Luego de casi dos años y medio, se está demostrando que la oportunidad que tenía ante sí el nuevo gobierno se está perdiendo, ya que pese al apoyo popular con el que arribaron al poder no han podido corregir todo aquello que durante la campaña electoral de 2018 denunciaron como negativo. Una prueba es el combate a la corrupción, asignatura en donde no se ha visto la detención o, al menos, la presentación de denuncias en contra de buena parte de los funcionarios del gobierno de Peña Nieto.
No mentir, no arreglar, no…
Hay palabras que no se pueden conjugar en tiempos de la 4T. Resolver, reparar, corregir o arreglar son algunas de ellas.
Esto por varios hechos que se han presentado desde el arribo del lopezobradorismo al poder al frente del ejecutivo federal.
Por ejemplo, de poco sirve una Comisión Nacional de Derechos Humanos inactiva o que, debido a cuestiones ideológicas, se encuentre ausente en buena parte del debate nacional, pero esto es lo que se hizo con un nombramiento cuestionado que ha sacado de acción a la instancia de la defensa de dichos derechos y hasta ha visto, a una de sus sedes, invadida en medio de denuncias de que ha dejado solas a las víctimas.
El caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es otro claro ejemplo de esto. En lugar de limpiar el proyecto de corrupción, presentando las denuncias correspondientes para que se juzgue a los responsables de desvíos, especulación inmobiliaria o cualquier otra irregularidad, se decidió cancelar la obra con un costo de más de 100 mil millones y emprender una nueva construcción en una zona que despierta dudas acerca de su viabilidad.
Aquí era mejor corregir lo denunciado como corrupción en lugar de emprender una consulta y un proyecto que retrasaron la entrada en funcionamiento de una infraestructura que era necesaria para el país, sin un solo culpable en la cárcel.
Muchos hubieran preferido ver al actual presidente inaugurar una obra en la que haya demostrado su capacidad en el combate a la corrupción, que seguir en un debate sin fin y sin tener una obra necesaria en funcionamiento.
Otra muestra de esto es la manera en que se desbarató parte de la infraestructura del sistema de salud con la cancelación del Seguro Popular. En lugar de resolver las deficiencias detectadas, de corregir los problemas de funcionamiento y arreglar los temas relacionados a la corrupción que se hayan encontrado, se decidió cancelar una institución que estaba en funcionamiento, provocar un desabasto de medicinas, afectar a pacientes –como los niños con cáncer– y tampoco tenemos responsables juzgados.
Las decisiones económicas tomadas tampoco se orientaron a la solución de los problemas denunciados con relación al neoliberalismo, pues de entrada se siguió privilegiando algunos aspectos de este modelo, como la entrada en vigor de una revisión del Tratado de Libre Comercio –ahora bajo la forma del T-MEC–, que ha servido de poco ante un crecimiento cero en 2019 y una baja en el PIB de 8 por ciento en 2020; no se apreciaron las correcciones a algunos aspectos que el presidente no se ha cansado en denunciar en sus conferencias mañaneras.
El caso Lozoya también refleja esta falta de actitud para resolver el tema de la corrupción. El exdirector de Pemex, se encuentra cómodamente instalado en su casa en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, las pruebas aportadas no han conducido a la elaboración de carpetas de investigación en contra de algún funcionario del sexenio pasado, pero sí para perseguir a militantes de uno de los partidos de oposición, curiosamente en época electoral.
Aquí tampoco se aprecian las ganas de corregir una situación que ha sido reprobada por la ciudadanía, como es el saqueo del erario durante el peñanietismo.
Y la relación con los medios de comunicación muestra que la intención no es resolver una situación que ha sido denunciada como negativa, sino que sirvió para terminar controlando a buena parte de la prensa para acallar la crítica.
Si bien era cuestionable que la asignación del presupuesto de publicidad oficial se designara de acuerdo a negociaciones entre los funcionarios públicos y los dueños de los medios, en lugar de resolver el problema y transparentar la manera en que se determinan qué medio recibe recursos presupuestales, lo que se hizo fue recortar la publicidad, provocar miles de despidos y la continua confrontación del presidente y medios, pero manteniendo a un diario afín como beneficiario de una gran cantidad de dinero sin que se justifique por su tiraje, alcance o pluralidad.
Es decir, no se arregló el problema y se crearon algunos más, como la quiebra de algunos medios y la pérdida de fuentes de trabajo.
Asimismo, las quejas de diversos activistas –como la oposición al Tren Maya o la hidroeléctrica en la Huesca, Morelos– demuestran que no se ha reparado la destrucción de la interlocución social para emprender cualquier tipo de proyectos. Es más, no ha habido diálogo con otros sectores sociales, ni con partidos de oposición, pues no se quiere resolver mediante este mecanismo ninguno de los problemas que se han presentado o buscar el consenso para encontrar las soluciones de común acuerdo.
Así, no se arregla, resuelve, compone, repara o corrige alguno de los problemas que tiene el país, porque la intención no es esa, sino generar una polémica eterna que permita al presidente estar presente en las conversaciones que se dan en redes sociales y en las publicaciones de los medios de comunicación.
