La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cataloga a México entre los países en los que hay restricciones para el trabajo de los periodistas, y lo coloca en el lugar 13 entre 22 países en materia de libertad de expresión, con un panorama preocupante para la libertad de prensa y con una “atmósfera de alto riesgo” por la violencia delincuencial y la impunidad generalizada.
En el marco de su Asamblea General Anual, la SIP dio a conocer su Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, en el que colocó a México en el lugar 13 del continente, con una puntuación de 43.5 sobre un máximo de 100, en la categoría de “restricción” para la realización de actividades periodísticas independientes, ya cerca de lo que denomina “alta restricción”. Apenas está sobre Colombia en ese nivel, sobre cinco más en el nivel inmediato inferior y tres más (Cuba, Venezuela y Nicaragua) que están en la categoría “sin libertad de expresión”.
Del papel del presidente en la situación de la prensa, la SIP anota que López Obrador redobló sus ataques contra la prensa independiente, minimizó las agresiones contra periodistas, descalificó los señalamientos al respecto de organismos internacionales y “mantuvo hasta el cierre de su gestión la divulgación de datos privados de periodistas en su foro público matutino como una táctica para intimidar a la prensa independiente y mostrar su autoritarismo, según críticos y analistas”.
Otra anotación grave sobre la Presidencia de López Obrador es la referente a la desinformación: “Al final del sexenio se registró desde el Poder Ejecutivo un aumento en la difusión de información falsa o no sustentada con datos verificables. La mala práctica en este tipo de acciones ha generado un profundo efecto negativo en la dimensión del derecho a la libertad de expresión, pues pone en riesgo e impacta el derecho de las personas a estar informadas y a ejercer otros derechos”.
Sobre el entorno legislativo, el informe refiere la reforma judicial y las iniciativas para desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, todo lo que considera como “una amenaza a los controles y contrapesos democráticos y ponen en riesgo la transparencia en la información del Gobierno, la capacidad de fiscalización a la autoridad, la protección efectiva de los derechos humanos en México y la libertad de expresión”.
El documento resalta el acoso judicial individualizado contra los periodistas con el objetivo de censurar y e inhibir su trabajo. Esto ya no sólo lo hacen instancias oficiales, sino también empresas privadas que denuncian a reporteros por supuesto daño moral. Eso provoca en los comunicadores desde impacto psicológico hasta profundos efectos económicos por la necesidad de contratar representantes legales para defenderse.
Un aspecto preocupante más en el informe es el del control de medios, sobre el que en el documento se anota que durante el gobierno del macuspano la asignación de la publicidad gubernamental a los medios se convirtió en un mecanismo de censura indirecta, ya que con ello se premia o castiga a los periodistas y a los medios.
“La publicidad durante el sexenio que termina funcionó bajo el criterio de preferencias ideológicas —por parte del partido dominante Morena y del Poder Ejecutivo, ambos de tendencia de izquierda— para favorecer a aquellos medios y periodistas que simpatizan con dicha corriente política e ideológica”, anota la SIP.
Acerca del papel de la violencia y la delincuencia en la materia, la SIP anota tajante: “La paz nacional y la libertad de expresión se han complicado debido a la abierta lucha entre facciones de grandes grupos del crimen organizado por todo el país, situación que en este periodo se manifestó de manera más extrema y permanente por la declaración de ‘guerras internas’ regionales entre los diferentes cárteles. Ello a pesar de la presencia de fuerzas armadas para mitigar los conflictos y controlar las zonas afectadas, particularmente en el occidente, centro y sur de México. Continúa siendo evidente la falta de acciones concretas y conjuntas entre los diferentes espacios de autoridad para contener la expansión de los grupos y evitar las crecientes pugnas, lo que provoca una atmósfera de alto riesgo para el libre ejercicio del periodismo, y de pocas garantías para el respeto a los derechos humanos”.
Después de su revisión del último año, la SIP concluye que en México hay “un panorama preocupante para la libertad de prensa”, ya que, pese a una disminución en el número de periodistas asesinados, “la violencia y el acoso judicial persisten con una tasa alarmante de agresiones y se mantiene al mismo tiempo una impunidad generalizada”.
En lo que califica como “entorno restrictivo y peligroso” para la prensa, la SIP destaca la falta de acciones del gobierno para proteger a los periodistas, por lo que se pronuncia por la implementación de mecanismos de protección más efectivos para los periodistas y que se enfatice en combatir la impunidad en los casos de los crímenes contra ellos.
La SIP también se refiere a la propuesta del gobierno mexicano de desaparecer los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que considera como “un retraso fundamental en derechos y libertades individuales en México”.
