadas.
Más tarde, por más de cuatro años, Luis Raúl González Pérez estuvo a cargo de la subprocuraduría encargada de ese caso y encabezó a un equipo profesional que indagó todas y cada una de las versiones acerca del asesinato. Las hipótesis más mencionadas, y también las más descabelladas, fueron revisadas con escrupuloso detalle. En septiembre de 2000 se publicaron cuatro tomos que suman 2 mil 46 páginas (además de una abundante colección de documentos en formato digital) con el informe de esa que, sin duda, ha sido la investigación policiaca más exhaustiva en la historia de México.
La conclusión de aquella extensa pesquisa decepcionó a quienes tenían la certeza de una conjura criminal. No se encontraron evidencias de que Mario Aburto haya actuado en complicidad con alguien más. ¿Hubo hilos de esa enmarañada trama que se les escaparan a González Pérez y a sus colaboradores? Pudiera ser, pero hasta ahora nadie ha señalado cuáles.
La verdad demostrable con un asesino confeso, testigos, pruebas de toda índole, es que el criminal actuó solo. No se han conocido evidencias de vinculación con políticos revanchistas, narcotraficantes desairados, grupos o sectas criminales, nada. El hecho es que Luis Donaldo Colosio, un hombre bueno, inteligente y comprometido con el servicio público, fue asesinado. Más allá de especulaciones y dudas, aquel magnicidio sacudió la historia mexicana.
La misma noche del crimen, Octavio Paz manifestó: “El atentado contra Luis Donaldo Colosio es un signo ominoso del estado de la moral pública en México. En los últimos meses hemos oído y leído numerosas e irresponsables apologías de la violencia. También hemos leído especiosos argumentos que tras hipócritas condenas de la fuerza terminan por justificarla como última razón política. Si queremos detener a esta violencia que amenaza con invadir a nuestro país, debemos poner un hasta aquí a los excesos verbales e ideológicos en que incurren muchos”.
Paz se refería al clima público que teníamos en 1994. Los idus de aquel marzo envenenaban el intercambio social y político. La murmuración y la desconfianza, las descalificaciones e incluso las persecuciones infundadas, descomponían desde entonces el escenario nacional. La suspicacia —como ahora— reemplazaba a la evidencia. Un cuarto de siglo más tarde, en circunstancias diferentes, parece que no hemos aprendido a reconocer los costos de tales excesos.
Este artículo fue publicado en La Crónica de Hoy el 25 de marzo de 2019, agradecemos a Raúl Trejo Delarbre su autorización para publicarlo en nuestra página.
