La democracia partidista es un tema pendiente (y desterrado) de la larga lista de reformas legales que avanzan en la consolidación de esta forma de gobierno en México. Las reglas no escritas de la política incluyen mecanismos que simulan inclusión, como las “tómbolas”, o “consenso”, como el dedazo. Este pendiente es suma importancia porque la principal función de los partidos es la rotación pacífica de las élites en el poder.
Ante la resistencia de los propios partidos políticos a legislar sobre cómo ejercen el poder y para quién lo ejercen, por obvias razones, se propone hacerlo desde la sociedad civil con las siguientes propuestas específicas:
- Procesos de selección públicos, transparentes y periódicos de dirigentes de todos partidos políticos. Con una reforma a la ley, los partidos políticos podrían estar obligados a elegir un método propio para lograr la renovación de sus dirigencias nacionales y estatales mientras éste sea democrático y cuente con el aval de la institución electoral, así como recursos de impugnación autónomos.
- Revocación de mandato a la dirigencia. Los procesos de rendición de cuentas a la militancia son prácticamente nulos. Con una reforma a la ley, se podría obligar a los partidos a incluir técnicas (elegidas por sus propias asambleas) para castigar o premiar después de los resultados electorales y las decisiones que tomen al interior de los partidos. Esto obligaría a la élite del partido a mantener una relación con sus bases, una relación que podría influir en el monopolio de la élite sobre las candidaturas a cargos de elección popular y el rumbo de la institución.
- Sanciones para los militantes que fomenten la violencia en contra de los opositores, ciudadanos o integrantes del mismo partido. Los partidos requieren de comisiones de justicia con funciones similares a los Órganos Internos de Control, que permitan evaluar la comisión de faltas administrativas graves o no graves de todos los militantes en relación a los valores democráticos. El rechazo a las leyes vigentes, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos y el discurso de odio configuran el peor escenario posible para las instituciones y el derecho de los ciudadanos a decidir entre opciones políticas. Los partidos pueden detenerlo desde sus filas, pues siguen siendo el mecanismo más efectivo para facilitar o, en su caso, evitar el ascenso de líderes autoritarios.
- Capacidad de incidencia y decisión de actores en el partido: género, edad, etnicidad y discapacidad. Además de las cuotas que ya establecen las disposiciones vigentes, se pueden incluir sanciones para quienes infrinjan la violencia política de género y la discriminación a personas por su edad, género o discapacidad.
Ni los dirigentes ni los militantes son democráticos por naturaleza. La tentación de concentrar funciones y toma de decisiones se mantendrá en los liderazgos de los partidos si no se “imponen” condiciones democráticas desde su andamiaje legal. Si bien la democracia no se construye por decreto, sí se puede motivar para que se desarrolle. No se trata sólo de encontrar formas más transparentes e incluyentes para la elección de candidatos o dirigencias sino de mejorar la toma de decisiones.
