En la Comisión Permanente, que iniciará sus trabajos este viernes, se puede parar la intentona de violentar la Constitución para otorgarle mayores facultades al presidente de la República en materia de presupuesto y que en los hechos arrebatará esa atribución a los diputados. Para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, Morena y sus aliados requieren de 25 votos y cuentan con 24.
Los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD tienen en sus manos cuando menos posponer la aprobación de lo que será una regresión mayor en materia de división de poderes. Ojalá aguanten las presiones y piensen en sus electores y el futuro del país.
Los diputados de Morena ya elaboraron un dictamen en el que precisan algunos de los alcances de la iniciativa presidencial, pero que en los hechos es tanto o más perjudicial que la propuesta original.
Lo primero que se determina es el carácter de “emergencia económica”, el que se establecerá cuando se estime que la economía caerá en un punto porcentual respecto al trimestre del año anterior.
Pero como los datos certeros que proporciona el INEGI y el Banco de México no se pueden conocer sino hasta meses después de lo requerido, la Secretaría de Hacienda realizará los análisis respectivos para sustentar la necesidad de una reorientación del presupuesto sin necesidad de que la Cámara de Diputados lo apruebe. Es como la elevación a ley de “los otros datos”.
El presidente de la República contará con la facultar de cambiar el presupuesto hasta el 10 por ciento del total, pero después de eso consultará a la Cámara para que esta atienda y en su caso apruebe ajustes todavía mayores.
Esto es, no hay límites y todo puede ser cambiado, aunque por lo pronto ya se tiene en la mira al Fondo Metropolitano, lo que dará al traste con diversas obras de infraestructura, para trasladar los recursos a asuntos tan urgentes como el parque ecológico de Texcoco.
Si bien las facultades extraordinarias de la emergencia solo están contempladas para el ejercicio presupuestal en curso, no sería extraño que entremos a una emergencia continua debido a los padecimientos de nuestra economía y a sus malos augurios.
En la actualidad la propia Ley ya contempla adecuaciones al presupuesto cuando la recaudación no fue la proyectada y el presidente tiene la atribución de hacer los cambios respectivos, pero ahora se trata de otra cosa y ahí está el problema o el diablo escondido.
En el fondo, la iniciativa es para tratar de darle una barnizada legal al decreto presidencial del 23 de abril que sustenta el aumento de la austeridad, hasta grados ya poco manejables y que, al mismo tiempo, coloca como prioridad nacional la ejecución de 38 programas.
Estamos, y más vale entenderlo, ante una disyuntiva que nos puede conducir a la legalización del capricho y a la programación de las ocurrencias, con todo lo que ello implica.
