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Después de que el pasado 6 de julio, el comité de Derechos Humanos de la ONU revisó que España cumpliera con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este jueves, difundió el reporte que, a través de 11 puntos señala sus preocupaciones sobre la situación actual de los derechos civiles y políticos en ese país.
En primer lugar el Comité solicitó la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 que impide la investigación de las violaciones a los derechos humanos en el pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones durante el franquismo.
“España debe velar para que se identifiquen a los responsables, se les enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas”.
Después recomendó que el gobierno del presidente Mariano Rajoy desarrolle un nuevo marco jurídico que permita su apertura con base a criterios claros y públicos, pues reprobó que existan dificultades para acceder a los archivos militares.
En tercer lugar, señaló su preocupación por la “ley mordaza”, la cual implica un “uso excesivo de las sanciones administrativas” y “excluye ciertas garantías judiciales”, además indicó que dicha norma utiliza “términos vagos y ambiguos” que pueden traducirse en una aplicación “discreccional” de la Ley.
Sobre las denominadas “devoluciones en caliente”, que es cuando se impide el paso de inmigrantes que pretenden cruzar la frontera de forma ilegal, les alarmó que dichas expulsiones se realicen sin las garantías suficientes, por lo que revisará que esta disposición no viole el derecho de asilo.
En quinto lugar mencionó que “el Estado debe asegurar que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, el cual pone su vida y salud en riesgo, en especial cuando se trata de menores de edad”.
La ONU concluyó que en España aún existen controles policiacos basados en perfiles raciales y étnicos, y que tras las continuas denuncias de los inmigrantes, el gobierno tiene la obligación de impulsar nuevas medidas que combatan eficazmente esta práctica entre los agentes y funcionarios encargados de la aplicación de la ley.
En el mismo contexto, indicó que la policía muestras deficiencias en los casos de violación de Derechos Humanos cometidos por agentes, ya que generalmente las torturas se pasan por alto.
En octavo lugar, la ONU señaló su intranquilidad porque los agentes de seguridad privada puedan ejercer actividades llevadas a cabo por agentes del Estado después de que en 2014 se aprobó la Ley de Seguridad Privada.
El Comité de Derechos Humanos también criticó los métodos utilizados para calcular la edad de los menores que llegan solos al país, y recomendó al gobierno que elabore un nuevo “protocolo uniforme” para que los procedimientos para determinar la edad “se lleven a cabo con métodos seguros y científicos”.
En décimo lugar reprobó que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) internen a los inmigrantes en sus instalaciones de forma “recurrente”, además de que sus establecimientos carecen de condiciones higiénicas adecuadas.
Por último habló sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres. “El Estado debe procurar el aumento de la participación de las mujeres en el sector público y privado. Y, de ser necesario, tiene que aplicar medidas especiales de carácter temporal para conseguirlo”.
(Con información de El País)
slg
