¿Salvar vidas de las garras de la covid a costa de destruir la economía, o salvar la economía (y con ello impedir el desgaste de muchas vidas al borde o inmersas en la pobreza) a costa de permitirle más espacio a la enfermedad? Así se ha planteado en el debate público durante toda la pandemia. Así se entendió por parte del Gobierno de México desde el principio. A las puertas de cumplir un año desde el primer caso detectado en el país, los datos empiezan a ser suficientes para hacer una valoración inicial comparativa de cómo ha actuado cada país en este (supuesto) dilema. Los resultados para México no son buenos.
México está entre los primeros con más exceso de muertes en 2020, dentro de una muestra variada de 60 países (incluyendo Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú), que son los que hasta ahora ofrecen datos suficientes para medir con cifras del año cerrado. No hay que tomar esto como un ranking inamovible ni completo: la comparación interanual de las muertes en un país, lo que da el exceso de defunciones que puede atribuirse a un fenómeno concreto, en este caso la pandemia, depende de cómo se construye la media de los años previos (Brasil, por ejemplo, varía entre menos de 200.000 y más de 230.000 según se emplee una u otra metodología). También influye la estructura de la población: en teoría, aquellos países con más personas vulnerables a la covid que no habrían fallecido en un año normal (por ejemplo, afectados por comorbilidades tipo diabetes o enfermedades pulmonares) se ven levemente penalizados por esta métrica. La edad también importa, porque el exceso es menor en poblaciones más envejecidas: al fin y al cabo, estas tienen una mortalidad más alta cualquier otro año.
Pero nada de ello cambia el hecho de que en México murió mucha más gente de la prevista, alrededor de 300.000 almas extra según los datos que pueden extraerse de un estudio comparativo publicado recientemente, a pesar de que la cifra oficial cuenta hoy 175.986 decesos. El exsecretario de Salud Salomón Chertorivski se ha mostrado de acuerdo con esta previsión. Otras estimaciones, aún provisionales por frenarse a mediados de diciembre, se sitúan en la órbita de 270.000, si bien a estas aún cabría añadirles las que provienen del pronunciado pico de final de año.
Las mentadas condiciones de salud previa de la población han sido argumento del Gobierno, como de otros que trataban de matizar los datos de la tragedia. Pero para todos ellos el argumento se puede volver en contra: si desde el principio se sabía del perfil de vulnerabilidad de la propia ciudadanía (comorbilidades en México, ancianos alojados por residencias en España, falta de acceso a emergencias en ciertas zonas de Perú o Brasil), ¿por qué no se reforzaron las medidas en favor de esta población vulnerable?
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