Propaganda gubernamental prohibida durante las campañas, proselitismo en favor de Claudia Sheinbaum y las otras candidaturas de Morena, utilización indebida de los programas sociales, desvío de recursos públicos hacia finalidades electorales. ataques contra la oposición y violencia política de género para denostar a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, son algunas de las conductas plenamente comprobadas en sentencias que el Tribunal electoral federal está ratificando en las semanas recientes. Puesto que éstas resoluciones se adoptaron después de las elecciones, cabe la crítica por la demora. Pero se debe decir también que su adopción es oportuna si se toma en cuenta que la calificación de la elección presidencial aún está en trámite.
Lo que ya se ha resuelto es indicativo de que López Obrador incurrió reiteradamente en las conductas señaladas. lo que impactó en forma contundente y decisiva los resultados. Dichas sentencias, más las que se acumulen en las próximas semanas, se constituirán en un precedente ineludible que la Sala Superior del TEPJF deberá tomar en cuenta al momento de dictaminar la calificación y validez de la elección presidencial.
Las sentencias que la Sala Regional Especializada aprobó en sus sesiones del 4, 11 y 18 de julio, dan cuenta de que las infracciones presidenciales violaron la Constitución al contravenir la obligación de imparcialidad y por atentar contra los principios de equidad, legalidad y certeza del proceso electoral 2024. Por ejemplo, en el ESP-PSC-249/2023, los magistrados concluyeron que en 36 mañaneras realizadas entre junio y octubre de 2023 “se emitieron manifestaciones proselitistas dirigidas a jóvenes y ciudadanía en general para que en la elección federal 2023-2024 apoyaran al proyecto de nación que representa el movimiento de la transformación”. En el expediente ESP-PSC-283/2024 quedó establecida la “existencia del uso indebido de recursos públicos, ya que del servicio público utilizó recursos humanos, financieros y materiales a su disposición para la organización, celebración y transmisión de las conferencias denunciadas (del 10 y 11 de mayo de 2024) y usaron sus redes sociales para difundir las expresiones del Presidente de México” en las que llamó a votar para que su movimiento tuviera mayoría calificada en las cámaras (el llamado “plan c”). Además, se decretó como existente “la promoción personalizada del Presidente de México” y “la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido” atribuida a éste.
En otras sentencias, la ESP-PSC-311/2024 y la 318, quedó probada la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, pues la conferencia matutina del 9 de abril y en cuentas oficiales que el gobierno federal tiene en X (antes Twitter) “se hizo alusión a la jornada electoral y se dio a conocer el porcentaje de aceptación que tiene el Presidente de la República, lo cual, se considera que tuvo el propósito de influir en la ciudadanía, de ahí que, también se actualice un uso indebido de recursos públicos”.
Vale decir que contra las sentencias aludidas se han presentado o se presentarán impugnaciones de López Obrador y de sus subordinados que resultaron implicados (el vocero de la Presidencia, los encargados de la producción y transmisión de las deposiciones mañaneras, integrantes del gabinete presidencial, entre otros). Invariablemente, estas impugnaciones arguyen que la “libertad de expresión” del inquilino de Palacio Nacional le permite violar la Constitución y, curiosamente, aducen como precedente judicial una sentencia en favor de Felipe Calderón.
Contra tal razonamiento ya hay sentencias de la Sala Superior que confirmaron resoluciones de la Sala Especializada, como las adoptadas este 17 de julio para casos muy similares a los aquí comentados. En ellas, en forma definitiva, se ratificó el criterio de que ningún servidor público puede violar la Constitución y luego amparar su proselitismo ilegal con la “libertad de expresión”.
Cincelada: La ciudadanía otorgó mayoría a Morena y sus rémoras, pero no mayoría calificada. Las maniobras que el gobierno hace para alcanzarla no son más que fraude electoral de tercer piso.
