El Instituto Nacional Electoral (INE) incautará al Partido del Trabajo (PT) 65 millones de pesos en bienes, luego de que el partido político no alcanzara el 3% de la votación federal que le permitiera continuar con su registro.
De acuerdo con un reporte del diario Reforma, los bienes reportados por el Comité Ejecutivo Nacional del PT incluyen el edificio de sus oficinas centrales en el DF, cuyo valor es de 46 millones de pesos; mobiliario por 4.4 millones y equipo de cómputo por 14.3 millones.
Asimismo, el inventario incluye mobiliario y equipo de la Comisión Estatal de Guerrero por 164 mil pesos, así como equipamiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Jalisco por 44 mil.
Todo esto se ejecutará en cumplimiento con la ley de partidos, que regula la liquidación de un instituto político cuando no alcanza el 3% de una elección federal, y toda vez que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral designó al contador público Gerardo Sierra como interventor para revisar las cuentas del PT.
Sierra Arrazola asumirála administración de todos los bienes y recursos del partido a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme la pérdida del registro a más tardar el próximo 3 de agosto.
Si bien es inminente que el partido político pierda su registro, su representante en el INE, Pedro Vázquez, acusó a la Comisión de Fiscalización de violar la Constitución al nombrar a un interventor de sus bienes, antes de que el Tribunal Electoral emita el dictamen final.
“Exijo a la señora y los señores consejeros que realicen una interpretación pro persona, de los derechos de miles de personas que votaron por el PT. No pueden actuar bajo el letrismo de la ley”, declaró al iniciar la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se designó a Sierra.
No obstante, en cuanto a transparencia, el partido ha dejado mucho que desear, ya que en el mismo reporte Reforma revela que en la revisión del informe de gastos 2013, la Unidad de Fiscalización del INE detectó errores contables, irregularidades y omisiones que ameritaron una multa de 11 millones de pesos.
En tal informe se documenta la falta de pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda, obras realizadas sin soporte documental presupuestario y comprobatorio, facturas sin requisitos legales, reportes con datos contradictorios, entre otras anomalías.
Inclusive se documentan las ostentosas remuneración que recibían los dirigentes del partido, entre 6.5 y 6.8 millones de pesos, de los cuales los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional se llevaron entre 5.6 y 6.5 millones de pesos, mientras que los dirigentes de las comisiones ejecutivas estatales recibieron 1.6 millones de pesos.
(Con información de Reforma)
ahea
