Todo terminó siendo una profecía autocumplida. Por eso hubo indignación, pero no sorpresa. Desde que se reveló el escándalo con la investigación de Areli Quintero en el portal de Carlos Loret, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Manuel Bartlett era inocente y que al director de la CFE lo atacaban los “conservadores” enojados por el fin de sus privilegios y negocios.
El propio Bartlett también se anticipó al adelantar el argumento que a la postre lo absolvería: su pareja y sus hijos son económicamente independientes y no tenía porqué declarar sus bienes. La Secretaría de la Función Pública confirmó el vaticinio del Presidente y el criterio del implicado, absolviéndolo de cualquier responsabilidad. ¿Quién lo hubiera imaginado?
No se desvirtuó una sola prueba aportada, pero la autoridad consideró que el funcionario no tenía la obligación de declarar las 23 casas y 12 empresas que omitió, ni siquiera en las dos en las que está registrado como socio. Para ello, la SFP recurrió a tecnicismos que, supuestamente, sustentan su incapacidad legal para desentrañar la cuestión fuera de toda duda.
La ley establece que deben declararse los bienes de cónyuges, concubinos y dependientes económicos. Su relación sentimental con Julia Abdalá data de hace dos décadas y, sin embargo, la SFP dio por bueno que no se cae en ninguno de los supuestos porque no están casados, tiene sus propios ingresos, no procrearon y no viven en la misma casa. ¿Cuál es la evidencia de esto último? Que declararon domicilios distintos, pues tienen dos decenas de inmuebles para decidir dónde establecer cada uno su “residencia oficial”. Es un evidente fraude a la ley, pues no hay duda de la durabilidad y estabilidad de su relación sentimental.
Con los hijos sucedió algo similar, pues el deslinde se basa, igualmente, en su independencia económica. A la SFP no le llamó la atención que hayan adquirido onerosas propiedades en zonas exclusivas de la Ciudad de México desde los 24 años y tampoco quiso investigar si hubo dinero de Manuel Bartlett en la compra de bienes y empresas ni de sus hijos ni de Abdalá porque “son particulares”, es decir, se rehusaron a resolver la litis de las denuncias, pues se les señala de servir de prestanombres del director de la CFE y la única forma de hacerlo es verificando el origen de los recursos con que las adquirieron.
Lo que vimos fue una pantomima para justificar la impunidad anunciada desde el inicio por el Ejecutivo, tal y como aconteció con la investigación de Virgilio Andrade sobre la Casa Blanca de Las Lomas en el sexenio pasado. Por eso no extraña que Irma Eréndira Sandoval haya reciclado muchos de los argumentos que utilizó su antecesor. Escribió Marx en su archicitada frase del Dieciocho Brumario que, cuando la historia se repite, la primera es como tragedia y la segunda como farsa, pero sería más acertado caracterizar ambos episodios en lo que José Agustín llama con tino “tragicomedia mexicana”.
Quien usa la justicia para absolver a sus cercanos, también la usa para perseguir a sus adversarios. El contraste no podía ser mayor.
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