Los senadores Laura Rojas del PAN y Alejandro Encinas presentaron una propuesta de Ley Federal de Transparencia que contempla la rendición de cuentas de prácticamente cualquier recurso que reciba o administren los diputados y senadores, y que sea ajeno a su sueldo.
Las Cámaras que conforman el Poder Legislativo difundirán los criterios que se toman en cuenta para asignar los recursos financieros a legisladores en lo individual, a los órganos de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.
De acuerdo a la iniciativa, esta información se presentará en un reporte semestral que incluirá el ejercicio presupuestal y destino de los recursos financieros, apoyos logísticos, económicos o materiales, subvenciones, dietas o cualquier incentivo otorgado a las entidades antes referidas.
Aunado a ello, los legisladores deberán hacer públicos los recursos financieros recibidos en lo individual por concepto de dietas, bonos, apoyos extraordinarios, informes legislativos, compensaciones y gastos de gestión; asimismo, deberán transparentar sus gastos relacionados con viajes, viáticos y gastos de representación, así como los de sus acompañantes.
Además, los partidos políticos tendrán que difundir los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias que aportar sus militantes, así como las minutas de sus sesiones nacionales.
La propuesta es una ampliación a la que hicieron senadores del PRI y el PVEM, en la cual se incluía a Pemex, CFE y al propio INAI. Sin embargo, la de Encinas y Rojas incluye a más sujetos obligados.
Entre ellos está el Poder Judicial, quien, de ser aprobado el dictamen, tendrá la obligación de hacer públicas las sentencias que emitan y que hayan causado ejecutoria, las versiones estenográficas, audios y videograbaciones de todas las sesiones.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) tendría que publicar los resultados de la evaluación docente para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente.
Por su parte, el Sistema Educativo Nacional hará pública la proporción de plazas docentes contratadas por concurso de oposición en educación básica y número de escuelas de tiempo completo.
Por último, el Instituto Federal de Comunicaciones abriría las actas de las sesiones de su pleno, presentaría las versiones públicas de las actas de las reuniones con entes regulados, cámaras industriales y empresariales.
Las medidas serán discutidas en el próximo periodo ordinario de sesiones, ya con la nueva Legislatura en funciones, el próximo 1 de septiembre.
(Con información de El Universal)
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