Recomendamos: Michoacán y la publicidad oficial, por Ernesto Villanueva

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde tiempo atrás la publicidad oficial ha desestimado el tiraje, los niveles de audiencia y su público objetivo, temas básicos en las leyes del mercado de publicidad, a favor de la discrecionalidad y las decisiones políticas sin más soporte que las filias y fobias del gobierno en turno. La aprobación de la Ley General de Comunicación Social en 2018, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue un despropósito porque eleva a rango de ley la discrecionalidad que se buscaba precisamente combatir. En ese contexto, en Michoacán se ha aprobado un decreto sobre publicidad oficial que rebasa los requerimientos generales de las prácticas democráticas internacionales que, como toda obra humana, puede ser mejorable, pero es un punto de partida de vanguardia. Existen elementos que sustentan esta afirmación:

Primero. La batalla académica y las declaraciones de organizaciones sociales siguen teniendo como objetivos normar los mínimos necesarios para considerar que un conjunto normativo es compatible con una sociedad democrática: a) evitar que el gobernante se promocione con cargo a los recursos del pueblo. (El artículo 134 constitucional lo prevé, pero la ley secundaria permite hacer nugatoria esa disposición al máximo nivel jerárquico jurídico); b) prohi­bir que se asignen pautas publicitarias para beneficio directo o indirecto de un partido político; c) asegurar que haya criterios públicos y observables para la asignación de recursos públicos a los medios; d) garantizar que haya equidad en el programa de pautas de publicidad oficial, y e) establecer mecanismos que permitan impugnar administrativa y judicialmente si las disposiciones anteriores no se observan en sus términos. En América Latina esa lucha sigue como una asignatura pendiente y las resistencias al cambio gozan de cabal salud. En México, si en el ámbito federal el mensaje es la discrecionalidad, la inequidad y la opacidad, en los estados y municipios no se complican la vida y la lista de explicaciones de por qué no se regula la publicidad oficial es inmensa. Es más fácil que coexistan los usos y costumbres de premiar la obsecuencia y castigar la crítica al margen de la mínima racionalidad del mercado.

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