El obispo de Cuernavaca, en Morelos, Ramón Castro, acusó al Congreso de la entidad de actuar “a espaldas del pueblo, de manera arbitraria, a través de la manipulación de la ley y sin cumplir las reglas establecidas”, a fin de avalar los matrimonios igualitarios.
En un texto que aparece en el semanario Desde la Fe, publicación de la Arquidiócesis Primada de México, el prelado dijo “tener información” respecto a que los congresistas locales votaron por mayoría a favor de los matrimonios igualitarios, ante amenazas de denuncia contra ellos y contra feligreses católicos, por destrozos y actos de violencia presuntamente cometidos en la sede del Congreso de Morelos.
Acusó “irregularidades graves en el proceso”, por ejemplo, que la iniciativa se haya aprobado de madrugada el 29 de junio, así como la supuesta manipulación de las actas de votación de los municipios. Según Casto, 17 de los 33 municipios morelenses votaron “a favor de la familia”, pero algunos congresistas cuyos nombres no especificó, no dieron entrada a las actas de otros dos municipios que votaron en este mismo sentido, argumentando que se presentaron fuera de tiempo y por ello avanzó el dictamen del matrimonio igualitario.
El obispo advirtió que haber avalado ese tipo de uniones tendrá “consecuencias graves en el tema de las adopciones” y provocará “problemas de fondo”, como la implementación de la “ideología de género” en la educación básica.
Señaló que ante la “colonización ideológica” impulsada por organismos internacionales y la negativa de la mayoría de los mexicanos a figuras como el matrimonio entre personas del mismo sexo, las autoridades deberían aplicar un referéndum, a fin de demostrar el grado de rechazo -según dice- a ese tipo de decisiones.
Aseveró que el repudio a tal situación no es una expresión de homofobia, sino de respaldo a la “familia tradicional”.
También en la edición del 10 al 16 de julio del semanario, se publicó una aclaración del obispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla, quien fue denunciado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), por presuntas ofensas hacia la comunidad lésbico-gay.
El prelado aseveró que sus declaraciones en defensa de la familia y del “matrimonio natural”, así como sus señalamientos en cuanto a que la iniciativa del Ejecutivo Federal en esa materia es una imposición, no son ofensas, sino la verdad.
Incluso, aseguró que desde el púlpito, no ha lanzado ofensa alguna contra los homosexuales. “Mi mensaje ha sido que los amo y los quiero acompañar para promover su respeto, su dignidad. A nadie he ofendido”, declaró.
(Con información de La Jornada y El Universal)
