Para nadie es una sorpresa que la ilegalidad crece en el país. Lo mismo en las estadísticas de homicidio que en la incertidumbre de los tratos económicos. El Presidente de México está colaborando al fenómeno.
La legalidad está lejos de ser una especialidad presidencial mexicana. Por el contrario, incumplir las leyes según las necesidades políticas o económicas de la hora fue su marca de fábrica.
No habíamos tenido, sin embargo, dentro de los años de la joven democracia mexicana un presidente que fuera él mismo origen de tantas conductas ilegales o impugnables legalmente.
El síntoma menos desalentador de este panorama, es que la ilegalidad venida del gobierno, según el recuento hecho por María Amparo Casar y José Antonio Polo resumido ayer en esta columna, no se da sobre un terreno civil inerte, donde nadie opone resistencia (https://www.nexos.com.mx/?p=43039).
Por hablar de las ilegalidades mayores, las que violan la Constitución, Casar y Polo comparan el número de controversias constitucionales presentadas en los primeros seis meses de gobierno de Enrique Peña Nieto y en los primeros seis de Andrés Manuel López Obrador.
Las cifras son: menos de 50 controversias con Peña Nieto y más de 150 con López Obrador. Un aumento de 259 por ciento.
Directamente presentadas contra decisiones del Ejecutivo, en los seis meses del gobierno de López Obrador, se han registrado siete acciones de inconstitucionalidad, 34 controversias constitucionales y más de 5 mil amparos.
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