La Red en Defensa de Derechos Digitales exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que mediante pruebas, demuestre que es erróneo o falso el análisis forense hecho por Citizen Lab que indica que al menos dos periodistas y un activista han sido espiados en este gobierno por medio del software Pegasus y que mientras no lo haga, estará confirmando que el Ejército espía a civiles.
Y exigió que deje de estigmatizar a víctimas de espionaje, como lo hizo este miércoles con Animal Político.
En comunicado de prensa, la organización respondió al documento emitido por Sedena en que niega espiar a civiles y en que afirma que solo realiza labores de inteligencia. La R3D atambién se refirió a los diversos dichos y declaraciones del gobierno federal ante la investigación periodística que revela que durante este gobierno Sedena contrató el spyware Pegasus y que varios celulares fueron infectados con el mismo.
“Se hace notar que la SEDENA no desvirtúa de forma alguna lo publicado en la investigación “Ejército Espía”. De manera destacada, no refuta dos hechos comprobados con diversos documentos cuya autenticidad no ha sido puesta en duda”, dice.
El primer hecho no refutado es la misma existencia del contrato entre Sedena y Comercializadora Antsua, (DN-10 SAIT-1075/P/2019) de abril de 2019 para la prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, como lo revela el Oficio SGE-3335 dirigido al Secretario de la Defensa Nacional.
El segundo hecho no refutado es la infección de los celulares de Raymundo Ramos, de Ricardo Raphael y de un reportero de Animal Político, tal como lo comprobó Citizen Lab, laboratorio de prestigio mundial.
Refiere que en al menos tres momentos la Sedena ha intentado ocultar la existencia del contrato:
“Al responder la solicitud de acceso a la información 0000700340519 realizada por R3D en diciembre de 2019. Al responder al requerimiento realizado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la Solicitud de Información AECF/1095/2021” y “al responder al requerimiento de la Fiscalía General de la República relacionado a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017”.
Recuerda que en el más reciente comunicado de Sedena, la dependencia admitió que adquirió el software para usarlo de 2011 a 2013, pero que esto contradice los hallazgos del “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ejército después de 2013”.
Respecto a los dichos de Sedena, de su titular Cresencio Sandoval y del propio presidente López Obrador en el sentido de que se usó Pegasus para labores de inteligencia, la organización señaló:
“Se manifiesta categóricamente que la Sedena no tenía en 2011 ─ni tiene en la actualidad─ facultades constitucionales ni legales para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas. Ni la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ni el artículo Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional le otorgan dichas facultades. Más aún, el artículo Segundo del Decreto por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública no incluye facultades para la intervención de comunicaciones privadas”.
Así, cualquier intervención de comunicaciones privadas que haya llevado a cabo es ilegal, aún bajo el supuesto que fuera para combatir la delincuencia, pues además de ello, dijo R3D, la Sedena ha dicho que nunca ha pedido autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas.
En consecuencia, realizaron las siguientes exigencias:
“Publicar en su totalidad el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019, incluyendo sus anexos técnicos y cualquier información relacionada a su contratación y a la prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
“Responder si los documentos que demuestran la contratación con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. y el ocultamiento de la misma ante la ASF, la FGR y R3D son falsos o auténticos.
“Clarificar si las “acciones de inteligencia” incluyen la intervención de comunicaciones privadas.
“En su caso, publicar versión pública de cualquier autorización judicial federal otorgada a la SEDENA para la intervención de comunicaciones privadas.
“Solicitar pública y formalmente a la empresa NSO Group y al Ministerio de Defensa de Israel que revelen su lista de clientes en México y las licencias de exportación aprobadas, respectivamente.
“Mostrar evidencia que desvirtúe el análisis forense elaborado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto que ha concluido que los dispositivos de al menos tres periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Establece que en tanto que el gobierno no satisfaga estas exigencias, no podrá afirmar que el caso está aclarado o desvirtuado.
“Por el contrario, con su silencio estarán confirmando que existe un Ejército Espía y un gobierno que lo encubre”.
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