Durante su comparecencia ante el pleno de Morena en la Cámara de Diputados, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó la agenda del gobierno federal en materia de seguridad, en la que destaca la integración de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el marco de la reunión de los legisladores morenistas, en la que también participaron los partidos oficialistas del Trabajo y Verde Ecologista de México, la secretaria advirtió cómo se realizará la integración de la Guardia Nacional: “El presidente ya anunció que su adscripción a la Sedena podría hacerse a través de un decreto o una reforma legal. Pero qué mejor que quede establecido normativamente y se dé certeza jurídica a este cambio”.
Explicó que con ello se pretende “heredar una institución incorruptible, profesional, capacitada y que no esté sujeta a decisiones políticas, conforme a estándares internacionales en la materia”. Y no sólo ello sino que con ello se hará posible una “política de Estado transexenal” y se consolidará el que llamó “proyecto de seguridad más importantes en la historia moderna de México”.
Una iniciativa importante será la de reforma al artículo 390 del Código Penal Federal para facilitar el combate a la extorsión, ya que, dijo Rodríguez, actualmente “sólo cuando se obtiene un lucro o se causa un perjuicio patrimonial se hace efectiva una sanción”.
Asimismo, también se plantearán cambios legales para que el presidente de la República y los gobernadores puedan otorgar preliberaciones a través de un comité, con beneficio para personas con condenas breves o en estado de vulenerabilidad.
También planteó adelantar el refinanciamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), con lo que en 2022 se podrán adelantar los recursos de los próximos dos años para el equipamiento de policías tanto estatales como municipales. Para ello se tienen que reformar los artículos 45 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, comentó Rodríguez.
Además la funcionaria también refirió que también es necesario hacer cambios a los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para poder disponer de miles de millones de pesos que están en cuentas congeladas del crimen organizado y de las que son producto de delitos de “cuellos blanco”, recursos que también serían destinados a los cuerpos de seguridad.
Otra reforma que impulsará el gobierno federal será a la Ley de Migración para castigar el traslado de migrantes. Así, se pretende que se convierta en delito “obtener un beneficio por la transportación de migrantes en el momento o a futuro, y no sólo conseguir un lubro por su transportación”.
También sería cambiada la Ley Federal de Comunicaciones y Transportes por fortalecer las capacidades del Estado en la vigilancia e inspección de caminos y puentes, servicios de autotransporte, transporte privado y servicios auxiliares.
