La Suprema Corte de Justicia tiene ante sí una decisión central para la libertad de expresión, sin exagerar: en unos días discutirá el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que tiene el riesgo de imponer la censura y ensanchar los privilegios de los políticos ante los medios de comunicación.
Diversos medios, entre ellos naturalmente la revista etcétera, hemos difundido y cuestionado los detalles de aquel proyecto porque un tema es el derecho de réplica y el aporte que este tiene no sólo para el intercambio público sino para que los ciudadanos no estén a expensas de la impunidad, y otro asunto es abrir la puerta para que se reclame ese derecho con la sola argumentación de que los contenidos noticiosos, aunque sean verídicos, así como se lee, aunque sean verídicos, causen algún agravio a la persona involucrada en esa información y entonces demande acceso a los medios de comunicación. El proyecto de Pérez Dayan dice que los criterios para ejercer la réplica son que el demandante se diga “humillado, ofendido o vejado”, es decir, enumera aspectos subjetivos que tienen el serio riesgo de traducirse en la arbitrariedad de los actores políticos y, claro, en la censura y autocensura de los medios.
Además de otros enormes inconvenientes y riesgos, el proyecto del ministro plantea que los actores políticos podrían no acudir directamente con los medios sino establecer las querellas judiciales fuera del ámbito de la autorregulación, que es un principio fundamental del trabajo periodístico; junto con ello, la opinión periodística también podría ser sancionada aunque se trate de eso, precisamente, un enfoque crítico sobre cualquier funcionario público o sujeto político. Por si esto fuera poco, en tiempos electorales, los partidos y los políticos podrían demandar la réplica a los medios desde las autoridades electorales.
Esperamos que la Suprema Corte rechace de manera contundente este proyecto.
