En el informe Leyes del Silencio, acoso judicial a la libertad de expresión en México y Colombia, tres organizaciones de defensa de periodistas señalaron que los periodistas mexicanos son víctimas cada vez más frecuentes de un tipo de acoso pensado para acallarlos, desequilibrarlos y provocarles sufrimiento emocional y económico: el hostigamiento judicial.
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, Artículo 19, la Fundación para la Libertad de Prensa y Justice for Journalists presentaron un informe elaborado por decenas de especialistas, para documentar un fenómeno del que no se ha hablado lo suficiente y que va en aumento en los dos países objeto del informe.
El hostigamiento judicial es el abuso de los mecanismos de justicia o legales para intimidar a las personas que se dedican al periodismo y/o a los derechos humanos, por medio de demandas en contra de la “difamación”, la “calumnia” y la defensa del honor o el “daño moral”, cuando a algún personaje público le interesa frenar la labor de un periodista al divulgar información de interés público.
“La tendencia sobre el acoso judicial en la región -aun entendiendo que hay subregistro- es que los casos aumentan. Sólo en Colombia hubo un aumento significativo. La FLIP pasó de registrar 14 casos de acoso judicial en el 2017 a 66 casos en el 2019, en 2020 se registraron 36. En el caso de México, en el 2015 se registró 1 sólo caso. Para 2017 aumentó a 13 y escaló a 21 en 2019, en 2020 alcanzó 39 casos registrados”, dice el informe.
Señala que “en México existen diversas normas penales, civiles y de propiedad intelectual que posibilitan el acoso judicial, lo que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas”.
Estas normas tienen diversos efectos en el ejercicio de la libertad de expresión. Dice lo siguiente:
-Restringir injustificadamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
-Miedo a las consecuencias por la realización de determinada acción comunicativa cuya realización debería estar protegida.
-Imposición de medidas excesivas y desproporcionadas.
-Temor del daño ocasionado, incluyendo los costos de acceso a la justicia o litigio.
-Falta de certeza jurídica proporcionada por las leyes.
Es decir, que generan un “efecto inhibidor y de temor” para el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión. Esto ocurre con frecuencia en casos en que un personaje público es cuestionado por su actuar como funcionario y recurre a demandar al periodista por supuesta difamación, en lugar de sostener un sano debate democrático y transparentar su actuar como servidor público.
“En México existen diferentes figuras penales que facilitan el acoso judicial de personas defensoras y periodistas como los delitos contra el honor. Estos se encuentran regulados en los diversos Códigos Penales de las entidades federativas. Dichos delitos contra el honor, también conocidos como de desacato, son la difamación, calumnia e injuria. En general, son todas las expresiones que afectan el honor de una persona. Por lo general, funcionarios públicos o personas privadas con proyección pública recurren al uso de estas figuras como mecanismo para desincentivar y censurar la crítica. Se justifica su existencia con el pretexto de la necesidad de proteger el adecuado funcionamiento de la administración pública”, dice.
Por ello, el informe llama a desaparecer la figura jurídica de “delitos contra el honor” ya que es pretexto para inhibir la labor periodística.
Caso similar son los casos de “daño moral”, que usualmente se acompañan con la solicitud de que el periodista indemnice al afectado con una fuerte suma.
“En este sentido, personas periodistas y defensoras de derechos humanos en el país han atravesado un camino tortuoso por demandas que les exigen el pago de cifras exorbitantes por un supuesto daño moral provocado por notas o contenidos que han publicado”.
El informe pormenoriza en casos concretos de periodistas mexicanos que se han visto sujetos a hostigamiento judicial, por motivo de su labor informativa.
El informe completo puede leerse en este LINK
