Apenas unas horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara un decreto suyo para considerar de seguridad nacional varias obras públicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó uno similar para el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y varios aeropuertos. El INAI ya estudia impugnarlo.
En su sesión de este jueves de su Pleno, por ocho votos contra tres la SCJN determinó que un decreto presidencial de noviembre de 2021 que clasificaba a varias de las obras prioritarias del actual gobierno como de seguridad nacional es inválido debido a que viola el derecho a la información. Ese decreto había sido impugnado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que este día celebró la determinación.
Como una pronta respuesta a la resolución del Poder Judicial, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el presidente publicó un nuevo decretazo en el que son consideradas como de seguridad nacional y de interés público las siguientes obras: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, además de los aeropuertos de Palenque, Chiapas, y los de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.
En su transitorio se establece que el decreto entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que prácticamente ya lo está.
Ante el nuevo decretazo de López Obrador, el INAI anunció que ya se encuentra analizando mecanismos para defender la transparencia y el derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del gobierno federal.
La comisionada Josefina Román Vergara comentó que revisarán la resolución de la SCJN y también el nuevo decreto de López Obrador ya que hay similitudes con el que fue publicado en noviembre de 2021, que puede ser la afectación al derecho a la información.
El problema para que el INAI pueda impugnar el decreto de este día es que no ha podido completar el quórum necesario para integrar su Pleno, debido a que el Senado de la República no ha designado al menos a uno de sus comisionados, bloqueo en el que ha insistido el gobierno de López Obrador.
