El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que difunda las averiguaciones previas y datos de los casos registrados por la dependencia sobre desaparición forzada, desde 1960 hasta febrero de 2015.
En un comunicado de prensa, el INAI informó sobre el fallo de un recurso de revisión de solicitud de información de un particular, a quien le fue negada la información detallada sobre las investigaciones hechas por la Procuraduría durante el periodo histórico conocido como “Guerra sucia”.
En la primera solicitud, la PGR respondió con un cuadro con información estadística del fuero federal que únicamente tenía información sobre los casos suscritos del 2000 al 2015. Aunado a ello, no había “variables que permitan conocer las razones de prescripción de los delitos, las personas ofendidas y/o víctimas, el sexo de las mismas, las dependencias a las que estaban adscritos, los funcionarios investigados ni el estado procesal de las investigaciones”.
La Procuraduría argumentó que no contaba con dicha información en su base de datos y que, por otra parte, algunos de los expedientes aún estaban bajo investigación por lo que se consideran información clasificada.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien se encargó de dar el resolutivo, sostuvo que “es inverosímil y no tiene sustento negar esta información y resolver entregando un cuadro sinóptico que, además, es insuficiente y no responde en lo absoluto al reclamo informativo”.
Esto con base en el registro existente en el Sistema Informático de Procuraduría de Justicia Federal (SIPJF), el Sistema de Registro de Detenidos y el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE).
Acuña Llamas refirió además que la Coordinación General de Investigación tiene los archivos de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), mismo que fueron utilizados para integrar el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentado en 2011.
De este modo, y de acuerdo con el dictamen del INAI, la PGR deberá transparentar el número de casos y cómo concluyeron o si aún están abiertos; cuántas acciones penales se ejercieron y contra quiénes; número e información general del total de ofendidos y/o víctima, así como el estado y conclusiones de las averiguaciones previas emprendidas por la PGR.
mahy
