La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió a los funcionarios, especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, de que deben cumplir la prohibición de usar canales oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales, conducirse con imparcialidad y neutralidad y abstenerse de presentar información sin respaldo de origen y autenticidad.
Si bien la Comisión declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) contra López Obrador y Ramírez Cuevas por uso indebido de recursos públicos con impacto en materia electoral, también consideró que “los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido y proveniente de una fuente desconocida y aparentemente carente de autenticidad y validez, lo que pudiera afectar la equidad en la contienda y las preferencias ciudadanas”. Sin embargo, no cumplen con los requisitos de prueba de que esa “conducta continuará o se repetirá en el tiempo”.
El pasado 9 de junio, durante la conferencia de prensa presidencial, López Obrador y Ramírez Cuevas presentaron un documento titulado “Rescatemos a México”, del que, como ellos mismos afirmaron, desconocían origen y autenticidad (López Obrador dijo que “fue enviado a Palacio Nacional, posiblemente por un simpatizante que trabaja con ese grupo”), pero atribuido a un supuesto “Bloque Opositor Amplio”, entre cuyos promotores se incluyó a “grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Al día siguiente López Obrador comentó sobre la difusión del documento antes mencionado que “no afecta nada; el que no tiene injerencia en este asunto pues qué le preocupa. Yo lo di a conocer porque me lo entregaron y mi pecho no es bodega. Qué voy a andar guardando los documentos, porque además la política es asunto de todos”.
De allí vinieron las denuncias presentadas por PAN y PRD.
La Comisión, ante la realización de dos procesos electorales locales y de que en septiembre comenzarán los procesos federal y varios locales, reiteró que si en el futuro continúan las “conductas posiblemente antijurídicas” podrá dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente.
Entonces la Comisión de Quejas y Denuncias hace un pronunciamiento para todos los servidores públicos, “de todos los ámbitos y niveles de gobierno”, pero especialmente para el presidente y su vocero, para que respeten “la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales” y “de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad”.
En un tuit, el consejero del INE Ciro Murayama, apuntó: “Si el presidente o su vocero reinciden en utilizar la mañanera para hablar de temas electorales (como ocurrió con el supuesto BOA), serán acreedores a medidas cautelares por parte de la autoridad, advierte la Comisión de Quejas del @INEMexico”.
