Ayer se cumplieron 2 años y tres meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. El 26 de septiembre de 2014, el estado era gobernado por el expriista, postulado por el PRD, Ángel Aguirre. En Iguala, de donde salieron los autobuses tomados por los normalistas, mandaba el matrimonio Abarca.
Ayer se celebró misa en la Basílica de Guadalupe para recordar, para exigir justicia, para orar por la paz, para que la fe en la reconciliación no se extinga. El caso de los 43 de Ayotzinapa dejó a padres huérfanos de hijos, un estado colapsado por la corrupción criminal, por la negligencia de sus autoridades, un batidillo informativo, río revuelto para la ganancia de pescadores de trascendidos, de filtraciones y versiones inverosímiles.
Peor aún, a 2 años y 3 meses de que esos jóvenes robaron (tomaron prestados para trasladarse) cuatro autobuses de pasajeros que cubrirían distintas rutas locales, y una internacional, hasta la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, México se ha manchado frente a activistas internacionales como la nación donde 43 jóvenes pueden desaparecer sin dejar rastro, o donde 72 inmigrantes indocumentados pueden ser ejecutados como parte de las cientos de batallas privadas que entre sí libran distintos grupos delincuenciales en el país, lo mismo en Guerrero que en Tamaulipas.
La reacción tardía de autoridades a nivel federal en las primeras horas, a días de ocurrida la desaparición de los 43, con las competencias entre niveles de gobierno y ministerios públicos sin claridad respecto a la naturaleza de esos delitos en ciernes, le ha valido al gobierno del Presidente Peña Nieto una cicatriz que cruza a su sexenio de cabo a rabo.
La PGR cuenta en estos 2 años y 3 meses a tres titulares distintos, a decenas de expertos que han aportado datos y pruebas periciales, la necesaria verdad se esconde entre adjetivos de “verdadera”, “histórica” o “pactada”, una investigación exhaustiva, multidisciplinaria, con peritos y observadores internacionales que también han buscado y encontrado sus espacios para el protagonismo político, para la grilla diplomática.
Hay decenas de detenidos y procesados, más de 115 personas enfrentan juicios, condenas, interrogatorios que han labrado un rompecabezas macabro, de hogueras infinitas en basureros de Cocula, en laderas de ríos y afluentes, reconstrucciones de dichos, narrativas de verdugos y matarifes que siguen siendo blanco de ataques sistemáticos por parte de activistas sociales y mediáticos.
Ni peritajes desde Innsbruck, Austria, han podido restaurar la confianza social extraviada, despistada por abogados y representantes, por voceros, por resabios de historia pasada que quieren hacer presente, por antecedentes rescatados por medallas y preseas como la “Belisario Domínguez” para Gonzalo Rivas, raíces de una comunidad atrapada entre la gloria y el narcotráfico.
Tras 2 años y 3 meses, seguirán las marchas, las misas, las penas y las orfandades.
