El líder de la Policía Rural de Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, Semeí Verdía Zepeda fue trasladado al penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, acusado de portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, pese a que es integrante de la Fuerza Rural.
La averiguación previa de la Procuraduría General de la República, instancia que se encargó de la consignación a Tepic, señala que Verdía Zepeda fue detenido este domingo en medio de un operativo a cargo de las fuerzas armadas y policías estatales, en la zona de La Placita de Morelos, en Aquila.
Al acusado se le vio con un fusil AR-15 con 27 cartuchos útiles y un fusil AK-47 con 30 cartuchos, así como con una escuadra calibre 9 milímetros y doce cartuchos útiles.
Sin embargo, desde que se dio la noticia los pobladores de Ostula señalaron que la detención era una “traición” por parte del gobierno estatal puesto que Verdía Zepeda es integrante de la Fuerza Rural, una de las autodefensas institucionalizadas por el entonces comisión de seguridad para Michoacán, Alfredo Castillo.
Según relatan los pobladores, el líder comunitario asistió a La Placita para reunirse con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública para hablar sobre las camionetas blindadas que le habían brindado, tras el intento de homicidio en su contra perpetrado por el edil de Aquila, Juan Hernández Ramírez.
Por ello, los habitantes de dicha región realizaron dos manifestaciones en la carretera Lázaro Cárdenas-Colima- La última terminó con un saldo de cuatro heridos y un menor de edad muerto, víctimas de un supuesto ataque directo del personal militar que acudió a dispersar las protestas.
El abogado del acusado, Ignacio Mendoza, quien se encargó de confirmar el traslado de su cliente, indicó que tiene las pruebas necesarias para demostrar que las acusaciones de la autoridad están infundadas.
Mendoza expuso que cuenta con los acuerdos que demuestran que la SSP avaló que su cliente portara el armamento antes referido, así como los pagos de nómina realizados a Verdía Zepeda por parte del gobierno de Michoacán por su labor en la Fuerza Rural.
El litigante precisó que en la resolución jurídica se establece un plazo de 144 días para el desahogo de pruebas, tiempo que consideró suficiente para derrumbar las acusaciones.
(Con información de Milenio Diario)
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