El evento masivo convocado por el inquilino de Palacio Nacional tuvo poca relación con el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera. Ese acontecimiento histórico se tomó como pretexto y la expropiación que en realidad se festejó ahí fue la de la bandera nacional, que fue arrebatada a todas y todos aquellos mexicanos que, por distintos motivos, no respaldan el proyecto de López Obrador. Semanas atrás, cuando concurrieron en grandes movilizaciones de protesta cientos de miles de personas, la bandera fue escamoteada de las astas del Zócalo y el Palacio Nacional. En cambio, sí fue izada en ambas posiciones para el evento de autoelogio presidencial, como si la bandera nacional fuera propiedad del actual gobierno y de su partido.
A las personas que participaron en las manifestaciones en defensa del INE y de los derechos de las mujeres los días 26 de febrero y 8 de marzo, respectivamente, se les negó el despliegue del lábaro. Las astas quedaron desnudas por decisión gubernamental. El gobierno federal incurrió así en una conducta infractora de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional que, en su artículo 1, define a la bandera tricolor como uno de los Símbolos Patrios de todos los mexicanos. Los artículos 15 y 16 de la misma norma legal ordenan que la bandera deberá izarse diariamente en los edificios y plazas públicas, lo que implica que tal izamiento debe verificarse todos los días tanto en la asta del frontispicio del Palacio Nacional, como en la monumental que se encuentra ubicada en medio del Zócalo de la Ciudad de México. Se debe adjudicar la decisión de no izar la bandera directamente al presidente López Obrador y, en todo caso a su corte, es decir, a su círculo íntimo de colaboradores. Entre éstos, se pueden contar a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas; a Carlos Torres, el secretario técnico del gabinete y jefe máximo de los servidores de la nación; así como a los mandos del Primer Grupo de Servicios Especiales de las Fuerzas Armadas (destacamento militar que hace las tareas que antes asumía el Estado Mayor Presidencial más algunas de carácter doméstico, según documentos oficiales revelados por Guacamaya Leaks). Junto a lo anterior, existen versiones según las cuales el no izamiento fue ordenado por la señora Beatriz Gutiérrez, esposa del Presidente,
Si en aquellas ocasiones las banderas se quedaron guardadas, para el evento convocado por AMLO ondearon como debería suceder todos los días del año. En el marco del inocultable acarreo masivo de burócratas y beneficiarios de los programas sociales (muchos de los cuales se retiraron a mitad del discurso presidencial, una vez que pasaron lista y/o cobraron el apoyo ofrecido), el evento en realidad no conmemoró ninguna gesta histórica, pues se dedicó enteramente al regodeo de quien encabeza la 4T, quien en la práctica era el homenajeado. En su discurso, López Obrador insultó prolijamente a la oposición (como es su costumbre), hizo proselitismo en favor de su partido, instruyó a las corcholatas (que él mismo designó) para que continúen sus ilegales campañas anticipadas y hasta aprovechó para ordenar a su elegida las tareas que deberá cumplir durante el próximo sexenio.
La manipulación de la bandera nacional no pasó desapercibida. Diversos actores de la oposición y ciudadanos independientes reclamaron su ausencia en las manifestaciones de protesta. Pero la celebraron algunos partidarios y dirigentes de Morena y/o del gobierno federal. Es el caso de Candelaria Ochoa, una oscura ex funcionaria federal que pasó de noche por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, ex diputada federal y actual regidora de Morena en Guadalajara, quien con faltas elementales a la sintaxis y la gramática, escribió en su cuenta de Twitter: “La bandera es nuestra! (viñetas) Tengan para que aprendan! (más viñetas)”.
El patrimonialismo es una de las herencias malditas de la cultura autoritaria que ha padecido México, junto con El Tapado, El Dedazo, los diezmos, el acarreo y otras malas costumbres. El ex ministro José Ramón Cossío lo definió recientemente como una forma en que los gobernantes autoritarios ejercen el poder, partiendo de la idea de que es suya la propiedad de los bienes, servicios y personas que están a su disposición en virtud del cargo que ocupan. A esto agrego que son gobernantes que no se consideran a sí mismos servidores públicos, sino encarnación del pueblo y de la nación. Es por ello que manejan el presupuesto público como si fuera su dinero y hacen manipulaciones con la bandera nacional para sus fines politiqueros.
Cincelada: En el segundo round, la democracia le ganó al “plan b” de AMLO. Calculo que el tercero será la inconstitucionalidad de la mañosa definición de propaganda gubernamental que trae ese bodrio.
