De lo que se trata es de aprobar un paquete de leyes secundarias que dejen en estado agónico al INE, por no decir muerto. La guerra presidencial contra el órgano electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha llegado a su punto máximo y las declaraciones y acciones en contra de estas instituciones ponen a temblar a nuestra democracia. El asunto es muy serio y de consecuencias devastadoras en los próximos procesos electorales de nuestro país.
Y es que el tijeretazo que se plantea dañará gravemente la capacidad operativa del INE en las elecciones. Se tendrían que despedir más de seis mil empleados del servicio profesional de carrera, se eliminarían direcciones, se fusionarían áreas completas, desaparecerían unidades técnicas, disminuirían los órganos distritales (ahora en lugar de 300 serían 260 y no funcionarían de manera continua sino temporalmente) ningún consejero podría ganar más que “la medida de todas cosas” o sea el presidente, se tendrían que liquidar fideicomisos previstos en beneficio de los trabajadores, es más, desaparecería la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Todo esto como un ramillete de medidas austericidas con el objetivo de lograr un ahorro de 3,500 millones de pesos, para alegría de López Obrador (Dos Bocas ya va costando 20,000 millones de dólares).
Pero el plan B, por si fuera poco, impediría a la autoridad electoral quitar candidaturas o sancionar a los partidos políticos por faltas que violen las leyes electorales, se prohibiría también hacer propaganda política que perjudique o “calumnie” a partidos, candidatos o gobiernos emanados de ellos.
Ya es muy delicado todo esto, pero no he terminado con la retahíla de cambios peligrosos para la democracia. Por ejemplo, la capacitación a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla sería mucho más breve, se eliminaría el PREP que nos daba tendencias en las votaciones y los resultados electorales se darían a conocer sea como sea el mismo día de la votación.
Lo que está en juego es mucho. No solo la calidad de nuestros procesos electorales sino por encima de todo el respeto que merece el voto de los ciudadanos.
El presidente tiene evidentemente un problema personal (y es lamentable que interfiera en las decisiones de su gobierno) con el INE y especialmente con dos de sus consejeros: Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Su resentimiento y sed de venganza proviene de su imaginario y frustrado triunfo en el proceso electoral de 2006. Esta actitud inmadura, revanchista y berrinchuda ofende a todos los ciudadanos que durante muchos años luchamos por procesos electorales limpios y transparentes y no a modo del partido en el poder.
La SCJN tendrá al final del camino la decisión final sobre si estos atropellos proceden o no. Espero que a pesar del mal momento que atraviesa el máximo órgano de justicia de nuestro país termine triunfando el apego a la ley que es lo único que debe normar los dictámenes y juicios de las y los ministros y de todas y todos los mexicanos.
Señor presidente, ¡ya chole de trapear con la Constitución!
@TereValeMX
