El relleno sanitario más grande de América Latina, el Bordo Poniente, en donde la Ciudad de México había depositado residuos sólidos durante un cuarto de siglo, cerró sus puertas el 19 de diciembre de 2011.
La ciudad se quedó sin un tiradero propio, al cual llevar los 12 mil kilos de basura que genera diariamente (casi 4.5 millones de toneladas al año).
Los camiones recolectores tuvieron que emprender lentos viajes hacia tiraderos ubicados en Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Xonacatlán y Santa María Tianguistengo. Mientras tanto, en la ciudad, los residuos se fueron acumulando en sitios no aptos para su depósito.
Aparecieron, como parte inevitable del paisaje metropolitano, bolsas de basura en camellones, áreas verdes, bajopuentes, baldíos, parques, postes —toda clase de mobiliario urbano. Surgieron plagas de ratas y cucarachas: malos olores penetraron todos los rumbos de la ciudad.
Con el cierre del Bordo Poniente, las actividades de preselección de residuos sólidos se trasladaron muchas veces al espacio público. Dichas actividades crearon áreas siempre sucias y obstruidas. A todo esto —acumulación de residuos, proliferación de olores fétidos — se sumó una cadena de omisiones de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), y de los titulares de las 16 delegaciones capitalinas, que —según la Recomendación 7/2016, emitida el pasado 14 de julio por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF— atentaron contra el derecho a un medio ambiente sano de quienes viven y transitan en la Ciudad de México.
