La buena fe fue el argumento explícito y reiterado de los funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones al reclamo de las radios indígenas y comunitarias por convocarlas, el pasado dos de mayo en San Cristóbal de las Casas a una consulta indígena cosmética acerca de los lineamientos para el otorgamiento de concesiones.
De acuerdo con su propio calendario, su consulta concluiría en la Ciudad de México con una tercera etapa que denominaron “de devolución de resultados”.
La buena fe fue el motivo por el que las emisoras acordaron en asamblea recién el sábado 4 de julio, no ejecutar su plan de incidencia en la determinación del Pleno del IFT en espera de esos resultados. “No podemos hacerles la grosería de rebasarlos con un debate público en medios especializados, si aún no han dicho su última palabra”, se dijo ahí de cara al Anteproyecto puesto a consulta por el órgano regulador.
El miércoles 8, la semana pasada, el reducido grupo de comunicadores y comunicadoras que participó en la última mesa de la consulta, la de redacción de las conclusiones, comenzó a recibir llamadas telefónicas de invitación para la fase final, el próximo jueves 28, remitiéndolos burocráticamente a la espera de una próxima llamada, esta vez de la agencia contratada por el Instituto para la logística.
Apenas este lunes 13, casi por accidente, ese grupo conoció el comunicado de prensa que informa que el Pleno aprobó y emitió, el viernes 10, los lineamientos aún en consulta.
Así pues, tas la presentación de su anteproyecto, en la etapa final de devolución de resultados, no se entregará un proyecto que integre el resultado de una consulta como era lógico de esperar cuando se actúa de buena fe. Independientemente del contenido de los lineamientos emitidos, será la mera presentación de un hecho consumado, un fársico intento de legitimación de una imposición facultativa, un remedo de actitud democrática. Suma el suyo a la histórica lista de agravios contra los pueblos indígenas.
Menosprecia y subestima el IFT a las radios indígenas y comunitarias sin medir las consecuencias. Suponen que tratan con radiodifusores, ignoran que se trata de activistas de los derechos humanos, promotores culturales, activistas sociales, agentes de cambio y líderes comunitarios que emplean ese medio simplemente como herramienta.
Pasa por alto que detrás de esas emisoras hay una historia de cinco décadas lucha y resistencia, de represión y muerte, pero también de dignidad; que con esta dosis de experiencia no tienen prisa por tener una concesión ni miedo de seguir operando en las mismas condiciones.
No intuyen siquiera los consejeros ni funcionarios que, aún si hubieran sido centenas las radios que acudieron a su convocatoria, son al menos dos mil las que transmiten en los pueblos, comunidades y barrios de todos los estados del país; que las más antiguas y arraigadas en sus comunidades se han mantenido a la expectativa, desconfiando.
Su ignorante arrogancia entraña riesgos irresponsables. Lejos de contribuir a la democratización de los medios en el país, complica el inicio de una relación, jurídicamente necesaria, que aún tiene temas pendientes como las peculiaridades de los defensores las audiencias en pueblos y comunidades o las políticas públicas de apoyo, promoción y estímulo para el llamado tercer sector de la comunicación a que está obligado. Peor aún, deja fuera a muchas otras estaciones como las libres y junto con ellas a las cristianas y comerciales por lo que es de esperarse, no una oleada de operativos de inspección, decomiso y aprensiones puesto que el Estado no tiene esa capacidad, sino éstos como una condición permanente.
“Acudimos a su llamado, aquí estamos. Ahora ustedes ya tienen nuestros nombres, números de teléfono, correos electrónicos, pueblos de procedencia, nombre y frecuencia de nuestras estaciones. ¿Qué garantía tenemos que al salir de aquí no serán decomisados nuestros equipos y nosotros detenidos y encarcelados?”, preguntó un comunicador en la primera sesión de la consulta. “Nosotros hacemos esta consulta de buena fe”, respondió el funcionario. Unos días después de la segunda sesión fue encarcelado uno de los asistentes y decomisado su equipo en medio de un operativo que incluyó a varias estaciones y personas.
Nada de ello era necesario, ni siquiera la consulta que en realidad fue un mal ejercicio de recopilación de información que bien pudo resolverse con otro formato. El Pleno ha perdido otra oportunidad histórica.
Este artículo fue publicado en Enfoque Oaxaca el 16 de Julio de 2015, agradecemos a Renán Martínez Casas su autorización para publicarlo en nuestra página
