Cuando capturaron a Joaquín El Chapo Guzmán Loera en febrero del año pasado, varias fuentes de primer nivel en el gabinete federal me confirmaron que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que no fuera extraditado a Estados Unidos.
La opción se puso sobre la mesa por los temores que existían sobre la posibilidad de una segunda fuga, por las dudas en torno al sistema penitenciario mexicano, incluso el de máxima seguridad.
Pero el Presidente, dicen quienes lo atestiguaron, fue muy contundente: ordenó al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que en coordinación con el canciller José Antonio Meade, explicaran a sus contrapartes estadounidenses que el hombre más buscado del mundo no sería enviado a una prisión de la Unión Americana. Debían ser especialmente corteses puesto que la ayuda de las agencias de inteligencia de ese país habían sido clave para su detención en Mazatlán, Sinaloa.
Al mismo tiempo, el primer mandatario encomendó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad Pública (encargado directo de las prisiones federales), que redoblaran la vigilancia, que no escatimaran en cuidados para que el capo del cártel de Sinaloa no se escapara de nuevo. Eso sería “imperdonable”, le declaró días después de su captura en 2014 a León Krauze en una entrevista para Univisión, que se ha vuelto más pertinente que nunca:
“Todos los días, al titular de Gobernación, es algo que ya se convierte en (un) le dije: ¿y lo tienes bien vigilado (a El Chapo)? ¿Está seguro? Porque evidentemente es una responsabilidad que hoy tiene a cuestas el gobierno de la República: el asegurar que la fuga ocurrida hace algunos años nunca más se vuelva a repetir”.
