A la voz de “a nosotros nos interesa la seguridad del pueblo, mientras a las compañías telefónicas las utilidades”, el presidente López Obrador ha defendido el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, argumentando que, con dicho padrón, se iba a tener mayor seguridad frente a los criminales, quienes usan los teléfonos para extorsionar y delinquir. Lo malo es que los criminales jamás utilizarían dicho padrón, usarían otros chips de celulares traídos del extranjero o, simplemente, lo seguirían haciendo desde las cárceles.
PANAUT, DE TODO MENOS SEGURIDAD
El padrón no servirá para la seguridad. Al contrario, el padrón al exigir del usuario nombre completo, dirección, tarjeta sim y sus datos biométricos sería una fuente de robo de identidad fantástica. Lo vimos con el anterior registro, el Renaut, donde quienes dieron sus datos para poder acceder a un celular vieron sus datos vendidos hasta en la plaza Santo Domingo.
El padrón en su mecanismo de cabildeo generó de todo, menos confianza. El subsecretario de Seguridad Pública de Segob, Ricardo Mejía, quien defendió el nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil, estuvo envuelto en la filtración del padrón electoral cuando era militante de Movimiento Ciudadano. El INE lo multó en 2016 por no cuidar el padrón electoral. En resumen, el Panaut ni sirve para seguridad ciudadana, y al contrario, es una fuente de robo de identidad de los 120 millones de personas que usemos el celular.
SE FRENA DAR DATOS BIOMÉTRICOS
Ante ello, los organismos autónomos se fueron por acciones de inconstitucionalidad contra el padrón. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidido por Adolfo Cuevas, logró que la ministra de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, mediante el acuerdo de 11 de junio del 2021, concediera la suspensión del padrón. La suspensión se mantiene mientras se llega al fondo. Mientras tanto, los usuarios de teléfonos celulares pueden respirar. No habrá ni registro exigido. Ni los usuarios de los teléfonos se venrán obligados a dar sus datos biométricos. Por lo pronto, los comisionados del IFT (Adolfo Cuevas, Javier Juárez, Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho) no tendrán que realizar las normas para el padrón.
SUSPENSIÓN EN IFT, PERO CONGRESO Y EJECUTIVO…
La ministra Piña Hernández, de entrada, vio un problema con el Panaut: sí pone en entredicho la autonomía constitucional del IFT debido a que lo compromete a un presupuesto que no tiene. El IFT necesitaría 800 millones de pesos para dar origen al Panaut, cuando su presupuesto es de 1,500 millones de pesos. Además, el padrón pone en riesgo el acceso de las personas a las telecomunicaciones, cuando el objetivo constitucional del IFT es lo contrario: dar mayor y mejor acceso a éstas. Ya veremos si el Ejecutivo o el Congreso entran al litigio. De seguro lo harán. Pero no deja de ser una buena noticia que el absurdo padrón se vaya frenando.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 17 de junio de 2021. Agradecemos a José Yuste su autorización para publicarlo en nuestra página.
