Portada de La Jornada, 24 de mayo de 2019.
Durante 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el desabasto de medicamentos a intentos de la industria farmacéutica por perpetuar la corrupción y la lucha de su gobierno contra ella, pero la Auditoría Superior de la Federación reveló que gran parte de ello fue resultado de la falta de coordinación al interior del gobierno, la poca claridad en los procesos de compras y deficiencias en las normativas. En suma, ineficiencia.
En la tercera entrega de resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF informa que se detectaron deficiencias en la normativa relacionada a la compra de medicamentos. Esto “puso en riesgo la adecuada regulación, para llevar a cabo las adquisiciones consolidadas, específicamente de medicamentos”.
La normativa “no fue congruente en sus facultades y atribuciones”. Hubo duplicidad de funciones y poca claridad sobre qué dependencia recaían las responsabilidades.
El documento refiere como ejemplo dos acuerdos diferentes, que muestran falta de claridad en las normativas. Son acuerdos que hablan de la manera en que las dependencias públicas deben coordinarse con el poder Ejecutivo para la compra de medicamentos. En uno de ellos, del 3 de mayo de 2019, se indica que deben trabajar con la Secretaría de Salud, pero en otro, del 16 de octubre, se indica que se debe colaborar con la Secretaría de Hacienda.
Y refiere el caso concreto de la licitación LA-012000991-E82-2019, cuya adecuada implementación se puso en riesgo “debido a que no se emitieron normas específicas que permitieran a las dependencias y entidades participantes ajustarse a lo establecido”.
Además, señala, el gobierno federal “no definió los procesos que llevó a cabo para el seguimiento y evaluación de las adquisiciones consolidadas”.
Otra grave deficiencia, esta durante el segundo semestre de 2019, se verificó con respecto a “la metodología para el análisis de la información de las cotizaciones y precios, así como de mecanismos de evaluación de la utilidad y contribución para asegurar las mejores condiciones de compra”. Es decir, el personal encargado no mostró el suficiente conocimiento técnico para la planeación de compras.
Durante 2019, la Secretaría de Salud realizó 1005 contratos, por mil 420 millones 113 mil 800 pesos. De esos, 648 millones 479 mil 400 pesos correspondieron a contratos otorgados por licitación pública; 170 millones 910 mil 600 fueron por invitación, 572 millones 670 mil 200 fueron compras a otras entidades públicas y 28 millones 53 mil 200 fueron por adjudicación directa.
Estos datos y cifras pintan un panorama muy diferente al que comunicó el gobierno federal en 2019, cuando el sector Salud sufrió un grave desabasto de medicamentos e insumos. El presidente declaró en varias ocasiones que se estaba luchando contra la corrupción de la mafia farmacéutica, que se negaba a renunciar a sus elevadas ganancias. Según él, debido a que se estaban desmontando los negocios que se hacían dentro del IMSS y el ISSSTE, en represalia las grandes empresas se negaron a venderle al gobierno.
Incluso, llegó a acuñar la expresión “huachicoleo de medicinas”, para referirse al robo interno de los productos.
Sin embargo, muchos empresarios del ramo aseguraron que los procesos de licitación eran confusos, se lanzaron con retraso, hubo muchos errores y ello había impedido proveer al gobierno de insumos en tiempo y forma.
Los datos de la ASF revelados este fin de semana muestran que el presidente mentía.
